Dirigida a Secretario de Gobernacion Miguel Angel Osorio Chong y 1 otro/a

Apoyo para rescatar 151 perros que el Gobierno de Morelos mantiene ilegalmente retenidos

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El Gobierno del estado mexicano de Morelos mantiene actualmente aislados y sin supervisión ciudadana desde hace 4 meses 151 perros (La dueña de los perros asegura se llevaron 173) que le quitó ilegalmente a una ciudadana en un segundo acto de despojo de los mismos. La vida de los perros ha sido puesta en riesgo sin una justificación. Se calcula que han muerto más de 30 de los 162 perros que existían inicialmente antes del primer despojo que duró un mes; y se han atropellado los derechos de la Ciudadana Dora Anaya que mantenía en su propiedad particular a los animales.

El 14 de abril 151 perros (incluyendo sus 130 restantes del primer secuestro)  fueron recogidos violenta e ilegalmente por el gobierno del estado de Morelos en su domicilio del barrio de Santo Domingo en Tepoztlán, Morelos. El 30 de junio de 2017 por primera vez se le permitió a la señora Dora Anaya, de 74 años de edad, visitar a los animales que habían sido transportados 60 kilómetros en un camión de mudanzas sin ventilación y bajo una temperatura ambiente de 30 grados centígrados hasta un rancho (el cual se localiza 31 kms del Barrio de Santo Domingo) propiedad de la Señora Angélica Curiel en el municipio de Huitzilac. Doña Dora, que había obtenido desde el 26 de abril una orden de un juez federal para que se le devolvieran los perros había intentado visitarlos el 5 de junio atendiendo a una invitación realizada por las autoridades el 15 de mayo, pero en esa ocasión ni se le respondió al teléfono ni nadie le abrió el portón. En una plática de Facebook live del 8 de mayo el propio gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido explicó que se negaban a acatar la orden del juez porque había un reporte de un perro infectado con enfermedad transmitida por la mordida de una garrapata por lo que los perros, que por segunda vez en menos de 5 meses habían sido abducidos del hogar de la ciudadana Dora Julia Anaya, estaban en cuarentena.

El 30 de junio cuando Dora Anaya  llegó al Rancho Curiel encontró que se había instalado otro portón nuevo adicional y que se llamó a una patrulla de policía para vigilarla a ella y a su veterinaria particular. Se le permitió el acceso sólo a ella pero siempre acompañada por una mujer que nunca le respondió a ninguna pregunta y en cambio la filmó con un teléfono celular durante toda la visita. Le permitieron ver a un solo perro a la vez y sólo a 9 de los 151. De los 9 constató que una de sus perritas “Úrsula” estaba muy maltratada con heridas que ponen en peligro su vida. De los otros perros sólo escuchó sus ladridos sin poder ver cuantos seguían vivos a pesar de que se ha filtrado la información de que murieron por lo menos 20 en el proceso de transporte. Llama la atención que la visita a los animales se haya hecho en condiciones que recuerdan el trato dado a presos políticos, como si los perros fueran unos terroristas.

 PRIMER DESPOJO

Se trata de una historia de despojo, y de atropello a los derechos individuales de una ciudadana y de riesgo mortal para estos perros que todavía no termina. Por la acción del gobierno estatal murieron en diciembre 30 perros, más un número indeterminado en este segundo acto de secuestro, dado que a pesar de la orden de un juez, no sólo no se le han devuelto los perros a su propietaria, sino que a la fecha (23 de agosto de 2017) ni se le han mostrado todos; como tampoco se ha permitido que ninguna agrupación de protectores de animales supervise las condiciones de salud y encierro de todos y cada uno de los perros. Durante todo este tiempo además la señora Dora Anaya ha tenido que sobrellevar la situación de que su marido está recluido en un hospital de Estados Unidos enfermo de cáncer.

