NO A LA "PRIORIDAD NACIONAL". LA PRIORIDAD SON LOS DERECHOS
El problema
En Castellano:
Condenamos y rechazamos el principio de “Prioridad Nacional” introducido en la legislación valenciana mediante la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.
El principio de “Prioridad Nacional” supone una deriva política altamente preocupante, ya que vulnera los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes, introduciendo criterios discriminatorios y socavando el principio de igualdad de trato en las leyes valencianas al vincular el acceso a la vivienda y a otros servicios o recursos públicos con la nacionalidad, el origen, la situación administrativa o con su supuesto “arraigo”, supeditado a su “voluntad efectiva de integración”, “relación efectiva y afectiva al territorio”, “vinculación y permanencia” mediante el empadronamiento, “trayectoria de cotización” o “contribución al sostenimiento del sistema”.
La gravedad de estos cambios normativos reside en que la “Prioridad Nacional” no constituye una medida aislada, sino un cambio de enfoque en las políticas públicas que cuestiona el principio fundamental de igualdad de trato y no discriminación. Al establecer preferencias en función de la nacionalidad y otros criterios excluyentes, se abre la puerta a la restricción de derechos y al trato desigual entre vecinas y vecinos que viven en la Comunitat Valenciana.
Estas medidas son incompatibles con el marco normativo internacional, europeo y estatal de protección de los derechos humanos, al vulnerar los principios de igualdad de trato y no discriminación que deben orientar la actuación de los poderes públicos.
Desgraciadamente, la adopción del principio de “Prioridad Nacional”, con toda la gravedad que comporta, debe enmarcarse en una tendencia de largo recorrido de endurecimiento de las normas, los procedimientos administrativos y las políticas públicas dirigidas a las personas migrantes. El racismo institucional se ha ido intensificando en los últimos años y se manifiesta en ámbitos diversos: desde las políticas de asilo y control fronterizo hasta la persistencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), pasando por el aumento de obstáculos y barreras para acceder al empadronamiento, puerta de entrada a derechos fundamentales como la sanidad, la educación y otros servicios públicos.
Por todo ello, condenamos el principio de “Prioridad Nacional” adoptado por PP y Vox en el Gobierno valenciano y exigimos al Consell de la Generalitat Valenciana y a Les Corts Valencianes, en el ámbito de sus respectivas competencias, la derogación inmediata de todas las disposiciones que lo establecen.
Ni la administración pública ni los partidos políticos pueden incitar al racismo y al odio hacia las personas migrantes, refugiadas y racializadas, sino que deberían adoptar políticas públicas inclusivas que pongan en el centro a las personas, independientemente de su nacionalidad, su origen o tiempo de residencia en el Estado español.
Perseguir y criminalizar a las personas migrantes y refugiadas, tratándolas como ilegales o fraudulentas, constituye un agravamiento de los discursos y delitos de odio.
Ninguna persona debería ver limitado su acceso a derechos fundamentales por el lugar donde nació.
Firma y ayúdanos a defender una Comunitat Valenciana más justa e inclusiva.
Esta iniciativa parte de una campaña impulsada por València pels Drets de les Persones Immigrades, un espacio formado por más de 40 colectivos de personas migradas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en València.
----------------------------
Valencià
NO A LA "PRIORITAT NACIONAL". LA PRIORITAT SÓN ELS DRETS
Condemnem i rebutgem el principi de «Prioritat Nacional» inclòs en la legislació valenciana, particularment en la «Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2026».
El principi de «Prioritat Nacional» suposa una deriva política altament preocupant, ja que vulnera els Drets Humans i els drets de les persones migrants, introduint criteris discriminatoris i erosionant el principi d’igualtat de tracte en les lleis valencianes, en vincular l’accés a l’habitatge i a altres serveis o recursos públics a la nacionalitat, l’origen, la situació administrativa o al seu suposat «arrelament», supeditat a la seua «voluntat efectiva d’integració», la seua «relació efectiva i afectiva amb el territori», la seua «vinculació i permanència» —a través de l’empadronament—, la seua «trajectòria de cotització» o la seua «contribució al sosteniment del sistema».
La gravetat d’aquests canvis normatius rau en el fet que la «Prioritat Nacional» no constitueix una mesura aïllada, sinó un canvi d’enfocament en les polítiques públiques que qüestiona el principi fonamental d’igualtat de tracte i no-discriminació. En establir preferències en funció de la nacionalitat i d’altres criteris excloents, s’obri la porta a la restricció de drets i al tracte desigual entre les veïnes i els veïns que viuen a la Comunitat Valenciana.
