Sin embargo, en nuestra legislación, esta medida se contempla de manera residual, para unos aspectos muy concretos, (únicamente, trabajo o estudios), y la cantidad económica destinada no supera las tres o, a lo sumo, cuatro horas diarias. La gran indignación de nuestro colectivo radica en que si decidimos optar por ingresar en una residencia, el Estado paga por una plaza unos 3.000 euros al mes. ¿Por qué no se dedica ese dinero a pagar a asistentes personales y así poder seguir viviendo en nuestro entorno social? Este es el objetivo del Movimiento Internacional de Vida Independiente, que nació en Estados Unidos en los años 60 y que en España lleva militando desde hace unos cuantos años. Bajo esta filosofía, se ha quedado demostrado, a través de varios estudios, que la asistencia personal es más rentable. Hay ciudades, como la de Estocolmo, que disponen sólo de esta figura. La convención aprobada por la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad está a favor del movimiento de Vida Independiente. España la ha ratificado y eso implica que pasa a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico por encima de la ley. Tenemos derecho a la asistencia personal sin condicionamientos. Esto quiere decir que un Tribunal nos tiene que dar la razón si solicitamos ASISTENCIA PERSONAL PARA TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, SIN CONDICIONES Y SIN COPAGO. A las autoridades de nuestro país, es algo que les cuesta asimilar. Pero, en un momento en el que se está tramitando la Ley de Igualdad, este aspecto no puede seguir pasando desapercibido. Nos estamos refiriendo a un derecho fundamental, amparado por nuestra Constitución. Nuestra dignidad está en juego, porque la causa que aquí expongo nos atañe a todos los ciudadanos.