Las administraciones públicas deben ser las principales garantes de la creación, mantenimiento y protección del empleo de calidad, el cual es un derecho constitucional.

Actualmente, las administraciones públicas están agrediendo al sector de la Seguridad Privada, un sector de máxima importancia y que incidide directamente en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, el cual también es un derecho de todos los ciudadanos y que, lamentablemente, se ha convertido en una prioridad debido a la situación de alerta por terrorismo, en la que nos encontramos.

La gravedad de de ésta situación se ve aumentada cuando las administraciones públicas adjudican servicios de seguridad a empresas que vulneran los derechos de los trabajadores, los cuales ven reducidas sus nóminas de forma automática, son despedidos para no tener que afrontar su antigüedad y ven cómo sus derechos laborales y sociales se ven reducidos a la mitad, de un plumazo, en connivencia con las propias administraciones públicas, las cuales no deberían permitir semejante atropello a los derechos y a la dignidad de los profesionales de la Seguridad Privada, presentes en todos los ámbitos, muchos de ellos críticos, los cuales tienen que seguir anteponiendo su integridad física en beneficio de la seguridad ciudadana.

Ayúdanos a acabar con ésta situación originada por las administraciones públicas, las cuales están destruyendo empleo, derechos laborales y sociales, y contribuyendo a una mayor inseguridad de la ciudadanía, al contratar a empresas piratas, que no cumplen con los Convenio nacionales, ni con la ley.

NO A LAS EMPRESAS PIRATAS, NO A LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO, NO A LA FALTA DE SEGURIDAD.