El Real Decreto Ley para la reforma de la estiba que el ministro de Fomento ha planteado, atenta directamente contra los derechos laborales de los estibadores, ya que implicaría el despido de casi 6500 trabajadores, a costa de fondos públicos y contratos precarios, sustituyendo un modelo que tan buenos resultados ha dado a la industria española.

Se solicita la aceptación de la propuesta de consenso entre estibadores y empresas, que da cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Europeo. 

Además se quiere parar la campaña de desprestigio que los medios han lanzado en contra de este colectivo.

La defensa de los derechos de los estibadores es la de los derechos de todos los trabajadores.