Exigimos la intervención del Gobierno Federal y Estatal para detener las detenciones ilegales de conductores de Uber en Quintana Roo

A la comunidad y autoridades del Gobierno Federal y Estatal:

En las últimas semanas, hemos sido testigos de una preocupante ola de detenciones y acoso hacia los conductores de la plataforma Uber en el Estado de Quintana Roo, ejecutadas por el Instituto de Movilidad del Estado (IMOVEQROO). A pesar de que Uber cuenta con un amparo con suspensión definitiva otorgado por los tribunales, el Instituto ha argumentado que dicho amparo solo protege a la empresa Uber y no a los conductores. Esto ha generado una situación alarmante y de grave injusticia.

Los conductores se encuentran en una posición vulnerable, ya que no solo se les niega la posibilidad de tramitar el permiso que se les exige, sino que son víctimas de una brutal cacería. Esta práctica, conocida como "entrapment" (trampa), consiste en utilizar terceras personas que solicitan el servicio a través de la plataforma, y posteriormente informan a las autoridades para que se detenga a los conductores y sus vehículos sean remolcados. Este tipo de acciones son consideradas ilegales bajo diversas normativas, incluidas las contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la justicia por propia mano y el uso de tácticas desleales para imponer sanciones.

Fundamentos legales:

1. Amparo con suspensión definitiva: La suspensión definitiva otorgada por los tribunales protege tanto a la empresa como a sus colaboradores (en este caso, los conductores), permitiéndoles operar sin ser objeto de sanciones arbitrarias. Según lo dispuesto en la Ley de Amparo, la protección incluye no solo a la persona jurídica que tramita el amparo, sino a los actos y personas que derivan de su operación legal.

2. Entrapment como delito: La práctica de “entrapment” es considerada ilegal en varios ordenamientos jurídicos, ya que constituye una violación al debido proceso y a los derechos humanos de los ciudadanos. En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no se deben utilizar medios ilícitos para capturar o sancionar a una persona. Esta táctica va en contra de la garantía de defensa adecuada que todo ciudadano merece, conforme al artículo 20 constitucional.

3. Negativa de permisos: Negar el acceso al permiso solicitado por los conductores es una violación directa al principio de legalidad y certeza jurídica, consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Toda autoridad está obligada a fundamentar y motivar sus actos. El Instituto de Movilidad no ha emitido lineamientos claros para el trámite del permiso, lo que genera incertidumbre y pone en riesgo la subsistencia de los conductores que dependen de esta actividad.

Exigimos lo siguiente:

1. Que el Gobierno Federal y Estatal intervengan de manera urgente para frenar las detenciones arbitrarias de los conductores de Uber en Quintana Roo y el uso de tácticas ilegales como el "entrapment".

2. Que se garantice el respeto al amparo con suspensión definitiva otorgado a Uber, extendiendo su protección a todos los conductores afiliados a la plataforma, ya que están operando bajo las disposiciones legales vigentes.

3. Que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo aclare y publique los lineamientos precisos para la obtención de los permisos necesarios, y que se otorguen de manera justa y accesible para los conductores que dependen de esta fuente de ingreso.

Firma esta petición para que las autoridades tomen cartas en el asunto y se ponga fin a esta situación de acoso y violación a los derechos de los conductores de plataformas digitales. Las acciones tomadas hasta ahora no solo son ilegales, sino que afectan la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad.

¡Es hora de poner un alto a la injusticia en Quintana Roo! Por un derecho al libre tránsito de conductores y pasajeros. 

FDRL