            Ya el gobierno estatal había despojado a Dora Anaya de sus perros desde el 14 de diciembre de 2016 hasta el 14 de enero de 2017. En la primer fecha, sin ningún aviso previo, la señora fue despertada a las 7 de la mañana por los ladridos de sus perros. Al asomarse a su jardín encontró policías uniformados y con los rostros cubiertos por pasamontañas (un equipo tipo SWAT) descolgándose por las altas paredes de piedra que rodean su propiedad. Dichos policías del llamado “Mando Único” formado especialmente para combatir la crisis de violencia e inseguridad ciudadana, que desde hace 12 años domina al estado de Morelos, le quitaron su teléfono celular, la rodearon para que no pudiera desplazarse y comenzaron a perseguir y atrapar o cazar con dardos tranquilizantes cada uno de sus perros para meterlos en cajas transportadoras especiales para luego meterlos en dos camiones cerrados sin decirle a donde los llevaban.

Mientras tanto, varios de los 80 policías participantes con ayuda de varias patrullas establecieron un perímetro de 400 metros en torno a la casa en el barrio de Santo Domingo en el poblado de Tepoztlán, Morelos, mientras se efectuaba el operativo, exactamente igual que cuando se busca arrestar a un narcotraficante. Quien se presentó como responsable en ese momento fue la procuradora del Medio Ambiente de Morelos, Georgina Gutiérrez Barbosa; pero se difundió que el operativo estuvo dirigido personalmente por el jefe del “Mando Único”, Alberto Capella. Calificado como “superpolicía” por sus éxitos contra el crimen organizado, quien fue traído en 2013 desde Tijuana para combatir a los cárteles de delincuentes que desde ese año han asesinado a una presidenta municipal (enero de 2016), y a miembros prominentes de la sociedad morelense, entre ellos, 16 abogados y destacados empresarios, como la dueña de una escuela de gastronomía, un ex deportista olímpico que tenía una escuela de natación; además de mantener extorsionados a infinidad de empresarios locales de la capital estatal, Cuernavaca, mediante el cobro del llamado “derecho de piso”, y consumar centenas o miles de secuestros.  A pesar de ser el segundo estado más pequeño del país, Morelos  (4893 Km2, 1 millón 903 811 habitantes), se mantiene en los primeros lugares de secuestros y asesinatos en los últimos años.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2012 y 2016 se denunciaron en el estado 2328 homicidios dolosos -1.5 al día-, 372 secuestros (1.8 por semana) y 1 056 extorsiones (5 por semana); al que sumando el total de delitos de todo tipo da un resultado de 204,270 (fuente:http://www.zonacentronoticias.com/2017/01/aumenta-la-violencia-en-morelos-segun-cifras-del-secretariado-de-seguridad-publica/

En este sentido, el 12 de junio de 2017, la Comisión Permanente del Senado de la República acordó un exhorto al estado de Morelos dado que el índice de violencia que vive duplica al promedio nacional, tiene el segundo lugar de secuestros y violaciones de los estados del país, es también el segundo respecto a robos y primero respecto a extorsiones (http://www.surdigital.com.mx/2016/06/12/morelos-tiene-el-doble-de-violencia-en-el-pais-graco-debe-responder-senado/

            En ese primer decomiso de los perros, del 14 de diciembre, en conferencia de prensa, el ayuntamiento de Tepoztlán presentó la operación como un “rescate de 130 perros (no los 162 que recogieron) que vivían hacinados en un albergue” calificado como “ilegal” y se coordinaron las autoridades y personal de 4 municipios (Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec y Xochitepec). Anunciaron asimismo que de no ser reclamados en 30 días, los perros serían sacrificados (http://www.sinembargomx/15-12-2016/3126108 Los perros fueron llevados a un terreno bardado en el municipio de Xochitepec a 34 kilómetros al sur de Tepoztlán, pero sólo se le informó de esto a Doña Dora 3 días después del secuestro.

