Los que firmamos este pronunciamiento, profesores e investigadores de las ciencias sociales, externamos nuestra enorme preocupación por la violencia paramilitar que están sufriendo los pueblos indígenas en varias regiones del estado de Chiapas.

A finales de los años 90, el Estado implementó una política que impulsó la operación de grupos civiles armados afines al Gobierno para intentar contener la lucha social e indígena que se había generado a partir del levantamiento zapatista de 1994. Esta táctica contrainsurgente dejó una estela de muerte y desplazamiento forzado de cientos de personas. Los máximos responsables y los autores intelectuales de esta política –que tuvo su clímax en un hecho tan deleznable como la masacre de Acteal– siguen impunes. Los hechos recientes nos muestran claramente que los grupos por ellos creados siguen activos dos décadas después.

La actividad paramilitar se ha reactivado; si no exactamente en los mismos parajes y comunidades, sí en los mismos municipios y regiones, por ejemplo Chenalhó y la Zona Norte. Varios sucesos violentos podrían parecer aislados, pero forman un conjunto de acciones a las que se les resta importancia y han llevado silenciosamente a la muerte de civiles. Nos referimos a los supuestos conflictos “intercomunitarios”, como ya los calificaba en su momento Zedillo, Robledo, Ruiz Ferro y Albores Guillén, entre Chenalhó y los municipios de Chalchihuitan y Aldama; la quema de bodegas de bases de apoyo zapatista en Cuxuljá; o los recientes asesinatos perpetrados en Tila por el grupo paramilitar “Paz y Justicia”.

Vemos con indignación la repetición de hechos que en 1997 desembocaron en los sucesos trágicos como el de Acteal: las denuncias bien documentadas por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre la actividad paramilitar; y la declaración de los tres niveles de gobierno minimizando los hechos y dejando actuar a estos grupos violentos.

La historia demostró la responsabilidad del Estado en aquellos años. Ahora nos preocupa que los actuales gobiernos federal y local se muestren endebles e ineficaces ante los grupos paramilitares. 

Exigimos que condenen enérgicamente los recientes hechos de violencia. Y más importante todavía, que tomen acciones contundentes para frenar la escalada criminal contra los pueblos indígenas que luchan por sus derechos.