Boletín N° 18326-18 : Proyecto de ley propone sanciones para falsas denuncias, informes periciales deficientes y actuaciones profesionales contrarias a la verdad

Como parte del trabajo desarrollado durante meses por profesionales de distintas disciplinas, representantes de la sociedad civil y parlamentarios de diversos sectores políticos, fue presentado el proyecto de ley "que refuerza la protección integral de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y establece medidas de prevención y sanción de falsos informes y denuncias" (Boletín N° 18326-18).

La iniciativa busca fortalecer la confiabilidad del sistema de protección de la infancia, estableciendo mecanismos para prevenir y sancionar la utilización abusiva de denuncias, peritajes e informes técnicos que puedan generar decisiones judiciales basadas en antecedentes falsos, sesgados o carentes de fundamento empírico.

El proyecto incorpora nuevas exigencias para los informes periciales, estableciendo estándares de triangulación de información, verificación de hipótesis alternativas, escalas de validez y la obligación de acreditar un nexo lógico entre los hallazgos técnicos y las recomendaciones formuladas al tribunal.

Asimismo, propone la creación de responsabilidades civiles, penales y administrativas para los profesionales o funcionarios que elaboren informes falsos, manipulados, sesgados o técnicamente deficientes que incidan en la suspensión de vínculos familiares o en la separación de un niño, niña o adolescente de uno de sus progenitores.

En materia penal, la iniciativa amplía las sanciones para quienes formulen falsas denuncias, presenten pruebas falsas o entreguen falso testimonio en procedimientos de familia cuando dichas conductas provoquen la separación de un niño de alguno de sus progenitores.

Además, el proyecto establece que los abogados que, a sabiendas de su falsedad, patrocinen este tipo de denuncias podrán ser sancionados con la suspensión del ejercicio profesional durante el tiempo de la condena, reforzando así el deber de probidad y buena fe en los procesos judiciales.

La propuesta enfatiza expresamente que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse como una limitación a las denuncias legítimas o una disminución de la protección que el Estado debe brindar a las víctimas reales de violencia, abuso sexual u otras vulneraciones graves de derechos.

Su objetivo es fortalecer la protección de la infancia mediante decisiones judiciales fundadas en evidencia, rigor técnico y respeto al debido proceso.

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