En la conferencia mañanera del 8 de agosto de 2022, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

De realizarse, esta acción sería inconstitucional ya que el Artículo 21 de la Constitución específica que la Guardia Nacional deberá ser adscrita al ramo de seguridad pública y que deberá ser de carácter civil. A su vez cualquier modificación a lo antes mencionado debiera pasar por el debate y la votación del Congreso de la Unión, con base en la separación de poderes, pilar de cualquier democracia consolidada. 

Por medio de esta petición exhortamos al Presidente que respete la separación de poderes, cumpla con el orden constitucional democrático mexicano y se retracte con respecto a estas declaraciones preocupantes para la paz y el desarrollo democrático de México. Pedimos al Congreso de la Unión frene esta tendencia a la militarización, garantice la separación de poderes y el respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

También exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver a la brevedad sobre el Acuerdo Presidencial del 11 de mayo de 2020 que evidenció y fortaleció la militarización de la seguridad pública y que hoy sigue haciendo objeto de una controversia constitucional (aún sin resolverse) en la Corte.

En el Acuerdo del 11 de mayo de 2020 , no hay una subordinación de las fuerzas a una autoridad civil, sino un mecanismo de coordinación con fuerte presencia militar.  Amplía facultades que no corresponden a la Fuerza Armada, evidenciando el espíritu militar de la Reforma Constitucional creando la Guardia Nacional y a su vez violando los principios establecidos en su transitorio quinto: "Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria". Ese acuerdo como las declaraciones del día 8 de agosto de 2022 anunciando que la Guardia Nacional, supuestamente bajo mando civil, pasaría a depender del poder militar violentan todos los principios mencionados en el quinto transitorio. 

El Acuerdo de 2020 otorgaba facultades a las fuerzas armadas para realizar acciones de seguridad pública sin control externo, sin transparencia o rendición de cuentas como lo exige la Constitución. Por ejemplo, se les facultaba para realizar detenciones, acciones de seguridad en las fronteras (hoy deteniendo y violentando a personas migrantes en la impunidad) aduanas, aeropuertos, carreteras, parques, medios de transportes entre otras actividades. Lo vimos recientemente con el declarar obras ecocidas de carácter de "seguridad nacional" para también entregarlas al poder militar y seguir fomentando la opacidad, la impunidad y los intereses de unos cuantos. 

Varias colectivas y organizaciones como #SeguridadSinGuerra ( que suma más de 300 organizaciones y personas) ya se han pronunciado con evidencias sobre los peligros y efectos nocivos de la militarización para la paz, la reconciliación, la seguridad y la democracia en México, solicitando una estrategia de seguridad pública basada en el mando civil, la prevención, la reinserción social, la garantía del Estado de Derecho, de la normatividad en vigor, de la profesionalización y dignificación de las policías, de los derechos humanos, así como de los compromisos internacionales ratificados por México. 

Buscar la paz y fortalecer la democracia en México implica detener el crecimiento inconstitucional de la militarización de la vida y de la seguridad pública en nuestro país, rompiendo con la tendencia impuesta y fallida de más de 16 años de acción militar en el ámbito civil sin resultados para la seguridad de la población. La oportunidad debe ser el trabajo con la ciudadanía, con la sociedad civil (sin amenazas ni estigmatización) rumbo a una pacificación real de nuestros territorios y de nuestras comunidades desde la reconciliación. 

¡No a la militarización y a la violación de la Constitución, sí al diálogo. al Estado de Derecho y a la construcción de paz!