En Argentina no se cumplen los estándares de protección a los Derechos Humanos en términos de transparencia, participación rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. 

1.La distribución de vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación;

2. No se brindó información adecuada y suficiente sobre las vacunas que se aplican en el país;

3. No se respetaron los derechos de acceso a la información, transparencia y combate contra la corrupción.

Todos conocemos los lamentables hechos de vacunación vip con privilegio de algunos amigos del poder que no comprendían personal estratégico ni de riesgo. Así, se benefició a periodistas y militantes con discrecionalidad política.

Se delegó la administración de vacunas a organizaciones políticas partidarias en lugares ajenos a los centros de vacunación adecuados, utilizando propaganda político partidaria aprovechando electoralmente su aplicación.

Se comenzó una distribución inequitativa de vacunas a las provincias y municipios según su conducción partidaria.

Los mecanismos de adquisición de vacunas carecen de transparencia activa en perjuicio del interés público. Con la excusa de la confidencialidad  se ocultó información y se direccionó las contrataciones con sospechosos manejos de preferencias geopolíticas con participación de empresas locales. 

En conclusión, la Argentina no cuenta con suficientes vacunas para enfrentar la segunda ola de Covid-19, no recibe ¨ciertas¨ vacunas como Pfizer por razones aún desconocidas, dejó pasar la prioridad de contar con 13.000.000 de dosis de Pfizer y las contadas vacunas recibidas no son administradas rápida y eficientemente.

Los argentinos tenemos derecho a saber por qué no se está evitando más de 80.000 muertes.