La historia ha demostrado repetidamente que la aspersión aérea no es una solución efectiva contra el narcotráfico; en cambio, ha traído devastación a nuestras comunidades y al medio ambiente. Entre 1990 y 2015 se fumigaron más de 1.5 millones de hectáreas en Colombia. En el Putumayo fuimos testigos directos de cómo la aspersión con glifosato no solo destruyó cultivos de subsistencia vitales para las familias campesinas e indígenas y contaminó nuestras preciadas fuentes de agua, sino que dejó inmensas extensiones de selva convertidas en potreros degradados y estériles donde la vegetación nativa de la Amazonía no ha logrado regenerarse a más de una década.

Lejos de erradicar la coca, este método desplazó la deforestación aún más profundamente hacia nuestra selva virgen, parques nacionales y resguardos indígenas, poniendo en riesgo uno de los pulmones más importantes del planeta. Las evidencias son irrefutables: investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia confirman un aumento significativo en la contaminación de fuentes hídricas debido a estas aspersiones, afectando la salud de miles de personas, especialmente niños y ancianos.

Hoy, enfrentamos la amenaza de repetir estos errores catastróficos con un herbicida más peligroso: el glufosinato de amonio. El Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Estupefacientes han evaluado un plan piloto sobre 1.000 hectáreas en Putumayo con este producto. La Unión Europea prohibió su uso en agricultura comercial tras determinar que no cumple con los estándares mínimos de seguridad, clasificándolo como un disruptor endocrino con riesgo inaceptable de toxicidad reproductiva en seres humanos, potencial daño neurológico, impacto severo en la fauna acuática y polinizadores, y contaminación de aguas subterráneas.

Recientemente, un juez del Putumayo ordenó la suspensión provisional de este plan piloto por incumplimientos en el Principio de Precaución (Sentencia T-236 de 2017), la falta de estudios científicos sobre el impacto en fuentes hídricas y la omisión del derecho a la consulta previa con las comunidades locales. Aunque esta decisión frena momentáneamente la medida, la amenaza sigue latente si la ciudadanía no demuestra un rechazo firme.

Necesitamos un cambio definitivo de estrategia. Exigimos a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente, a la ANLA y al Consejo Nacional de Estupefacientes:

1. La suspensión definitiva de cualquier plan, protocolo o prueba piloto para reanudar la aspersión aérea con glufosinato de amonio u otros agroquímicos sobre el territorio.
2. El cumplimiento del Principio de Precaución y la garantía del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con las comunidades étnicas y campesinas.
3. Priorizar enfoques alternativos y sostenibles: Destinar el presupuesto público a la erradicación manual concertada, la sustitución voluntaria de cultivos y el apoyo económico para proyectos productivos rurales que combatan las causas sociales del narcotráfico sin destruir la Amazonía.

Te invitamos a firmar esta petición para exigir soluciones humanas, legales y ecológicas. Necesitamos alcanzar las 1.000 firmas para elevar esta demanda de forma oficial ante las entidades de control e instituciones del Estado.
 
¡Firma ahora y ayuda a proteger la Amazonía y a sus comunidades! Tu voz hace la diferencia.