MANIFIESTO POR EDUCACIÓN DIGNA PARA TODOS

 La educación inclusiva es un derecho establecido, entre otros, en la Constitución Española y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó el 3 de mayo de 2008, y corresponde a la administración educativa hacer efectivo este derecho.

10 años después la realidad es que sistemáticamente se vulnera el derecho a la educación de los niños y niñas con diversidad funcional.

Numerosas sentencias judiciales instan a las administraciones autonómicas a interpretar toda la legislación vigente conforme con los principios de la convención. De todas, la sentencia de 14 de diciembre de 2017 marca un antes y un después ya que establece, entre otros aspectos, que deben agotarse todos los esfuerzos para lograr la inclusión educativa del alumnado.

La pregunta que nos hacemos las familias ahora es si la administración educativa va a comenzar a tomar medidas y a realizar las reformas necesarias para que nuestros hijos puedan ejercer su derecho a la educación sin más dilación o si tendremos que llegar uno por uno al Tribunal Supremo.

No caben retrasos ni excusas. No podemos seguir a la espera de que las conversaciones para lograr una ley educativa de consenso finalicen, cruzando los dedos para que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, mientras las vidas de nuestros hijos transcurren en el limbo, abocados a un sistema asistencial.

Es el momento de ponerse en marcha, es el momento de estudiar modelos de éxito y realizar un plan de implantación, con planificación temporal y asignación presupuestaria, para que la educación en España, y concretamente en Extremadura, sea una educación digna para todos. Ésta debería ser una prioridad para todos los partidos. Esto supone que todas las fuerzas políticas alcancen un consenso, supone compromiso, esfuerzo y trabajo de todos.

No resultará una tarea fácil pero es necesario acometerla y es necesario hacerlo ya. Es  obligación de las distintas fuerzas políticas constituir un espacio que permita avanzar en un tema tan importante como que la educación sea para todos, así nos lo reclaman distintos organismos internacionales, así lo reclamamos las familias y, los verdaderos protagonistas de todo esto, nuestros hijos.

 Hecha esta primera petición a todas las fuerzas que componen la Asamblea de Extremadura y considerando que las competencias en educación recaen en la Consejería de Educación y Empleo a ella nos dirigimos y EXIGIMOS el cumplimiento de la ley y que se aborden con carácter urgente las siguientes medidas articuladas en torno a cuatro grandes bloques:

 1.    INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:

- Información exhaustiva, veraz y con anticipación suficiente para poder tomar decisiones meditadas y respetuosas con los derechos de nuestros hijos y con los nuestros. Las consecuencias de las adaptaciones curriculares, el derecho a una escolarización ordinaria, las posibilidades existentes de alargar la etapa de escolarización infantil y primaria, etc. son algunos de los temas en los que no encontramos información adecuada y con suficiente antelación.

 2.    ORGANIZACIÓN:

- Reducción de la ratio actual. Reduciendo del número de alumnos por aula o aumentando el número de profesores por grupo (tutoría compartida).

- Accesibilidad física y cognitiva en todos los centros.

- Fomento de la existencia de programas de patio en los que TODOS los niños y niñas puedan participar.

- Racionalización de los refuerzos facilitando la atención dentro del aula y no provocando un sobreesfuerzo en el alumno.

- Utilizar las nuevas tecnologías como vehículo para conseguir mejoras en la comunicación y aprendizaje de TODOS los alumnos.

- Ampliación del horario de los ATE para facilitar la conciliación familiar (comedor y aula matinal) y la asistencia del alumnado a las actividades extraescolares.

- Facilitar la colaboración y coordinación entre profesorado y profesionales de las asociaciones.

- Reducción de los tiempos de incorporación del personal de sustitución.

- Enseñanza Secundaría OBLIGATORIA. Dotar a los institutos de recursos y flexibilidad organizativa, para que sean accesibles a los chicos chicas con más dificultades. La enseñanza secundaria es obligatoria y su objetivo sigue siendo, no lo debemos olvidar, el de adquirir competencias básicas. Incuestionable en este punto el derecho titular.

- Enseñanzas post obligatorias. FP Adaptada. Acceso a la enseñanza no obligatoria a los chicos y chicas que demuestren haber adquirido un nivel de competencias adecuado con los apoyos y adaptaciones necesarias. Así como acceso a programas de formación a los largo de la vida.

- Itinerarios formativos adaptados que posibiliten el posterior acceso al mercado laboral.

- Incentivar la implantación de modelos inclusivos proporcionando las herramientas, la formación y los recursos.

 3.    RECURSOS:

- Creación de la figura del Defensor de la Inclusión.

- Distribución racional de los recursos teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en todas las etapas.

- Ampliación de la plantilla de orientadores. Uno por cada 250 alumnos, como mínimo, adecuando la ratio a las necesidades del centro en  cuestión.

- Ampliación de los perfiles que intervienen en educación de acuerdo con las necesidades del centro y de todo el alumnado.

 4.    FORMACIÓN:

- Un plan de formación para el profesorado, equipos directivos y equipos de orientación en todas las etapas. Formación en inclusión y en nuevas tecnologías aplicadas a la inclusión, no sólo en discapacidad.

 La implantación de estas medidas no sólo beneficiaría al alumnado con alguna necesidad específica sino que significaría una mejora de la calidad del sistema educativo.

 Mérida, 16 de enero de 2018