LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, UN DESASTRE PARA LOS RESTAURADORES Y EL PATRIMONIO

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Si estás de acuerdo y eres consciente del desastre que suponen para el Patrimonio Histórico Artístico y para los conservadores-restauradores de bienes culturales (y en general para todos los profesionales autónomos y pequeñas-medianas empresas que contratan directamente con la administración) las actuales exigencias recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público y su Reglamento, en cuanto a los requisitos de Capacidad Técnica y Solvencia Económica, FIRMA ESTA CARTA que presentaremos, además de al Presidente del Gobierno y al Jefe de la Oposición en el Congreso de Diputados, a los partidos políticos para que, conscientes del problema generado, actúen y modifiquen dicha Ley en beneficio de todos y, sobre todo, del Patrimonio Histórico Artístico Nacional.

La aplicación del artículo 11 del Reglamento correspondiente la Ley de Contratos del Sector Público para la restauración y los restauradores, conlleva a la paulatina desaparición de la figura del restaurador autónomo y de las pequeñas empresas de restauración como sujetos contratantes de la administración, en beneficio de las grandes empresas, habitualmente del ámbito de la construcción.
El artículo 11 del Reglamento está redactado de tal forma y carácter que únicamente favorece a las grandes empresas constructoras que, de manera general, contratan con la administración todo tipo y clase de obras. Esta práctica dificulta enormemente el acceso a las licitaciones públicas de los profesionales autónomos y las pequeñas empresas de restauración, además de acabar con la competencia para las grandes constructoras (especializadas en las bajadas de precios y no en la calidad técnica) de las mejores ofertas técnicas presentadas por los profesionales especialmente formados en conservación-restauración de bienes culturales. Además, se da la paradoja que estas constructoras tendrán luego que contratar a estas pequeñas empresas de restauración y/o a profesionales autónomos (al precio y salario de miseria) en las condiciones que ellas deseen, para poder realizar el trabajo adjudicado por la administración.
Un ejemplo sobre lo que la aplicación del artículo 11 del Reglamento supone: si en cinco años una empresa de restauración o un restaurador autónomo no interviene en pintura mural -porque ha estado restaurando retablos u otro tipo de obras-, la administración entiende que ya no puede superar la “Capacidad Técnica” que se le exige para un contrato de restauración de murales, aunque seis años atrás hubiera intervenido en los murales del Panteón de San Isidoro de León, en la misma capilla Sixtina, o incluso hubiera sido “premio nacional de restauración” por haber realizado una magnífica restauración de pintura mural. Otro ejemplo práctico: el año pasado la Diputación de Sevilla saca a licitación la restauración de diecisiete cuadros. Como requisito se pide una “Capacidad Técnica” en donde los restauradores autónomos necesitan acreditar cinco obras similares realizadas en los últimos cinco años. El resultado es que grandes profesionales, con más de treinta años de profesión y extensos historiales de restauración de lienzos, no se pueden presentar a esa licitación por no cumplir con el requisito absurdo de “los últimos cinco años”. Es como si la administración entendiera que, pasados cinco años, todo se olvida, y que los trabajos anteriores ya no cuentan. En la mayoría de ocasiones, la experiencia profesional de empresas y restauradores, en vez de crecer, técnicamente hablando, decrece.
Por otro lado, un requisito más a tener en cuenta en este tipo de contratos es el de la “Solvencia Económica”: si en uno de los últimos tres años una empresa o un profesional autónomo no ha facturado, en materia de restauración, una cantidad al menos una vez y media del presupuesto que la licitación oferta, no puede obtener la solvencia económica requerida, es decir, que para licitar a una obra de trescientos cincuenta mil euros, se tiene que haber facturado en unos de esos tres años unos quinientos cincuenta mil euros, aproximadamente. No es suficiente un aval sobre el propio patrimonio o que realice cualquiera de los grandes bancos de este país.
Por tanto, se puede deducir que la aplicación de éste funesto Reglamento, por parte de las administraciones, acabará con la posibilidad de que los restauradores podamos formar nuestra pequeña empresa o nos desarrollemos como profesionales autónomos y ofertemos calidad, innovación y profesionalidad. La restauración y los restauradores -el grueso de compañeros que pasa su vida en iglesias, excavaciones y conjuntos monumentales- quedan ahora en manos de grandes constructoras, para quienes la restauración no es otra cosa que una cuenta de resultados económicos. Nada más lejos de esta profesión vocacional que todos amamos y vivimos con pasión.
En resumen, el artículo 11 del Reglamento, parece estar redactado por y para las grandes constructoras (quizá debido a la crisis económica), para eliminar parte de la competencia. Sin embargo, alguna Administración y en alguna licitación, como es el caso y es justo reconocérselo, el de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Castilla y León, está utilizando el único recurso al que se puede acoger para “salvar” la perversa redacción de la norma. Esto es, el párrafo 3 del apartado 4 a) del artículo 11, que permite que en los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales (no se especifica a qué servicios profesionales se refiere), se acredite la solvencia económica y financiera mediante la petición del órgano licitador de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, en lugar del volumen anual de negocios -la cifra exigida de vez y media del presupuesto de licitación-, circunstancia que hemos agradecido y recibido con alivio.
