Esta iniciativa propone abrir en Chiapas una discusión legislativa seria sobre cómo proteger mejor a niñas, niños y adolescentes frente a los delitos sexuales.

La propuesta busca reformar el marco legal para endurecer de manera proporcional las penas aplicables a las conductas más graves, fortalecer la investigación especializada y mejorar la capacidad del Estado para prevenir nuevas víctimas, investigar correctamente y garantizar justicia y reparación.

También plantea sanciones específicas para quienes encubran al agresor o interfieran con la investigación: oculten o destruyan pruebas, fabriquen evidencia, proporcionen información falsa, ayuden al responsable a evadir la justicia o manipulen a una víctima menor de edad para que calle, cambie su relato o se retracte.

El parentesco, matrimonio, concubinato o cualquier relación afectiva con el agresor no deberían funcionar como protección para quien deliberadamente participe en su encubrimiento.

La iniciativa incorpora también las nuevas formas de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes. Esto incluye el uso de inteligencia artificial para generar imágenes, videos o audios sexuales falsos de menores; deepfakes y desnudez artificial; clonación de voz; suplantación de identidad; engaño o captación de menores mediante perfiles, avatares o sistemas de IA; y el uso de contenido real o sintético para amenazar, presionar o extorsionar sexualmente a una víctima.

La tecnología cambia. La protección de la infancia también debe actualizarse.

Proponemos además consecuencias claras para las personas servidoras públicas que, teniendo la obligación de proteger a una víctima o investigar estos delitos, incurran en omisiones deliberadas o negligencia grave: pérdida de evidencia, incumplimiento de medidas de protección, retrasos injustificados, falta de preservación de pruebas digitales o desatención de información que pueda advertir sobre otras posibles víctimas.

No buscamos criminalizar un simple error administrativo o una diferencia de criterio profesional. Buscamos que exista responsabilidad cuando una omisión grave e injustificable tenga consecuencias reales para una investigación o para la seguridad de una niña o un niño.

La propuesta contempla también fortalecer por ley la investigación especializada de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, con personal ministerial, policial, psicológico, médico, pericial y de informática forense capacitado específicamente para estos casos.

Otro eje es la reparación integral de las víctimas. No basta con obtener una sentencia. Deben existir mecanismos para garantizar atención psicológica, psiquiátrica y médica presente y futura, daño moral, afectaciones educativas y demás consecuencias del delito. Cuando legalmente proceda, proponemos identificar y asegurar oportunamente bienes y cuentas para evitar que la reparación exista solamente en el papel.

La iniciativa parte de una idea sencilla:

La protección de la infancia no pertenece a una ideología.

No importa si somos de izquierda, derecha o de ninguna corriente política. No importa nuestro partido, religión, orientación sexual, identidad de género, nivel económico o lugar del estado donde vivimos.

Podemos pensar distinto en prácticamente todo lo demás.

Pero deberíamos poder estar de acuerdo en esto:

las niñas y los niños tienen derecho a crecer libres de violencia sexual, y el Estado debe contar con leyes e instituciones capaces de prevenirla, investigarla, sancionarla y reparar integralmente a sus víctimas.

No basta con decir que queremos mucho a los niños.

Protegerlos exige leyes que funcionen, instituciones que actúen, investigaciones profesionales y reparación real.

Esta petición busca llevar esa discusión al Congreso del Estado de Chiapas y construir una iniciativa ciudadana capaz de reunir a personas que quizá no coincidan en muchos otros temas, pero que sí puedan coincidir en uno:

La infancia debe estar primero.