Cada año, millones de ciudadanos en España se ven obligados a renovar su DNI. Y lo peor es que, aunque el documento es obligatorio por ley, te hacen pagar por tenerlo al día. Esto afecta especialmente a familias con menos recursos, jóvenes que aún no han empezado a trabajar o personas que simplemente no entienden por qué tienen que pagar por algo que no han pedido ni pueden evitar.

Lo que está en juego es algo más profundo que el dinero: hablamos de justicia administrativa. Si ya estamos pagando impuestos para financiar servicios públicos, ¿por qué se nos impone una tasa por algo que el propio Estado exige? No debería costarnos dinero cumplir la ley. Si aceptamos esto como algo normal, mañana podrían cobrarnos por otros documentos o procesos obligatorios sin rechistar.

Ahora es el momento de levantar la voz. No se trata solo de 12 €, se trata de poner límites al abuso administrativo. Cuantas más personas se sumen, más presión habrá para que el cambio ocurra. Exijamos un DNI gratuito, como derecho, no como privilegio.