Aquestes mesures són incompatibles amb el marc normatiu internacional, europeu i estatal de protecció dels drets humans, ja que vulneren els principis d’igualtat de tracte i no-discriminació que han d’orientar l’actuació dels poders públics.
Malauradament, l’adopció del principi de «Prioritat Nacional», amb tota la gravetat que comporta, s’ha d’emmarcar en una tendència de llarg recorregut d’enduriment de les normes, els procediments administratius i les polítiques públiques dirigides a les persones migrants. El racisme institucional s’ha anat intensificant durant els darrers anys i es manifesta en àmbits diversos: des de les polítiques d’asil i control fronterer fins a la persistència dels centres d’internament d’estrangers (CIE), passant per l’augment d’obstacles i barreres per accedir a l’empadronament, porta d’entrada a drets fonamentals com la sanitat, l’educació i altres serveis públics.
Per tot això, condemnem el principi de «Prioritat Nacional» adoptat pel PP i VOX en el Govern valencià i exigim la derogació de les lleis i normes que es fonamenten en aquest principi. Fem una crida a la responsabilitat política i al compliment del principi d’igualtat de tracte. Ni l’Administració pública ni els partits polítics poden incitar al racisme i a l’odi contra les persones migrants, refugiades i racialitzades, sinó que haurien d’adoptar polítiques públiques inclusives que posen les persones en el centre, independentment de la seua nacionalitat, origen o temps de residència a l’Estat espanyol.
Perseguir i criminalitzar les persones migrants i refugiades, tractant-les d’il·legals o fraudulentes, contribueix a agreujar els discursos i els delictes d’odi.
Cap persona hauria de veure limitat el seu accés als drets fonamentals pel lloc on va nàixer.
Signa i ajuda’ns a defensar una Comunitat Valenciana més justa i inclusiva.
Aquesta iniciativa parteix de la campanya impulsada per «VALÈNCIA PELS DRETS DE LES PERSONES IMMIGRADES», un espai format per més de 40 col·lectius de persones migrades i organitzacions socials defensores dels drets humans a València.
456
El problema
En Castellano:
Condenamos y rechazamos el principio de “Prioridad Nacional” introducido en la legislación valenciana mediante la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.
El principio de “Prioridad Nacional” supone una deriva política altamente preocupante, ya que vulnera los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes, introduciendo criterios discriminatorios y socavando el principio de igualdad de trato en las leyes valencianas al vincular el acceso a la vivienda y a otros servicios o recursos públicos con la nacionalidad, el origen, la situación administrativa o con su supuesto “arraigo”, supeditado a su “voluntad efectiva de integración”, “relación efectiva y afectiva al territorio”, “vinculación y permanencia” mediante el empadronamiento, “trayectoria de cotización” o “contribución al sostenimiento del sistema”.
La gravedad de estos cambios normativos reside en que la “Prioridad Nacional” no constituye una medida aislada, sino un cambio de enfoque en las políticas públicas que cuestiona el principio fundamental de igualdad de trato y no discriminación. Al establecer preferencias en función de la nacionalidad y otros criterios excluyentes, se abre la puerta a la restricción de derechos y al trato desigual entre vecinas y vecinos que viven en la Comunitat Valenciana.
Estas medidas son incompatibles con el marco normativo internacional, europeo y estatal de protección de los derechos humanos, al vulnerar los principios de igualdad de trato y no discriminación que deben orientar la actuación de los poderes públicos.
Desgraciadamente, la adopción del principio de “Prioridad Nacional”, con toda la gravedad que comporta, debe enmarcarse en una tendencia de largo recorrido de endurecimiento de las normas, los procedimientos administrativos y las políticas públicas dirigidas a las personas migrantes. El racismo institucional se ha ido intensificando en los últimos años y se manifiesta en ámbitos diversos: desde las políticas de asilo y control fronterizo hasta la persistencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), pasando por el aumento de obstáculos y barreras para acceder al empadronamiento, puerta de entrada a derechos fundamentales como la sanidad, la educación y otros servicios públicos.
Por todo ello, condenamos el principio de “Prioridad Nacional” adoptado por PP y Vox en el Gobierno valenciano y exigimos al Consell de la Generalitat Valenciana y a Les Corts Valencianes, en el ámbito de sus respectivas competencias, la derogación inmediata de todas las disposiciones que lo establecen.
