Consuelo Baudín estuvo un mes y medio en la UCI por el impacto de una pelota de goma durante la marcha de los mineros en Madrid en 2012. Mientras que Ester Quintana sufrió la pérdida de un ojo en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Qué eximente tiene el Estado, el sistema, o los cuerpos policiacos para agredir a estas mujeres impunemente. La violencia de género ha provocado demasiadas víctimas en España y en el mundo. La justicia y la ley son medidas correctoras de deficiencias, que la educación y la cultura no subsanaron en su momento. Mujeres y hombres tenemos que tomar muy en serio el grave problema que aqueja a nuestra sociedad, que parece no saber controlar su ira, su violencia. 

Por eso no comprendemos la razón que llevó a los jueces a ordenar el ingreso en prisión de Gonzalo José García López, a gastar recursos públicos en encarcelar a una persona con una discapacidad del 88%, a un padre responsable, convirtiéndolo en una víctima del propio sistema judicial. No entendemos por qué, un policia local de Avilés detiene a un hombre en su silla de rueda, porque cree que está a menos de los 200 metros del domicilio de su ex pareja, tampoco qué este policia local, actuó sin haber ninguna denuncia, alarma o peligro de la ex pareja y detiene a un hombre con graves secuelas neurológicas, que afectan su sentido de la orientación y la ubicación, tal y como aseguran diferentes médicos especialistas. No entendemos por qué ningún juez valoró esos informes y criminalizan una disputa familiar.

Que una ex pareja incumpla las visitas acordadas de los hijos en común, es un falta grave, pero no justifica amenazarla. Pero tampoco, que un padre con hemipléjia, con una discapacidad del 88%, con un daño cerebral de la zona, donde se producen los procesos reflexivos, se enoje y por eso vaya a la cárcel, porque la madre de su hija, por segunda vez consecutiva, incumplió las visitas que este tiene para verla, y éste le mande enfurecido unos mensajes por teléfono.

Es esto un delito para meterlo en la cárcel?. Es ni siquiera una amenaza real y peligrosa, para la vida de nadie. Pero nada justifica enviar una amenaza por Wassap, pero tampoco nada justifica que impidas a un padre ver a su hija. Que es una falta, estamos todas y todos de acuerdo. Es una amenaza y debe tener sus consecuencias, pero es una amenaza que no tiene ninguna posibilidad de plasmarse en la realidad, porque Gonzalo no puede ejercer violencia física contra nadie.

Para el Observatorio Ciudadano Municipal de Avilés, que hemos seguido desde hace seis meses de cerca el caso de Gonzalo, esta sentencia es un desatino y una injusticia desproporcionada. Gonzalo es una víctima de un sistema jurídico obsoleto, dónde impartir justicia es algo imposible de alcanzar, porque no se estudian los antecedentes, ni investigan las circunstancia, no se reflexiona sobre los informes de los técnicos, en este caso de los servicios sociales del Ayuntamiento de Avilés. No se valoran los peritajes de los neurólogos y psiquiatras, que dicen que Gonzalo, a raíz del grave accidente que sufrió hace unos años, apenas ve de su ojo derecho, que no puede calcular bien distancias, que se desorienta con facilidad, que tiene dañado el cerebro en la zona donde se producen los procesos de reflexión y que por lo tanto es impulsivo, no agresivo.

Gonzalo apenas se sostiene en pié, sólo gracias a un arnés que lleva permanentemente y a su bastón, puede caminar distancias cortas. Sabiendo que Gonzalo es un padre responsable, que paga puntualmente una justa manutención para su hija, que se ocupa y preocupa por normalizar la relación con la escuela de la niña a pesar de las circunstancias, esta sentencia es una injusticia.

Este sistema jurídico va a encarcelar a un hombre hemipléjico, que no puede subir escaleras, que no se puede bañar, ni desvestir, ni vestir, al que tendrán que asistir en la cárcel.

Van a criminalizar a un padre responsable, que ama a su hija, a la que logró volver a ver después de seis meses de alejamientos, gracias a la intermediación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Avilés, y cuyas visitas la madre ha vuelto a incumplir, sin presentar informes médicos.

Este sistema jurídico ha olvidado que la ex pareja de Gonzalo le hurtó el vehículo y no acudió a las vistas, donde se le reclama legalmente su devolución. Este sistema jurídico cree que Gonzalo es una amenaza para su ex pareja, porque le expresó su enfado en unos mensajes por teléfono. Este es un sistema inútil, que no cumple con sus funciones, donde un policía local inepto, considera a un discapacitado una amenaza, porque se acercó unos metros más de la zona de exclusión. Y por ello lo detiene y lo denuncia para que sea encarcelado el próximo día 19 de febrero, por no respetar la orden de alejamiento de 200 metros, mientras circulaba en su peligrosa silla de ruedas.

Este es el sistema jurídico perverso de este país, que permite los policías antidisturbios que violenten y maltraten a las mujeres, desde la impunidad, mientras persigue y criminaliza a ciudadanos discapacitados.

Este es el grave delito de penado con la cárcel, por un sistema jurídico que está tan saturado de trabajo y de ineficacia, que sólo puede encarcelar y multar a la ciudadanía, por lo tanto está dejando de impartir justicia, que es su principal razón de ser.

Ni las mujeres son todas buenas, ni los hombres somos todos malos, por ello es necesario que los jueces, los fiscales y los cuerpos policiacos se involucren más en las circunstancias y disciernan, que investiguen y escuchen a los técnicos. No podemos llenar las cárceles de ciudadanos que han discutido acaloradamente con sus ex parejas, mientras en la calle se pasean los responsables de la violencia de género, mientras el sistema judicial exculpa a los agresores y deja a sus víctimas desprotegidas.