POR LA ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEMENTO DE INSULARIDAD EN ILLES BALEARS.

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El contexto social y económico de la Comunidad Autónoma de Illes Balears se caracteriza por la naturaleza insular de su configuración geográfica que genera un conjunto de desventajas que afectan, entre otros ámbitos, al transporte, las comunicaciones, sanidad, educación, desarrollo personal y profesional, y muy especialmente al coste de vida y de la vivienda.

Con el fin de paliar o corregir los efectos negativos de la residencia en ciertos territorios, en los años 50 se creó la “asignación por residencia”, que en 1965 se transformó  en el complemento de indemnización por residencia, de carácter compensatorio y no retributivo.

Actualmente este complemento no da respuesta a la realidad de residir en Illes Balears, al carecer de una base objetiva para su cálculo y distribución y no haberse actualizado en su cuantía, circunstancias todas ellas que, en el caso que nos ocupa, genera al personal al servicio del Estado resistencias a aceptar un destino en alguna de las plazas en las islas y situaciones de renuncia o traslado, ante la dificultad manifiesta de acceso a la vivienda y de asumir los costes de la vida en el territorio insular, siendo el déficit de plantilla una constante lamentable (la ratio de empleados públicos de la Administración General del Estado por cada mil habitantes es aproximadamente un 23 %€ inferior a la media de las 12 comunidades autónomas equiparables), lo que afecta muy negativamente a la calidad de los servicios públicos significando un trato discriminatorio territorial evidente

Por otra parte la falta de personal conlleva un agravio comparativo laboral, ya que la calidad de vida de las personas que ocupan los destinos es claramente inferior a la del resto del Estado, tanto por la carga de trabajo y estrés laboral que soportan, como por las dificultades económicas, familiares y personales que conlleva vivir en las islas.

Mientras que desde los años setenta el complemento se ha duplicado en algunos territorios, en Illes Balears se ha reducido a la mitad, de manera que se perciben complementos ridículos que no compensan los inconvenientes de residir en Illes Balears.

En definitiva, existe una situación objetiva de discriminación económica y de calidad de vida para  aquellos trabajadores/as al servicio del Estado y de las entidades públicas estatales y sociedades mercantiles estatales en Illes Balears y una situación de discriminación para la ciudadanía residente, que sufre unos servicios públicos de baja calidad.

Estamos ante una discriminación que quiebra el mandato constitucional sobre la igualdad de todos los españoles, en especial de los Artículos 138 y 139  de atención al  hecho insular y de igualdad de derechos.

Por todo ello, solicitamos la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el fin de que se incremente el complemento de indemnización por residencia en Illes Balears, para que cumpla con su finalidad y se eviten las desigualdades existentes con otros territorios estatales y los perjuicios que estas conllevan tanto para el personal al servicio del Estado, como para el conjunto de la ciudadanía residente en Illes Balears.