La Consejería de Cultura de la Comunidad de Castilla y León, ha dado un ejemplo notorio de sensibilidad ante el problema que se les presenta a los restauradores. No es el caso del Ministerio de Cultura, en concreto de la Mesa de Contratación, que, sabiendo del doloso problema -porque se le ha informado-, ha obviado ponerle solución, actuando sin ninguna sensibilidad en las pocas licitaciones de restauración de bienes muebles que ha presentado últimamente.
Los restauradores contábamos, hasta hace poco tiempo en Hacienda, con una clasificación particular para restaurar Obras de Arte y Bienes Muebles, que se iba adquiriendo en función de la importancia y experiencia acumulada por las empresas o autónomos, es decir, teníamos la opción de ir creciendo y aumentando, con los años, nuestro grado de Clasificación como empresas de servicios, lo que nos blindaba ante el abuso de las empresas de clasificación K (clasificación exigida para las obras, aunque sean de restauración de edificios, pero NO para la restauración de las obras de arte, o bienes muebles en ellos contenidas). Hacienda la suprimió alegando que era una medida para favorecer el acceso a las licitaciones del mayor número de restauradores, lo que ha resultado una falsedad. Ahora vemos que esa medida, lejos de favorecer a los restauradores y al patrimonio, sólo favorece a las constructoras con clasificación K, y que los restauradores no podemos tener acceso a esas licitaciones de restauración de Obras de Arte y Bienes Muebles, que son nuestra especialidad y para las que estamos formados, por las duras y absurdas condiciones que se nos exige y por las que se nos discrimina. Eso sí, estamos exentos de presentar cualquier requisito de solvencia económica y financiera (salvo que los pliegos establezcan de modo expreso su exigencia) para contratos cuyo valor estimado sea menos de 35.000 euros.
Por ejemplo: se van a restaurar dos cúpulas con pinturas murales en San Francisco el Grande de Madrid. El órgano licitador es La Obra Pía de los Santos Lugares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el proyecto y la ejecución están realizados y tutelados por el Instituto del Patrimonio Cultural de España que, además, llevará la dirección técnica. La licitación está abierta a empresas del grupo K, y en caso de no tener esa clasificación (que recordemos está establecida para los contratos de obras) se exigirá que se haya tenido una facturación anual en los últimos tres años de 600.000 euros (la licitación es de 350.000 euros). ¿Cuántas empresas de restauradores o restauradores autónomos en España se pueden presentar a esta licitación?
Pero imaginaros, y llegamos al paroxismo, hasta qué punto puede ser esta Ley, además de absurda; inhumana y misógina: si una restauradora decide tener un par de hijos de manera consecutiva, y dejar su profesión aparcada cinco o seis años -en el uso legítimo de su libertad- para criar a sus hijos, cuando quiera volver a retomar su vida profesional no lo podrá hacer en igualdad de condiciones y solo lo logrará con muchísimas dificultades, ya que para la administración, a la hora de licitar y competir, sus trabajos y méritos anteriores a los últimos cinco años, no existen.
El futuro se presenta oscuro y duro con esta Ley, no sólo porque la cuantía económica a los restauradores vaya a depender ahora de la buena o mala voluntad de las empresas del grupo K, que serán las que contratarán directamente con la administración, sino porque la figura del restaurador vocacional, amante de su trabajo, esforzado por adquirir conocimientos y desarrollar a conciencia su profesión, pasa a ser una figura de “asimilado a la construcción”, un ser servil de la cuenta de resultados económicos de una constructora, en donde se le apreciará por lo rápido que haga su trabajo; y ya sabéis lo que supone el poco tiempo en el desarrollo de nuestras tareas.
Para los restauradores y la restauración, la solución a esta grave situación es difícil y pasa por enderezar el timón antes de que el barco se estrelle definitivamente, publicitando y explicando el grave error, y el paso atrás que supone, para el patrimonio, la extinción de las empresas de restauradores y la del restaurador autónomo que contrata directamente con la administración su trabajo. Esta denuncia la hacemos teniendo presente la excelencia necesaria en la labor de salvaguardar el patrimonio, denunciando la falta de sensibilidad de esta Ley y de las administraciones que la aplican.
Invito a todos para que toméis conciencia del problema y defendáis la figura del restaurador independiente, consecuente y amante de su labor, que trabaja con conciencia vocacional desde su figura de autónomo o desde una pequeña empresa de restauradores. Así como a los compañeros que, trabajando en las administraciones, en los museos y en los entes públicos, tienen el deber de solidarizarse con los profesionales afectados, denunciando las deficiencias de esta Ley, porque de esta manera dignifican la profesión que todos amamos y ejercemos, y por encima de todo, ayudan a salvaguardar el patrimonio.
Juan Aguilar
Conservador-Restaurador de Bienes Culturales

 



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