Proponemos adherir una ley de salud mental a las actuales leyes de la salud estatales.

El país actualmente no cuenta con los servicios públicos de salud mental que la población requiere, siendo mínima la suma de ingresos que son destinados para esta (menos del 1% del presupuesto para salud), dando como resultado que esta área sea exclusiva para personas con recursos suficientes para pagarla en el ámbito privado. De modo que se restringe el acceso a la salud mental a la población vulnerable, que representa en muchos casos quienes más la requieren al vivir en situaciones adversas. 

Ecuador no cuenta con leyes que respalden la salud mental por lo que incluso en el ámbito privado no se cubren las consultas que implican todo lo relacionado a ello en los seguros. 

Le pedimos a la Asamblea que promulgue la Ley de Salud Mental en Ecuador. Y que el  CNE que acepte las leyes antes propuestas por el colegio de psiquiatría y demás conglomerados y que se informe el motivo de tantos rechazos a la misma.

Es importante recalcar que debido a la pandemia los índices de suicidio del país aumentaron drasticamente, lo cual refleja la negligencia por parte del estado en este ámbito.

También se exige que en el ámbito de salud, los psicólogos clínicos participen en el servicio rural de salud para de este modo poder tener un mayor alcance nacional para poblaciones alejadas que lo requieran y para que los futuros profesionales expandan sus conocimientos y experiencia ofreciendo un servicio de calidad de suma importancia a la comunidad. 

Requerimos reformar las leyes propuestas anteriormente para que sean aceptadas de la manera correspondiente sin más retrasos ni negligencia por parte del estado.

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