Haber clausurado la AFSCA y la AFTYC significa la suspensión de la ley 26522 (LEY DE MEDIOS) afectando la legalidad y la constitucionalidad de la norma.

Exijo su pronta restitución, puesto que es una violación que nos afecta como ciudadanos con derecho a la libertad de expresión y al libre acceso a la información, y que beneficia a los grandes monopolios mediáticos, especialmente al Grupo Clarín, que ha dado pruebas de su mala fe, ocultando y distorsionando la información.