En ese tiempo ella recorrió oficinas de gobierno y municipales sin recibir respuesta sobre el paradero de los animales. El mismo día en que por fin se le informa a Dora, la Procuradora del Medio Ambiente, Georgina Gutiérrez Barbosa, subió a las redes sociales un video en donde muestra a los perros y dice que están bien, pero se puede observar que el video fue grabado en la propias instalaciones de la casa de Dora mientras se hacía el operativo policiaco y no en las instalaciones a donde habían sido llevados, en donde, en efecto, según se demostraría en otro video, estaban hacinados. Además del excesivo operativo policiaco llamó la atención que el gobierno gastara una gran cantidad de dinero en rentar un camión y comprar 162 cajas transportadoras de perros nuevas con un costo mínimo estimado total de $2, 777.00 dólares (50 mil pesos).

        En diciembre la señora Dora obtuvo un amparo mediante el cual el juez ordenó la devolución de los perros por haber sido decomisados mediante un acto ilegal; pero antes de acatarlo, el ayuntamiento de Tepoztlán condicionó la acción a la firma de un convenio abusivo e ilegal en donde sin fundamentos jurídicos obligaba a las señora Anaya a comprometerse a no tener más de 50 perros dentro del municipio de Tepoztlán entre otras condiciones como vacunación y esterilización y el contar con instalaciones adecuadas, condiciones con las que ya contaban los perros antes de ser recogidos por las autoridades. Y se le exigió también verse sometida a inspecciones continuas.

Dora Anaya manifiesta haber firmado tal convenio sobre el cofre de un coche mientras los perros estaban dentro de un camión y con la amenaza de que serían regresados a su lugar de confinamiento si no firmaba. Como muestra en un video de Facebook, Doña Dora contaba en los 7 mil metros cuadrados de su terreno con dos casas especiales para los perros (ancianos, cachorros, ciegos, y enfermos bajo tratamiento) Tenía contratadas 4 personas para su servicio exclusivo y una veterinaria para su cuidado. El terreno de Doña Dora está rodeado por 3 lados por calles que tienen 5 metros de ancho y al igual que las casas vecinas que son propiedades de semejantes extensiones, tiene una barda de piedra de 3 metros de alto y consiste en parte en un jardín con pasto y una gran variedad de árboles frutales y florales. La exdirectora del Zoológico de la Ciudad de México, María Elena Hoyo, reportó que en casa de Dora cada perro contaba con 40 metros cuadrados de espacio.

 Tras la firma del convenio ilegal con el municipio, el 14 de enero le fueron devueltos sólo 125 de sus perros y 5 perros más de procedencia desconocida. Las autoridades se negaron a dar cuenta de los 30 perros que no devolvieron, por lo que Doña Dora declaró que las autoridades no habían cumplido con el acuerdo y regresó los perros a su casa del barrio de Santo Domingo. El 18 de marzo, las autoridades tradicionales del barrio convocaron una asamblea para tratar el tema de los perros y supuestos vecinos declararon sin pruebas, haberse enfermado por “haber pasado frente a la casa de Doña Dora” y por el ruido que producen los perros y haber visto excremento de perro afuera de la casa.

Señalaron que se había hecho ya una denuncia en 2006 donde se decía que los perros provocaban enfermedades a los vecinos “por los gritos del personal, los ladridos y el mal olor”, pero sin que jamás se haya hecho alguna inspección o comprobante médico que reporte o pruebe tales afirmaciones. Mencionaron también un acuerdo donde obligaban al esposo de Doña Dora a comprometerse a “despoblar” su casa de animales. No se mencionó que la zona donde habita Doña Dora desde hace más de 20 años en el barrio de Santo Domingo, está constituida principalmente por propiedades vacacionales de personas de altos recursos económicos que miden por promedio varios miles de metros cuadrados y que los declarantes no son los propietarios de las casas sino familiares de los cuidadores y empleados de tales propiedades.

 El 15 de marzo el ayuntamiento declaró que envió inspectores a la casa de Doña Dora y que no se les permitió el acceso por que el ayuntamiento no informó del paradero de 30 perros rompiendo el acuerdo firmado en enero. 

