Desde 1987, fecha en que fue constituida esta asociación, hemos venido actuando en diferentes ámbitos en defensa de los intereses de las huertas en general, y en particular de las de Zaragoceta y Miraflores, en el término municipal de Caspe (Zaragoza). 

Su ámbito de actuación comprende las antiguas tierras de regadío desde la acequia de Civan hasta el cauce del río Guadalope. Antaño muy pobladas, se conservan de forma diseminada las antiguas “Torres”, viviendas rurales que atestiguan su rico pasado.

Es función de esta Asociación velar por la conservación del paisaje de estas huertas, así como proteger los intereses de sus vecinos.

Queremos mostrarles las irregularidades en el proceso de solicitud de la cantera de bloques de arenisca denominada “Val del Puente”, promovida por D. Adelina Cristóbal Baches.

Para frenar la instalación de la cantera que puede suponer un impedimento a la vida en el medio rural para nuestras huertas y en particular para los vecinos colindantes que tienen allí sus viviendas, explotaciones agropecuarias y de turismo rural.

 INDEFENSIÓN DE LOS VECINOS y POSIBLES ILEGALIDADES

• Los vecinos colindantes no fueron informados del proyecto hasta el 10 de septiembre de 2015 cuando ya estaba publicada de forma inapelable la resolución de Impacto Ambiental por parte del INAGA (BOA 141 de 23.7.2015).
• En el Estudio de Impacto Ambiental no se hace referencia a los vecinos que allí habitan:

              -En la parte de descripción de medio socioeconómico no aparecen reflejadas ni valorados las viviendas habituales colindantes, sus negocios y la afectación que puede conllevar en las explotaciones agrarias y de turismo rural, que se verían gravemente afectadas.

              -Se reconoce que la actividad minera originará incremento de niveles de ruido, polvo, vibraciones y posibles derrumbes, sin proponer ninguna medida preventiva y/o correctora para que esto no afecte a la población y negocios colindantes.

• El 12 de diciembre de 2014 (BOA 243) se ABRIÓ el trámite de información y participación pública a la solicitud de la empresa, en el que se explicita : - Consulta a interesados y a las administraciones públicas afectadas siguientes: Ayuntamiento de Caspe, Comarca Bajo Aragón-Caspe, Confederación Hidrográfica del Ebro, etc.

              A pesar de que se dice explícitamente “consulta a interesados” en esa fecha los vecinos no son informados no pudiéndose presentar alegaciones.

• En el informe emitido por parte del Ayuntamiento de Caspe no aparecen referenciadas las viviendas que existen a pocos metros de la futura explotación. En este se especifica que el emplazamiento de la explotación minera está clasificado como suelo no urbanizable genérico (SNUG) y que son compatibles. Pero el nuevo PGOU aprobado provisionalmente en junio de 2014 (pendiente de aprobación definitiva) clasifica la parcela de emplazamiento como SNUE de protección del ecosistema natural en la categoría de “matorral / suelo estepario”, en la cual están prohibidas expresamente las actividades extractivas (art. 87.3 de las Normas Urbanísticas).

               Entendemos que con la aprobación del nuevo PGU el Ayuntamiento y tal como dice la Ley de Urbanismo de Aragón de 2014 el Ayuntamiento tiene capacidad jurídica para revocar o, en el  caso de estar en trámite,  derogar la licencia de la actividad en beneficio de sus vecinos. 

• En la resolución de Minas de  2 de Marzo de 2016, se especifica que las labores mineras no podrán desarrollarse a menos de 40 metros de cualquier edificación estando situadas las más próximas a 5 metros.
• No existe ningún informe técnico que garantice la no afectación del Canal de Civan que transcurre por debajo del monte donde se encuentra la parcela minera  y que abastece de agua al pueblo de Caspe y muchas hectáreas de regadío. 

En todo momento se nos  argumenta desde INAGA que estamos fuera de plazo para alegar sus resoluciones favorables de la actividad, dejando que el rodillo administrativo nos pase por encima aun las irregularidades ya explicadas.

Por parte del Ayuntamiento de Caspe se nos dice que no tiene competencias y que se verán obligados a conceder la licencia de Actividad, ya que sino estarán prevaricando y la ley los obliga.

La Asociación de vecinos nos preguntamos: ¿No será prevaricar en contra de sus vecinos si el Ayuntamiento de Caspe no gestiona políticamente la situación?

Por todo lo expuesto consideramos que su firma nos ayudará a detener este proyecto minero sin sentido.