Carta abierta sobre insistencia en tratados bilaterales de inversión

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De nuestra consideración:

Como ex integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (CAITISA), y como miembros de la sociedad civil que apoyan el Tratado Vinculante Sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, hemos recibido con mucha preocupación el anuncio de presentar a 16 países un nuevo modelo de tratado bilateral de protección de inversiones (TBI).

La justificación empleada por voceros de su Gobierno para renegociar estos instrumentos, se ha centrado básicamente en señalar que estos tratados serían determinantes para atraer inversión extranjera directa, y, que la incompatibilidad de estos con la Constitución de Montecristi, se solucionaría limitando el sistema de solución de controversias inversor Estado, a foros regionales o latinoamericanos; argumentos que no han considerado y por lo tanto se contradicen con los resultados de la auditoría ciudadana, contenida en el informe ejecutivo de CAITISA entregado al país.

Si bien el nuevo modelo de TBI incluye cambios leves -principalmente con relación a detalles jurídicos de los millonarios laudos que enfrentó el Ecuador- las empresas transnacionales mantienen derechos exorbitantes y se sigue contemplando al arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias.

La auditoría de CAITISA determinó con toda claridad que estos instrumentos no han sido determinantes en el Ecuador para atraer inversión extranjera directa, que aquella inversión que llegó al país lo hizo en sectores de alta rentabilidad, que su aporte en términos de generación de empleo y bienes que permitan ampliar las posibilidades de producción del país fue baja, y, que en muchos de los casos dejó graves afectaciones sociales y ambientales.

Del análisis que realizó CAITISA de los TBI suscritos por el país, su proceso de negociación y denuncia, quedaron en evidencia graves irregularidades en su negociación y ratificación, y quedó de manifiesto su incompatibilidad con principios transversales de la Constitución como el de igualdad ante la ley y soberanía, así como con el modelo de desarrollo en ella consagrado.

De igual manera la auditoría demostró la grave afectación al patrimonio estatal que implicó la implementación del sistema de arbitraje internacional, que en los casos emblemáticos que enfrentó el Estado ecuatoriano (Chevron y Occidental), además dejó mucho que desear respecto a su objetividad, juridicidad y transparencia.

Nos preocupa que se pretenda negociar nuevos TBI con 16 países, incluyendo algunos que (a diferencia de los años 90) han cuestionado la solución de controversias inversionista-Estado, y, como en el caso de los países europeos, no tienen competencia para negociar por sí mismos este tipo de tratados y su máxima corte de justicia rechazó los arbitrajes inversionista-Estado.

Lamentamos profundamente que el País busque negociar nuevos tratados antes de que concluyan los esfuerzos que Ecuador lidera para la aprobación del Tratado Vinculante Sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos y que legitime el arbitraje internacional, que ha sido uno de los instrumentos de coacción utilizados contra los gobiernos por la grandes transnacionales, para asegurar su impunidad por los atentados cometidos contra los derechos humanos y el ambiente en el Ecuador y en el mundo. Todo esto en un momento en el que la voz ecuatoriana es esperada con expectativa en el marco de las negociaciones multilaterales para reformar el sistema de arbitraje de inversiones que se lleva a cabo en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

Conscientes de la necesidad de atraer capitales foráneos, luego de un estudio exhaustivo, la auditoría recomendó que, en caso de inversores futuros en algún proyecto específico de interés estratégico para el País, el inversor renuncie a los derechos de solución de controversias al amparo de los TBI y que, en su remplazo, se suscriban sólo a los tribunales ad hoc bajo leyes nacionales, como ya lo ha venido aplicando el Estado ecuatoriano con varios contratos de inversión.

Convocamos a que su gobierno reconsidere el inicio de negociaciones y que no omita las recomendaciones de la auditoría ciudadana. Sobre la base de los resultados de CAITISA y los textos del nuevo modelo, estamos prestos para un diálogo constructivo, en defensa de los derechos humanos, la soberanía del Ecuador y los intereses de los pueblos.

Atentamente,

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Dear Mr. President,

As former members of the Commission for the Citizens’ Integral Audit of Reciprocal Investment Protection Treaties and the Investment Arbitration System (CAITISA), and as members of civil society that support the Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights, we are deeply concerned with regards to the announcement that the Government of Ecuador will present a new model bilateral investment treaty (BIT) to 16 countries.

Government’s spokespeople have justified the renegotiation of these treaties basically pointing out that these treaties would be the determining factor in attracting foreign direct investment and that the incompatibility of these treaties with the Ecuadorean Constitution would be resolved limiting the investor-state dispute settlement to regional or Latin American fora. These arguments do not consider, and thus contradict, the results of the Citizens’ Audit, included in the executive report published by CAITISA.

Even though the new model BIT includes small changes – basically with relation to procedural details Ecuador confronted in its million-dollar awards – transnational corporations retain exhorbitant rights and international investor-state arbitration is still included as the mechanism through which dispute resolution can take place.

The CAITISA audit concluded, with due clarity, that these treaties have not been determining in attracting direct foreign investment (FDI) to Ecuador, that such FDI that did arrive did so in high yield sectors, that their contribution to job creation and capital goods was low, and that in many cases it left serious social and environmental impacts.

CAITISA examined all the BITs signed by Ecuador, their negotiating processes and their termination processes. If found that there were serious irregularities in the negotiation and ratification processes and that there were major incompatibilities with the Constitution’s principles such as equality under law, national sovereignty, and the national development model.

Likewise, the audit demonstrated the serious negative consequences of international arbitration on the State’s resources, particularly with regards to key cases (Chevron and Occidental). These cases additionally showed the lack of objectivity, due process and transparency of international arbitration.

We are concerned that new BITs will be negotiated with 16 countries, including some that (unlike in the 1990s) have publicly questioned investor-State dispute settlement, and, in the case of European countries, they do not even have the legal competence to negotiate these treaties individually and its highest court of justice rejected investor-State arbitration.

We deeply regret that Ecuador start to negotiate new treaties before it concludes the efforts it leads for a Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights have concluded, and it thus legitimize international arbitration, considering that it has been one of the instruments used by big corporations to blackmail governments to obtain impunity in violations against human rights and the environment, in Ecuador and around the world. While all this occurs, the world awaits Ecuador’s voice with expectation in the framework of the multilateral negotiations to reform the international investment arbitration system, taking place at UNCITRAL.

After and thorough study, and fully aware of the need to attract foreign capital, in the case of future investors in a specific project of strategic interest for Ecuador, the audit recommended that the investor renounce to any dispute settlement rights under the auspices of any BIT and that, in its replacement, that the investor accept ad hoc tribunals with applicable national law. This practice has already been applied by the Ecuadorean Government in various investment contracts.

We call upon your government to reconsider the start of negotiations and that it not ignore the recommendations of the Citizens’ Audit. On the basis of the CAITISA results and the new model BIT, we are willing to engage in a constructive dialogue in defense of human rights, Ecuador’s sovereignty and the interests of peoples around the world.



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