SEGUNDO DESPOJO 

El 14 de abril en la mañana, nuevamente se presentó la policía en la casa de Dora Anaya junto con unos inspectores de la Secretaría Estatal de Salud y con un oficio que sólo permitía el cateo de la propiedad para verificar el estado de salud de los animales, los 130 perros sobrevivientes del primer secuestro. Todos los animales presentes fueron nuevamente perseguidos, dardeados y atrapados para meterlos en cajas y en un camión cerrado, sin ningún tipo de ventilación, y fueron nuevamente llevados sin informarle el destino a Doña Dora. Voluntarios protectores de los animales alertados por Doña Dora siguieron por su cuenta el camión por alrededor de 2 horas hasta una propiedad del municipio de Huitzilac dedicada a la crianza de perros llamada “Rancho Curiel” a donde entró el camión. 

La abogada de Dora Anaya promovió un nuevo amparo y el 20 de abril se presentó una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. El 26 de abril, la Comisión de Derechos Humanos le informó a la señora Dora que el juez había resuelto el amparo a su favor y ordenaba la restitución de los animales a su casa. Pero el 28 de abril el gobierno del estado, a través del M.C. Sergio Octavio García Álvarez, Comisionado para Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos y la nueva procuradora del medio ambiente, Dra. Laura Elizabeth García Méndez, respondieron al juez que no se entregarían los animales por “presunción diagnóstica de diversas enfermedades transmisibles” zoosanitarias, el hallazgo de una garrapata infectada de Ehrlichia canis y la muerte de 4 perros por causas desconocidas. 

Se dijo que éstos últimos animales fueron enviados a la facultad de veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México para su autopsia y hasta la fecha no se ha hecho público el resultado de tales estudios. El 8 de mayo en una transmisión de Facebook live el propio gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu declara que para los perros “hay una cuarentena en virtud de que el sistema de salud encontró una bacteria muy peligrosa y muy grave para la salud de las personas” y que por eso no se acata la orden del juez. Señala además que “en este conflicto de mi parte no tengo ningún interés en tratar estos temas porque yo tengo tareas más importantes, con todo respeto a los que están preocupados por los animales”. 

            Luego de solicitar públicamente una audiencia con el gobernador del estado mediante un video en su cuenta de Facebook, Dora Anaya, acompañada de no más de 10 protectores de animales, se presentó en la residencia oficial “Casa Morelos”, donde fue recibida por un microbús de personas transportadas desde Tepoztlán que gritaban consignas contra ella y se encontró con que las calles fueron bloqueadas por barreras metálicas exclusivamente para impedirle aproximarse a la casa de gobierno. Al lugar se presentaron el director de COPRISEM y la nueva procuradora del medio ambiente, funcionarios que solicitaron al juez federal la cuarentena de los perros. En esta ocasión invitaron a Doña Dora a visitar a los perros. La señora Anaya se negó aduciendo que su intención era entrevistarse con el gobernador y que exigía que se cumpliera la orden del juez de devolverle los perros y no sólo visitarlos. Llamó la atención nuevamente la desproporción de utilización de fuerza pública, dado que las barreras metálicas bloquearon las calles durante 4 días, cuando un mes después, en un incidente poco claro fue herido a balazos un vigilante de la casa de gobierno, la movilización policiaca y el control de tráfico sólo duró un día. 

            Después de esto, Doña Dora realizó una primera visita al “Rancho Curiel” en que no se le abrió la puerta ni respondió y luego realizó la visita reseñada al principio de este documento. El 18 y 19 de junio, al vencerse el plazo de la cuarentena, subió un video a Facebook donde dice que no se le ha informado nada sobre los perros y reitera las acusaciones a su vecino Julio Madrazo de ser el instigador de tales acciones aprovechando su amistad con el gobernador Graco Ramírez, siendo una manera de cumplir las amenazas que a lo largo de los años le había hecho. 

            Dado un antecedente existente de 2014 en el mismo municipio de Tepoztlán en donde una compañía inmobiliaria ordenó el exterminio de 42 perros durante el desalojo de un individuo (Manfredo García) de un terreno (Calle Cerritos No.9). Las asociaciones de protectores de animales de Morelos temen que pueda tratarse de una operación con los mismos objetivos. 

