Más de 40 docentes en fase de prácticas en la Comunidad de Madrid podemos ser calificados de forma injusta como “no aptos”, lo que supondría multiplicar por diez la cifra media de años anteriores y sentaría un peligroso precedente para el personal interino seleccionado en futuros procesos selectivos.
Los docentes afectados hemos cumplido con todos los elementos esenciales del periodo de prácticas: asistencia a las sesiones presenciales del curso de formación, realización de actividades formativas ya superadas en el Aula Virtual, y evaluaciones favorables por parte de la Inspección Educativa, los tutores de prácticas y los equipos directivos de nuestros centros. Sin embargo, la omisión de un único cuestionario
dentro del Aula Virtual (un trámite administrativo puntual y claramente subsanable) está siendo considerado motivo suficiente para invalidar todo el proceso.
De confirmarse esta decisión, las consecuencias serían especialmente graves: repetición íntegra del periodo de prácticas, pérdida del destino definitivo en los casos en los que ya se había dado, y una penalización en el orden de elección de plazas para el próximo curso (relegándonos al último lugar de entre los seleccionados de nuestra promoción).
Los afectados y afectadas, reunidos en la Plataforma Prácticas Dignas – Docentes Madrid, consideramos esta medida desproporcionada y alertamos de un cambio de criterio respecto a años anteriores, en que sí se habilitaron mecanismos de recuperación para este tipo de incidencias.

El diseño del curso, con múltiples cuestionarios sujetos a diferentes fechas de apertura y cierre, introduce una elevada fragmentación en los plazos administrativos. Esta estructura obliga al profesorado a gestionar simultáneamente un elevado número de hitos formales, en un contexto de alta carga docente y burocrática, lo que incrementa el riesgo de errores puntuales en trámites que no reflejan el desempeño profesional global. Esto queda patente en el hecho de que en las convocatorias anteriores, tan solo  fueron declarados no aptos entre 3 y 7 funcionarios en prácticas, frente a los no menos de cuarenta, que se sepa, de la convocatoria actual (todos ellos con evaluaciones favorables por parte de Inspección).
La administración reconocía la necesidad de estudiar una reducción de la carga burocrática que desborda al personal docente cuando en el último Acuerdo sectorial, firmado hace un año, valoraba que disminución de la burocracia como uno de los factores que puede ayudar a mejorar el trabajo de los docentes, y planteaba la negociación de un plan de simplificación con la intención de ponerlo en práctica “con la
mayor inmediatez posible”.
La carga burocrática del profesorado durante la fase de prácticas es significativamente mayor, y reclamamos por ello que esa respuesta inmediata a la que se emplazaba la administración empiece por dar una solución a nuestra situación y por analizar los fallos en la planificación del curso para que el apto o no apto del personal seleccionado en un futuro dependa exclusivamente de su desempeño profesional. A la sobrecarga burocrática que afecta a todo el personal docente no se puede añadir más burocracia injustificada y estéril, cuyo único efecto es generar incidencias de este tipo.

Apelamos al principio de proporcionalidad y coherencia administrativa, recordando que en otros procedimientos gestionados por la propia administración educativa sí se contemplan plazos de subsanación o corrección de errores formales, especialmente cuando no afectan al fondo de la evaluación, y con más razón si como ha ocurrido en no pocos casos, las incidencias se han debido a fallos de la propia plataforma online.

Hemos solicitado a la Consejera de Educación una solución urgente, proporcionada y coherente con precedentes recientes ante una mala planificación por parte del anterior equipo al frente de la Consejería, mediante la habilitación de un plazo extraordinario o un módulo de recuperación que permita a todos los afectados completar el cuestionario pendiente sin consecuencias irreversibles. Esta situación no beneficia a nadie. Se trata de un problema con fácil solución y cuya subsanación no perjudica en modo alguno al resto de compañeros que sí están en disposición de obtener el apto.

El problema aún está en tiempo de ser resuelto, puesto que el periodo de prácticas aún no ha concluido. Sólo hace falta voluntad, flexibilidad y comprensión por parte de la administración para ponerle solución. Con ello pretendemos también asegurar unas prácticas dignas para futuras convocatorias, de modo que la superación del periodo de prácticas dependa exclusivamente del buen desempeño docente.