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En su próxima sesión, el BCIE discutirá su participación en el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Agua Zarca, al que se le vincula con el asesinato de la lideresa ecologista Berta Cáceres.  Es imperativo que el BCIE desista de financiar o apoyar de cualquier manera este proyecto, y se sume a la exigencia de una investigación exhaustiva e inmediata tanto del asesinato de Berta Cáceres como de los que se incluyen en esta solicitud.

 El BCIE ha desembolsado 5 de los 24.4 millones de dólares que tiene previsto invertir en el PH Agua Zarca.  Luego del asesinato de Berta Cáceres quien lideraba la oposición a dicho proyecto, tanto el Banco Finlandés (Finnfund), principal financista, como el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), decidieron, con efecto inmediato, congelar temporalmente su financiamiento de todas sus actividades en Honduras hasta cerciorarse de que sus estándares sociales y ambientales se estén cumpliendo.  También es posible que una delegación integrada por funcionarios del FMO y Finnfund llegue a Honduras con el objetivo de sostener un diálogo serio con integrantes del COPINH.  Una acción parecida tomó Costa Rica, donde el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, anunció que no participará en el PH Agua Zarca, según lo solicitado por la Federación Ecologista, FECON, diputadas y diputados y organizaciones sociales.

 ¿Por qué la oposición de Berta Cáceres? COPHIN, la organización que representó Cáceres, y otras organizaciones ambientalistas de Honduras y Mesoamérica desde hace años pidieron retirar el financiamiento internacional para el PH Agua Zarca, por violar el Convenio 169 de la OIT que estable la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas.  También por el irrespecto de los derechos históricos y colectivos del pueblo indígena lenca, y  por la violación al hábitat funcional y patrimonio natural, cultural y económico que representa el Río Gualcarque para dicha comunidad. 

 El PH Agua Zarca requiere de una ardua revisión de los estándares y requisitos que establecen los bancos internacionales para financiamientos de esta envergadura.  Se requiere revisar cada uno de los contratos y acuerdos con cualquier empresa hondureña  o internacional que intervenga en la ejecución de este proyecto.  Continuar financiando el PH Agua Zarca contraviene cualquier estándar social mínimo que un banco como el BCIE debería tener.  Esto se confirma con la ausencia de una aprobación formal del PH por parte de las comunidades de la zona.

 Seguir con el proyecto sería una violación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) para Empresas Multinacionales que contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, empleo y relaciones laborales, ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores e impuestos, entre otros aspectos.

 Si no se retira del PH Agua Zarca, el BCIE quedaría como único ente financiador de esta obra que se vincula no sólo con la muerte de Cáceres, si no también con los asesinatos de Tomás García en 2013 e Irene Meza Williams, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García en 2014.  Además, el BCIE también aparece como financiador del PH Babilonia asociado con el asesinato de Carlos Arturo Reyes en 2003. Honduras suma otras muertes relacionadas con PHs, como los 5 asesinatos de defensores del Río Chinacla. Estos no son casos aislados, pues también hay que sumar las muertes relacionadas con los proyectos Las Minitas, Aurora y Agua Blanca.

 También el BCIE financió el Proyecto Patuca III que se benefició del apoyo y las leyes aprobadas tras el golpe de Estado del 2009 en Honduras, para no consultar a los pueblos indígenas Tawahka y Miskito, Pech y Garífuna.  Un estudio independiente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la construcción de la hidroeléctrica, concluye que "con relación al proceso de consulta realizado para el Proyecto III por la ENEE, podemos resumir que durante la realización de las mismas con el pueblo Tawahka y Miskito, ambos se manifestaron en contra del proyecto, debido a que consideran que uno de los impactos es el descenso del caudal del río afectándose la navegación por el mismo río, única forma de comunicación relativamente rápida a sus territorios[1]"

 Pero la lista de muertes relacionadas con proyectos financiados por el BCIE, no solo es grande en Honduras.  En Panamá, el PH Barro Blanco, con financiado BCIE, carga en su historial las muertres de Onésimo Rodríguez (2013), Gerónimo Rodríguez Tugri (2012) y Mauricio Méndez (2012).  Ese financiamiento se ha dado aún sabiendo que no se realizó la consulta indígena de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT para esa hidroeléctrica, y también la invasión y afectación del Parque Internacional la Amistad, con el Proyecto “Changuinola 1” (Chan 75).