            A los protectores de derechos humanos y de los animales de la sociedad morelense le preocupan grandemente las siguientes características de esta situación en la que no se ha tenido ningún respeto por la vida y condiciones de 162 perros originalmente, en la que se han atropellado los derechos y puesto en riesgo la propia vida de una ciudadana de 74 años: 

1)    Llama mucho la atención la desproporción de recursos económicos y sobre todo de fuerza policial con que se ha actuado contra la Señora Dora Anaya y sus perros mientras el estado vive una situación gravísima de falta de seguridad pública y ciudadana por los altos niveles de hechos delincuenciales que ocurren en la entidad.

2)    Llama la atención el involucramiento de funcionarios estatales de primer nivel incluido el propio gobernador, justificando acciones que no han estado legalmente sustentadas.           

3)    Llama la atención del trato de delincuentes violentos que han recibido tanto la ciudadana Dora Anaya como sus animales.

4)    Llama la atención de que a pesar de que dos jueces federales y la Comisión de Derechos Humanos han sentenciado que los derechos de la ciudadana Dora Anaya han sido atropellados por las autoridades estatales, éstas no han desistido de sus acciones.

5)    Llama la atención el hecho evidente de que aunque el despojo de los perros se presenta como un rescate, los animales pasaron de una situación privilegiada en instalaciones construidas ex profeso para su habitación y contando con un jardín donde tenían 40 metros cuadrados de espacio para cada uno, fueron violentamente capturados, transportados en condiciones que pusieron en riesgo su vida y evidentemente hacinados en ambas ocasiones en instalaciones inadecuadas sin la posibilidad de una supervisión pública y ciudadana de sus condiciones.

6)    Llama la atención la falta de información en los primeros días del despojo respecto al destino de los perros y después, en el segundo despojo, de la situación de incomunicación en que éstos se encuentran ya desde hace 3 meses, y que no se justifica por la supuesta cuarentena decretada. De la misma manera llama la atención que las autoridades no hayan emitido ninguna comunicación vencida ya la fecha de cuarentena el pasado 18 de junio.

7)    Llama la atención la falta de elementos y argumentaciones legales con que han actuado las autoridades municipales y estatales, ya que de hecho no se ha podido acusar a la Señora Dora ni siquiera de faltar a algún reglamento administrativo.

8)    Llama la atención la abierta ilegalidad con que han actuado las autoridades estatales, hecho demostrado y explícitamente señalado con la concesión de dos amparos en su favor por parte de dos jueces federales.

9)    Llama la atención el hecho de que si existían quejas desde 2006 nunca, hasta julio del 2017, se haya realizado ningún diagnóstico técnico profesional sobre las acusaciones de impacto ambiental o daño a la salud por la presencia de los perros en la propiedad de Dora Anaya. En el mismo sentido llama la atención que no se haya permitido la realización de una inspección u opinión independiente al gobierno del estado, el ayuntamiento o la propia señora, aún cuando ella ha mostrado su disposición a ello.

10) De la misma manera llama la atención que se haya actuado contra ella dando como hechos sin la más mínima prueba que la simple presencia de los perros haya sido causa de enfermedades de vecinos, sobre todo cuando las acusaciones presentadas en los videos preparados por el ayuntamiento, la asamblea del barrio y el gobierno son sobre enfermedades tan improbables de tener relación con los perros como son el asma y la peritonitis.

11) Llama la atención que la reunión y documento de las autoridades del barrio de Santo Domingo se realicen después y no antes del acto de autoridad del primer despojo de los perros y como preparativo para el segundo acto de despojo. Igualmente llama la atención que hayan recibido tanto apoyo para su difusión incluyendo su traducción y difusión en inglés además de que ha existido una verdadera guerra en Facebook desapareciendo las páginas de apoyo a la Señora Anaya y generando otras para atacarla.

