Coalición en Defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (San Juan)
La causa
ANTE EL AVASALLAMIENTO LA LEY 26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Los firmantes, constituidos en Coalición en Defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (San Juan), en sintonía con demandas similares en todo el país, invocamos a nuestros representantes en el Congreso de la Nación a defender la institucionalidad y la plena aplicabilidad de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 con amplia mayoría de ambas cámaras luego de un extenso e inédito debate social y ciudadano.
Lo hacemos desde un estado de alerta frente a lo que entendemos como una vulneración de la normativa que define a la comunicación audiovisual como un derecho humano antes que como una mercancía y que contó para su aprobación con la legitimidad social que le otorgó un amplio debate y años de lucha de la sociedad civil organizada.
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 13, coloca bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Ambos, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son organismos descentralizados y autárquicos que funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuya conformación colegiada y mandato desacoplado constituyeron conquistas democráticas sin precedentes. Al ubicar bajo la órbita ministerial a ambas autoridades, se genera una subordinación de todas sus atribuciones a la figura del ministro de Comunicaciones. Se trata, por lo tanto, de una virtual intervención en organismos que se encuentran en pleno funcionamiento y que se han conformado a partir de las tres minorías parlamentarias y de representantes sectoriales, de las universidades, pueblos originarios, etc.
Acciones como estas nos indican que no se está respetando la institucionalidad toda vez que no se han seguido los pasos necesarios para modificar una ley de la democracia, que contó con amplios consensos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros representantes que no ratifiquen este decreto y se expidan públicamente sobre este tema.
La causa
ANTE EL AVASALLAMIENTO LA LEY 26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Los firmantes, constituidos en Coalición en Defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (San Juan), en sintonía con demandas similares en todo el país, invocamos a nuestros representantes en el Congreso de la Nación a defender la institucionalidad y la plena aplicabilidad de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 con amplia mayoría de ambas cámaras luego de un extenso e inédito debate social y ciudadano.
Lo hacemos desde un estado de alerta frente a lo que entendemos como una vulneración de la normativa que define a la comunicación audiovisual como un derecho humano antes que como una mercancía y que contó para su aprobación con la legitimidad social que le otorgó un amplio debate y años de lucha de la sociedad civil organizada.
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 13, coloca bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Ambos, según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son organismos descentralizados y autárquicos que funcionan en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuya conformación colegiada y mandato desacoplado constituyeron conquistas democráticas sin precedentes. Al ubicar bajo la órbita ministerial a ambas autoridades, se genera una subordinación de todas sus atribuciones a la figura del ministro de Comunicaciones. Se trata, por lo tanto, de una virtual intervención en organismos que se encuentran en pleno funcionamiento y que se han conformado a partir de las tres minorías parlamentarias y de representantes sectoriales, de las universidades, pueblos originarios, etc.
Acciones como estas nos indican que no se está respetando la institucionalidad toda vez que no se han seguido los pasos necesarios para modificar una ley de la democracia, que contó con amplios consensos.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros representantes que no ratifiquen este decreto y se expidan públicamente sobre este tema.
Los tomadores de decisiones
Actualizaciones de la petición
Compartir esta petición
Petición creada en 21 de diciembre de 2015