Ni la administración pública ni los partidos políticos pueden incitar al racismo y al odio hacia las personas migrantes, refugiadas y racializadas, sino que deberían adoptar políticas públicas inclusivas que pongan en el centro a las personas, independientemente de su nacionalidad, su origen o tiempo de residencia en el Estado español.
Perseguir y criminalizar a las personas migrantes y refugiadas, tratándolas como ilegales o fraudulentas, constituye un agravamiento de los discursos y delitos de odio.
Ninguna persona debería ver limitado su acceso a derechos fundamentales por el lugar donde nació.
Firma y ayúdanos a defender una Comunitat Valenciana más justa e inclusiva.
Esta iniciativa parte de una campaña impulsada por València pels Drets de les Persones Immigrades, un espacio formado por más de 40 colectivos de personas migradas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en València.
----------------------------
Valencià
NO A LA "PRIORITAT NACIONAL". LA PRIORITAT SÓN ELS DRETS
Condemnem i rebutgem el principi de «Prioritat Nacional» inclòs en la legislació valenciana, particularment en la «Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de 2026».
El principi de «Prioritat Nacional» suposa una deriva política altament preocupant, ja que vulnera els Drets Humans i els drets de les persones migrants, introduint criteris discriminatoris i erosionant el principi d’igualtat de tracte en les lleis valencianes, en vincular l’accés a l’habitatge i a altres serveis o recursos públics a la nacionalitat, l’origen, la situació administrativa o al seu suposat «arrelament», supeditat a la seua «voluntat efectiva d’integració», la seua «relació efectiva i afectiva amb el territori», la seua «vinculació i permanència» —a través de l’empadronament—, la seua «trajectòria de cotització» o la seua «contribució al sosteniment del sistema».
La gravetat d’aquests canvis normatius rau en el fet que la «Prioritat Nacional» no constitueix una mesura aïllada, sinó un canvi d’enfocament en les polítiques públiques que qüestiona el principi fonamental d’igualtat de tracte i no-discriminació. En establir preferències en funció de la nacionalitat i d’altres criteris excloents, s’obri la porta a la restricció de drets i al tracte desigual entre les veïnes i els veïns que viuen a la Comunitat Valenciana.
Aquestes mesures són incompatibles amb el marc normatiu internacional, europeu i estatal de protecció dels drets humans, ja que vulneren els principis d’igualtat de tracte i no-discriminació que han d’orientar l’actuació dels poders públics.
Malauradament, l’adopció del principi de «Prioritat Nacional», amb tota la gravetat que comporta, s’ha d’emmarcar en una tendència de llarg recorregut d’enduriment de les normes, els procediments administratius i les polítiques públiques dirigides a les persones migrants. El racisme institucional s’ha anat intensificant durant els darrers anys i es manifesta en àmbits diversos: des de les polítiques d’asil i control fronterer fins a la persistència dels centres d’internament d’estrangers (CIE), passant per l’augment d’obstacles i barreres per accedir a l’empadronament, porta d’entrada a drets fonamentals com la sanitat, l’educació i altres serveis públics.
Per tot això, condemnem el principi de «Prioritat Nacional» adoptat pel PP i VOX en el Govern valencià i exigim la derogació de les lleis i normes que es fonamenten en aquest principi. Fem una crida a la responsabilitat política i al compliment del principi d’igualtat de tracte. Ni l’Administració pública ni els partits polítics poden incitar al racisme i a l’odi contra les persones migrants, refugiades i racialitzades, sinó que haurien d’adoptar polítiques públiques inclusives que posen les persones en el centre, independentment de la seua nacionalitat, origen o temps de residència a l’Estat espanyol.
Perseguir i criminalitzar les persones migrants i refugiades, tractant-les d’il·legals o fraudulentes, contribueix a agreujar els discursos i els delictes d’odi.
Cap persona hauria de veure limitat el seu accés als drets fonamentals pel lloc on va nàixer.
Signa i ajuda’ns a defensar una Comunitat Valenciana més justa i inclusiva.
Aquesta iniciativa parteix de la campanya impulsada per «VALÈNCIA PELS DRETS DE LES PERSONES IMMIGRADES», un espai format per més de 40 col·lectius de persones migrades i organitzacions socials defensores dels drets humans a València.
Opiniones de firmantes
Actualizaciones de la petición
Compartir esta petición
Petición creada en 4 de octubre de 2026