Nos dirigimos sin freno hacia un escenario inquietante, donde la humanidad en buena medida será marginada del trabajo, tal y como lo conocemos hoy en día. Es por ello, que se hace absolutamente necesaria la actualización del Sistema de Pensiones, con el fin de incorporar la cotización a la Seguridad Social de máquinas y sistemas informáticos que sustituyan el trabajo humano. Una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y la supervivencia humana.

Hoy más que nunca, debemos preguntarnos: ¿Qué es un trabajador? La respuesta es clara: Un trabajador es una persona, una máquina o sistema informático; en definitiva, cualquier tecnología, aparato, software o dispositivo capaz de ejecutar tareas laborales de forma automatizada, sustituyendo total o parcialmente a la mano de obra humana. Esto incluye sistemas de inteligencia artificial, robots, algoritmos de procesamiento de datos, plataformas de automatización y cualquier tecnología que realice trabajos previamente desempeñados por personas físicas.

En consecuencia, cuando una empresa utilice sistemas informáticos, máquinas o tecnologías automatizadas para realizar trabajos que previamente eran desempeñados por personas físicas, deberá asumir la obligación de cotizar a la Seguridad Social por las tareas realizadas. La aportación se realizará en términos equivalentes a los beneficios que se generen por la automatización y sustitución del trabajo humano, con el objetivo de garantizar los derechos sociales de los trabajadores desplazados y mantener la viabilidad del sistema de Seguridad Social.

En cuanto a la evaluación y control, las empresas deberán presentar anualmente ante la Tesorería General de la Seguridad Social un informe detallado sobre el uso de tecnologías automatizadas y su impacto en la reducción de la necesidad de empleo humano. Dicho informe incluirá datos sobre la cantidad de trabajadores desplazados y las medidas adoptadas para su recualificación, así como los beneficios derivados de la automatización que se estén destinando a la cotización a la Seguridad Social.

Por último, la Administración del Estado; o en su caso, las Comunidades Autónomas si tuvieran competencias para ello, redactarán el correspondiente Reglamento donde se fijará la normativa para estas nuevas aportaciones a la Seguridad Social, estableciendo los mecanismos necesarios para la correcta implementación y seguimiento de este marco laboral.

Apoyemos juntos este cambio para construir un país más justo y democrático.

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