12) Es notorio que a lo largo del proceso las argumentaciones sobre el porque se actuó contra los perros y la señora Dora se hacen siempre de manera reactiva a los actos de protesta y de defensa de derechos que ha realizado la afectada, especialmente el sorpresivo supuesto descubrimiento de una sola garrapata infectada de una enfermedad contagiosa justo después de que se le otorga el segundo amparo.

13)  Llama la atención que a lo largo del proceso han cambiado las acusaciones contra la señora Dora y sus perros, como también han cambiado las instituciones y hasta los funcionarios que han actuado contra Dora Anaya; como ha sido, por ejemplo, el cambio de la procuradora estatal del Medio Ambiente. Se pasó de una acusación sin ningún fundamento de enfermedades causadas a vecinos por los perros, a justificar ahora el despojo en función de una posible, no verificada ni demostrada, presencia no de perros enfermos, sino de una garrapata enferma.

14) Llama la atención que durante el primer despojo en diciembre de 2016 la Procuraduría del Medio Ambiente declaró que los animales habían sido revisados y se encontraban en perfecto estado de salud, mientras que en mayo de 2017 la misma Procuraduría ahora declara que se ha encontrado una garrapata enferma. En todo caso, habría que considerar que de ser cierto, lo que no se ha probado, el contagio pudo darse durante el período de un mes que la propia Procuraduría mantuvo a los animales hacinados en una instalación inadecuada y sucia en el municipio de Xochitepec y habría que declarar una emergencia sanitaria para todo el municipio de Tepoztlán como ya ocurrió hace años por ese motivo en Mexicali, Baja California.

15) Llama la atención la indefensión en que se ha visto la Señora Dora Anaya como individuo frente al ayuntamiento, la asamblea del barrio de Santo Domingo que abiertamente la ha amenazado hasta con el linchamiento; y en cambio no han sido investigadas las amenazas personales denunciadas por ella, por parte de su vecino Julio Madrazo, a quien ella responsabiliza como principal instigador de las acciones en su contra y acusa de tráfico de influencias argumentando ser amigo personal del gobernador.

Los animalistas, activistas  por los derechos de los animales, protectores de animales de asociaciones nacionales y del estado de Morelos, y los defensores de Derechos Humanos (firmas al calce) exigimos que:


A) Se recupere la legalidad y el estado de derecho y se acaten las resoluciones legales de las instancias jurídicas que ordenan que le sean regresados en su domicilio los perros sobrevivientes a la ciudadana Dora Julia Anaya.

B) Que se permita una revisión técnica y científica de las condiciones de salud de los perros y una revisión realizadas por instancias académicas y científicas independientes del gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Tepoztlán con la participación como observadores de asociaciones independientes de protectores de animales para determinar la viabilidad de la permanencia de los perros en la propiedad de Dora Julia Anaya.

C) Que sean castigadas debidamente de acuerdo con la ley las autoridades que han actuado de manera ilegal y abusiva provocando sufrimientos indebidos y poniendo en riesgo la vida tanto de los 162 perros originales como de la Señora Dora Julia Anaya.

 

Mariaelena Hoyo Bastien

Paola Leonorilda Ramírez Ochoa

Merle Uribe

PROBIAN, Protección y Bienestar Animal A.C.

PIAT TEPOZ, Protectores Independientes de Animales de Tepoztlán

UCMA, Universitarios Contra el Maltrato Animal

KOGA, Adopciones y Rescates AC

Mtra. Isabel Toledo Guzmán ANIMALIA MORELOS

Dr. Rodolfo Uribe Iniesta

Dra. Marina Rincón González

Edna V. Rivera Domínguez

Janina Hidalgo Ibarra

Nash Suárez McAuliffe

Manolo Gutiérrez

Zandra Z Zuniga

Gerardo Villaseñor 

Luis A. Comadurán Souza

Myriam Riviello

Rocío Gutiérrez Barón

Diana Cortes Maldonado

Olga Posadas Romero

Jamnia Gabriela Torres Torner

Clarenns González

 

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Esta petición será entregada a:
  • Secretario de Gobernacion
    Miguel Angel Osorio Chong
  • Leonardo Reyes Martínez

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