 Estos son solo algunos de los casos de asesinatos más emblemáticos pero no son los únicos  El BCIE es uno de los principales socios y financiador de proyectos hidroeléctricos en la región que suman al menos 50 activistas asesinados[2].

 Los Estados miembros del BCIE deben hacer un serio análisis ético de cuanta sangre, costos sociales y ambientales han impuesto los proyectos que han financiado en la población centroamericana.  El BCIE debe ir más allá del simple análisis de riesgo financiero.  Ya no puede obviar las torturas cometidas, la criminalización de la protesta y los desplazamientos de poblaciones enteras, que contribuyen a la terrible situación migratoria en Honduras y en la región.  También urge revisar cualquier impacto directo o indirecto, derivado de la  contrucción proyectos que de acuerdo con estándares financiero y empresariales, pueden ser de “bajo riesgo”, pero que desde el punto de vista ecológico y social, resultan verdaderas catástrofes para la naturaleza y las comunidades.  Evidentemente, las muertes suman una responsabilidad que ya nadie puede evadir, y mucho menos cualquier entidad que apoye esos proyectos.

 Queda en total evidencia que el BCIE como entidad financiera internacional carece tanto de una política ambiental en sus operaciones, como de una ética mínima para garantizar el respeto a los derechos humanos, los derechos las comunidades indígenas y la normativa internacional pregonada por los organismos multilaterales, tales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenciones Ambientales Globales.  De hecho, el BCIE no es firmante de los Principios de Ecuador, conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los empréstitos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003.

Es indispensable que el BCIE desista de financiar proyectos que además de provocar daños irreparables en los ecosistemas y las comunidades, cargan con asesinatos selectivos que buscan eliminar la oposición de los pueblos.   Estamos ante una ola o dinámica de terror aplicada en las comunidades en las que se ejecutan los proyectos financiados, entre otros bancos, por el BCIE.  Esa es una deuda ética y moral que el BCIE debe asumir de inmediato, iniciando con la decisión de NO FINANCIAR  el PH Agua Zarca.

 Por lo tanto exigimos:

1.La cancelación inmediata del préstamo para el PH Agua Zarca.
2.Una visita de evaluación de alto nivel del BCIE al Proyecto Agua Zarca, a las comunidades y organizaciones afectadas por el proyecto. Esta visita deberá realizarse con acompañamiento de organizaciones ambientales y de Derechos Humanos de la región quienes rendirán un Informe paralelo al del Banco.
3.Establecer dentro del  BCIE las responsabilidades individualizadas del personal directivo, administrativo y técnico, relacionado con un manejo ambiental ilegal de los recursos financieros provenientes de las operaciones de crédito, y una vez identificadas las responsabilidades que se actúe conforme a la legislación hondureña.
4.Que de inmediato el BCIE haga de conocimiento público y masivo en la región las herramientas de administración del riesgo ambiental de las operaciones crediticias que realiza, incluyendo al menos:
a.Protocolo para Estudios de Impacto Ambiental, Social y Cultural Transfronterizo para proyectos financiados por el BCIE, y además, específicamente, la EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL EN EL ANÁLISIS DEL CRÉDITO CONCEDIDO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO AGUAS ZARCAS.
b.Sistema de CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR DESARROLLADORES EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL TRANSFRONTERIZO.
c.Instrumentos que permitan materializar el COMPROMISO DEL BCIE DE GESTIÓN DE RIESGO AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL EN OPERACIONES FINANCIERAS para proyectos en Centro América.
5.Que el BCIE establezca un SISTEMA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES Y LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA VINCULANTE A LAS COMUNIDADES, ANTES DE CUALQUIER DESEMBOLSO.
6.Que el BCIE establezca un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BASADO EN ESTÁNDARES AMBIENTALES SISTEMÁTICOS, RIGUROSOS Y VERIFICABLES” y que garantice operaciones que respeten la legislación ambiental y la protección de los derechos humanos, de acuerdo con normas nacionales y convenios internacionales.
7.Que acorde a los tiempos, el FMO, Finn fund y el BCIE asuman, dentro del “sistema de garantía hipotecaria”, la responsabilidad social y ambiental de “heredar el impacto ambiental en la cuenca”, así como la corresponsabilidad por los delitos cometidos contra la naturaleza, los ecosistemas, las poblaciones indígenas y también contra otros habitantes de la cuenca.

