Todos los abogados defensores de los numerosos funcionarios que han sido denunciados por casos de corrupción, esgrimen como bandera esencial, el principio de inocencia hasta que se condena al imputado. Esto hace que basta con esconder un expediente judicial para que el mayor criminal siga siendo inocente.

Lamentablemente todos estos casos son muy difícil de probar ya que todo se hace en la máxima complicidad y con amplitud de plazos y recursos para planificar los delitos perfectamente. Solo los casos en que la impunidad fue tan exagerada que los actores se confiaron demasiado, pudieron ser probados, o aquellos donde casualmente se los atrapó in-fraganti. A pesar de eso el delito precedente, seguramente, no será probado y solo sufrirán una leve sentencia por la causa de la flagrancia.

Esto se agrava en la situación actual de politización militante de la justicia en que además las causas avanzan o se detienen según la ideología del juzgado en que aterrizan.

El solicitante entiende que es mucho mas fácil para el imputado inocente probar la misma, por lo que solicita que, para estas causas, se elimine el principio de inocencia, cuando se cumplan ciertos requisitos, por ej. una solvencia económica exagerada, una relación conocida con algún imputado, una negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus obligaciones públicas, una acumulación de causas de corrupción, etc. .

Por otro lado los funcionarios públicos ya saben que sus actos deben ser exageradamente claros para evitar cualquier posibilidad de corrupción o perjuicio fiscal, por lo que mi pedido no debería generar mayores problemas a aquellos acusados sin fundamento y facilitaría el trabajo de la justicia y acortaría los plazos de resolución y recuperación de perjuicios.

Pidamos a los legisladores una normativa pertinente o a los jueces una interpretación diferente.