Sres. Legisladores de la Provincia de Córdoba:

Los vecinos de la Provincia, convocados y representados por nuestros Centros Vecinales, reunidos en la Mesa de Seguridad Vecinal de Córdoba conformada por casi 100 Centros vecinales de la Provincia, les queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la creciente inseguridad que vivimos a diario en nuestros barrios: robos a nuestras viviendas, vehículos y comercios, usurpaciones de terrenos, arrebatos de moto-choros y asaltos a mano armada con alto nivel de violencia que han causado daños irreparables a la salud de los vecinos atacados y hasta la pérdida de vidas de inocentes en mano de delincuentes.

Es por ello que solicitamos:

• Plan de TOLERANCIA CERO con el DELITO, sanción de Leyes provinciales en ese sentido.
•  Modificación del Código de Convivencia, Ley N° 10.326: Simplificar los procedimientos policiales y judiciales, actualizar las infracciones y modificar las sanciones, con el fin de asegurar mayor efectividad a la hora de prevenir el delito y proteger a los vecinos.
• Revisión del Código Procesal Penal, para que su aplicación tenga en cuenta la seguridad del vecino denunciante.

Fundamentos:

En los últimos años, el Gobierno no ha sabido encausar la seguridad de los cordobeses a través de Políticas de Estado concretas que aumenten las penas y sanciones hacia el que delinque. En la Provincia de Córdoba, en 2015, hubo un cambio profundo con la sanción del Nuevo Código de Convivencia Ciudadana Ley N° 10.326 de la Provincia de Córdoba, que lejos de evitar las contravenciones y acentuar la prevención del delito, ha resultado letra muerta y en desuso por dos causas: la primera es que para que toda contravención sea juzgada debe mediar una denuncia, o sea, se judicializó el sistema para hechos simples como ruidos molestos o borracheras en espacios públicos. Y segundo porque el sistema de penalidades establecido es burocrático e inaplicable en la realidad que vivimos. Tras más de 6 años de aplicación, el Código de Convivencia Ciudadana no ha resultado ser una herramienta eficaz para la prevención del delito.

Con respecto al Código procesal penal, los vecinos vemos con angustia que tras hacer una denuncia, rápidamente los delincuentes recuperan la libertad, situación que se ha agravado desde el año 2020 por la Pandemia de COVID19, ya que se ha dispuesto que por “delitos menores o si el delincuente no tuviere antecedentes” los infractores sean liberados con prisión domiciliaria. Esto aumenta la reincidencia en el delito y expone peligrosamente a los vecinos a la venganza de los delincuentes, como en el caso de Villa El Prado, en dónde el denunciante resultó asesinado por el denunciado.

Respetamos los derechos establecidos en nuestra Constitución Provincial para con los delincuentes, pero vemos que el grueso de la ciudadanía de la Provincia está desprotegido frente al flagelo de la delincuencia y que falta un sistema claro de prioridades para el Gobierno: se nos pide a los ciudadanos que reforcemos la seguridad encerrándonos cada día más en nuestros hogares, pero no hay un castigo firme y contundente al que viola la Ley.

El Estado y sus poderes, entre ellos el Poder Legislativo, han asumido la obligación de “administrar justicia” y poner el mayor esfuerzo en la prevención en las situaciones individuales y sociales que favorecen el desarrollo de conductas delictivas.

Es por ello que los vecinos de Córdoba exigimos a nuestros Legisladores DICTEN LEYES que garanticen nuestros derechos establecidos en la Carta Magna Provincial, en dónde establece en su Artículo 19, punto 1, el derecho de todas las personas en la Provincia a “a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal”, para poder vivir en una ambiente seguro que posibilite el desarrollo de nuestras actividades con normalidad y dotar a cada ciudadanos de una mejor calidad de vida.

Mesa de Seguridad Vecinal de Córdoba. 

Abril de 2021