Dirigida a:

Nick, Rischbieth: Presidente BCIE, nrischbi@bcie.org
Alejandro Rodríguez: Vicepresidente BCIE, jrodrigu@bcie.org
Jorge Muñoz, Contralor BCIE: jmunoz@bcie.org
José Deras, Jefe de Oficina de Evaluación: Derasj@bcie.org
Omar Martínez, Director México: Omartinez@bcie.org
Enmanuel Seidner, Director Guatemala: Eseidner@bcie.org
Guillermo Funes, Director El Salvador: Gfunes@bcie.org
Tania Lobo, Directora Honduras: Tlobo@bcie.org
Silvio Conrado, Director Nicaragua: Sconrado@bcie.org
Alberto Cortés, Director Costa Rica: Acortes@bcie.org
Alonso García, Director Colombia: agarcia@bcie.org
Víctor Fabiano, Director Argentina: vfabiano@bcie.org
M. Chen, Directora Taiwan: mchen@bcie.org
Fernando Cardesa, Director España: fcardesa@bcie.org
[1]http://cendoc.docip.org/collect/cendocdo/index/assoc/HASH1f63/c86e2018.dir/ODHPINH_UPR22_HND.pdf
[2] http://www.feconcr.org/doc/riosPHmuertesdefensoresriosregional.pdf

 

BCIE REQUEST TO CEASE FUNDING A PH AGUA ZARCA

At its next meeting, BCIE is set to discuss their participation in the Hydroelectric Project (PH) Agua Zarca which has been linked to the murder of the environmentalist leader Berta Caceres. It's imperative BCIE declines to finance and support the PH Agua Zarca. BCIE have to demand an exhaustive investigation about this and other murders included on this request.   The following is crucial to the voice of protest:

BCIE has disbursed 5 of the 24.4 million in plans to invest in the PH Agua Zarca. After the murder of Berta Caceres, an environmentalist who led the opposition to the project, both the Finnish Bank (Finnfund) as the main funder, and the Dutch Development Bank (FMO), decided, with immediate effect, to temporarily freeze its funding of all activities in Honduras to ensure that their social and environmental standards are being met. They are also considering sending a delegation composed of officials from FMO and Finnfund to Honduras, in order to hold a serious dialogue with members of COPINH.

What did Berta Caceres oppose? COPINH, the organization representing Caceres, along with other environmental organizations in Honduras and Mesoamerica asked years ago that international funding for PH Agua Zarca be denied because it violates the Convention 169 of the ILO agreement concerning historical and collective rights of the Lenca People.  This agreement was reached by free and informed consultation with indigenous peoples who are concerned with violation of their functional and natural habitat, the Gualcarque River which is the community’s cultural and economic heritage.

This case shows the urgent need for an arduous review of the standards and requirements established by international banks for financing and monitoring contractors of projects of this size and scope.  As evidenced by the complete absence of any formal approval of the project by the communities in the area, funding for the PH Agua Zarca Project runs counter to any minimum social standard that a bank should have.

Proceeding with the project would be in violation of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises. This charter contains acceptable parameters of behavior on issues such as human rights, employment and industrial relations, environment, combating corruption, consumer interests and taxes.

At this juncture, if not removed, the BCIE remain the only financing entity linked not only with the death of Caceres but also the murders of: Tomas Garcia in 2013 and Irene Meza Williams, James Rodriguez Maycol and Ariel Rodriguez Garcia in 2014. In addition, the BCIE also appears as funder of the PH Babylon project which is associated with the murder of Carlos Arturo Reyes in 2003. These are not isolated incidents: Honduras has had five others murders of river defenders in Chinacla, Las Minitas, Aurora and Agua Blanca.

