Hace días está en el centro de la escena política el acuerdo clandestino firmado entre el Gobierno de Alberto Fernández y la multinacional noruega Equinor que la habilita para realizar exploración sísmica off shore a solo 400 km de la ciudad de Mar del Plata. Una enorme reacción popular se colocó en las calles y le puso el cuerpo al #Atlaticazo, demostrando que nuestros recursos naturales no van a ser la variable con la cual el gobierno nacional va a conseguir los dólares para pagarle la deuda fraudulenta e ilegítima al Fondo Monetario Internacional.

Pese al rechazo popular, todo el arco político alineado con el gobierno del Frente de Todos continúa en una campaña en regla en defensa de la exploración sísmica petrolera aludiendo que esto traería el desarrollo nacional. Para empezar, la exploración y explotación off shore está siendo prohibida en numerosos países, tanto por los riesgos de desastres ambientales, cuando se explotan plataformas submarinas, como por el daño que produce la exploración llamada “sísmica”. Este tipo de exploración se basa en bombardeos para lograr ondas sísmicas y medir la velocidad de refracción de las ondas y altera la fauna marina produciendo enormes golpes a sus ecosistemas. El Estado, en vez de elaborar un estudio propio, que podría estar en manos de universidades nacionales o de la comunidad científica, decide creerle a la propia empresa que en su estudio de impacto ambiental sostiene que las consecuencias son "leves":

Un segundo problema vinculado estrechamente al anterior son los riesgos de desastre una vez puesta en marcha la explotación. En el desastre del golfo de México, por ejemplo, del “deep water horizon” con responsabilidad de British Petroleum y Halliburton, la contaminación alcanzó a 2.000 kilómetros de costa. El costo en materia de muerte de la fauna marina fue incalculable. Otro de los argumentos que resuenan es que el Estado -el mismo que es responsable de que 11 provincias estén en llamas, el que cajonea la #LeyDeHumedales- controlaría las formas y modos de producción. Una explotación que comienza, de parte del Estado, con un estudio de impacto ambiental privado que minimiza totalmente los riesgos de la exploración, ¿Cómo controlará la producción?

Juan Cabandie, ministro nacional de ambiente y principal vocero de estos discursos negacionistas, aseguró muy confiado que “tenemos actividad offshore desde 1970”, que “el 17% del gas que tenemos proviene de explotación offshore” y que “nunca en 52 años hubo un accidente”. Además, dijo que “hubo cientos de exploraciones sísmicas y nunca nadie se enteró”. Imposturas que se suman a las que ya vino convidando sobre los incendios forestales, relativizando el impacto de tener medio país incendiado al decir que “las superficies quemadas fueron las más bajas en cinco años”. Cuya finalidad última es, claro, justificar el saqueo del país por todos los flancos. Repudiamos las declaraciones del Ministro de Ambiente y exigimos su renuncia.

Estos cuentos ya los conocemos, la entrega de nuestros recursos naturales a grandes capitalistas tiene historia en nuestro país y en sucesivas oportunidades se demostró que, como alertaba el pueblo movilizado, trajo enormes consecuencias: explotación, precarización laboral, devastación del recurso, contaminación, enfermedades y mayor pobreza para lxs trabajadores.

Sumá tu firma por el #MarSinPetroleras. El próximo martes 18/01 marchamos con la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones en rechazo a este acuerdo.