But the list does not end in Honduras, the BCIE also participated the PH Barro Blanco project in Panama, where three community leaders Onesimo Rodriguez (2013), Gerónimo Rodríguez Tugri (2012) and Mauricio Mendez (2012) were also murdered. In addition to legitimizing the lack of indigenous consultation in the case of Barro Blanco, they were also involved in the invasion of the Amistad International Park by funding the project "Changuinola 1" (Chan 75).

These murders are just the top of the iceberg in a strategy of terror. These communities are subject to acts of daily violence in order to prevent them from asserting their right to oppose these projects.

The BCIE also finances the Patuca III project which benefited from laws imposed by the 2009 Coup which override consulting indigenous peoples Tawahka and Miskito, Pech and Garifuna. An independent study financed by the Inter-American Development Bank, in relation to the construction of hydroelectric concludes "With regard to the consultation process for the Project III by ENEE, we can summarize that the people Tawahka and Miskito, both oppose the project, because they consider that it will impact the descent of the river flow thus affecting navigation, the only form of relatively quick communication for their territories “

These are just some of the most emblematic cases where the BCIE has been the prominent partner and funder of hydroelectric projects in the region where at least 50 activists have been killed.

BCIE Member States must consider the ethical, social and environmental costs of imposing projects on the Central American population and condemn any and all bloodshed. Beyond bottom line financial risk analysis, they must not ignore the injustice of torture, and the criminalization of protest and displacement of entire populations that force migration from Honduras and the region, as well as other externalities arising from their contribution to "low risk" projects.

It is evident that this international financial institution lacks an environmental policy adapted to the characteristics of its operations and minimum business ethics to ensure respect for human rights, indigenous communities and international standards advocated by multilateral agencies (such as Convention 169 of the ILO, the Universal Declaration of Human Rights, not to mention Global Environmental Conventions). In fact the BCIE is not a signatory of the Principles of Ecuador, set of voluntary social and environmental conditions upon which loans can be made and which was signed by more than 70 global financial institutions since 2003.

Therefore, the undersigned demand:

1.   The cancellation of the loan to Aguas Zarcas Hydroelectric Project.

2.   A high-level visit from the BCIE Agua Zarca Project officers to the communities and organizations affected by the project. This visit should be accompanied by other environmental and human rights organizations in the region who will perform a parallel report to the Bank.

3.   The BCIE will accept individualized responsibility for administrative and technical staff related to accepting illegal financial resources from credit operations for environmental mismanagement and once identified will act responsibly under Honduran law.

4.   The BCIE will make a mass public acknowledgement in the region and an immediate environmental risk evaluation of credit operations performed, including at least:

a.   Protocol for Environmental Impact Studies, Social and Cultural Cross-Border projects financed by BCIE and specifically ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT IN THE ANALYSIS OF CREDIT GRANTED FOR CONSTRUCTION OF THE ZARCAS RIVER PROJECT.

b.   A COMPLIANCE CONTROL SYSTEM FOR DEVELOPERS REGARDING ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES, AND SOCIAL AND CULTURAL BORDER OBLIGATIONS.

c.    Instruments that ensure THE BCIE adheres to sound ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT, SOCIAL, CULTURAL and FINANCIAL (INTERNAL AND CREDIT) OPERATIONS.

5.   The establishment of a "BCIE SYSTEM TO ENSURE COMPLIANCE WITH THE  169 CONVENTION ON INDIGENOUS AND TRIBAL PEOPLES AND BINDING INSTRUMENTS TO CONSULT WITH COMMUNITIES BEFORE ANY DISBURSEMENT".

6.   The BCIE must establish an "ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM BASED ON SYSTEMATIC, STRICT AND VERIFIABLE ENVIRONMENTAL STANDARDS" and guarantee operations to be above more compliance with environmental laws and protection of human rights.

7.   That according to the times, FMO, the Finn Fund and the BCIE assume a social and environmentally responsible "system of mortgage guarantee" by which they will accept responsibility for the crimes committed against nature, ecosystems, indigenous peoples and other inhabitants of the basin.