

Durante la última administración de Ricardo Jiménez Oreamuno (1932-1936) con la justificación de “detener a los enemigos de los aliados” el gobierno del tres veces presidente decretó la la llamada Ley Gurdián (en referencia a Raúl Gurdián, secretario de relaciones exteriores y promotor de la propuesta), que reprimía a quien difamara, violentara o atacara el nombre de los países “aliados”, sus jefes de Estado y representantes; medida que en el fondo afectó a periodistas, responsables legales de medios de comunicación y a la divulgación de la literatura de izquierda en el país, en lugar de significar un margen democrático parara la libertad de expresión.
La iniciativa propuesta reformó el artículo 450 del Código Penal de la época para aplicar una multa mayor (entre ₡361 y ₡4500) y confinamiento en primer grado (6 meses a 2 años) a quien “violare la inmunidad de todo jefe de Estado o de la representación diplomática de una nación amiga”; o al que “directamente, bien sea por escrito, en manifestaciones públicas, por la prensa o de cualquier otra manera, ofendiera de obra o de palabra a una nación amiga, su Gobernante o a sus representantes”. No obstante, en los primeros años, esta ley mordaza solo fue aplicada en tres ocasiones, logrando penas menores a lo pretendido por la norma pro ofensas contra la dictadura guatemalteca de Jorge Ubico.
Sin embargo, con la victoria electoral de León Cortés en 1936 y el alzamiento del fascismo y nacionalsocialismo en Europa, la Ley Gurdián fue utilizada expresamente por el gobierno de Cortés Castro para perseguir a todo costarricense que se manifestase en contra de los gobierno de Mussolini, Hitler y Franco.
En marzo de 1937, Joaquín García Monge publicó en su Repertorio Americano un artículo de Francisco Marín Cañas contra la invasión italiana (de las tropas fascistas de Mussolini) a Etiopía, única Nación africana que había resistido la colonización europea, lo que les valió a ambos ser llevados ante los tribunales penales, por agredir a un "gobierno aliado". En ese mismo año la ley fue utilizada para prohibir la exhibición de la película clásica de Charlie Chaplin, "El gran dictador" por su parodia del régimen nazi. Asimismo, cuando el país recibió la visita del acorazado nazi SMS Schleswig-Holstein y sus oficiales fueron recibidos por el presidente Cortés en la Casa Amarilla (Cancillería), el gobierno ordenó redadas en las imprentas opositoras para evitar la circulación de material antifascista. En 1939 el dibujante Roger López, fue encarcelado por sus caricaturas de 1939, suscitando un incidente internacional, el repudio de la colonia alemana y el gobierno, afines al Tercer Reich. El mismo año, Pío Luis Acuña, editor de La Semana Cómica, un órgano pro-calderonista, fue condenado por ridiculizar a Hitler en sus escritos y dibujos.
En este contexto, la administración de León Cortés instrumentalizó la Ley Gurdián para censurar y perseguir quienes se oponían al fascismo y al nazismo en Costa Rica, en lugar de defender valores democráticos. A la vez que confesaba las filiaciones ideológica del gobernante y su frío desinterés con la persecución de millones de personas en la Europa fascista.
Aunque años después el expresidente Jiménez Oreamuno “se arrepintió” de la ley y se mostró amigo de la libertad de expresión, lo cierto es que La Ley Gurdián es una de las mayores vergüenzas de nuestra historia: nacida en el gobierno de don Ricardo e implementada en el régimen cortesista y que hoy aún sobrevive de manera vestigial en nuestra legislación, por medio de la penalización de la faltas contra el honor, en lugar de remitirlas a la vía civil.
Las imágenes que acompañan esta publicación son algunas de las manifestaciones de libertad de expresión y humor que provocaron la cólera punitiva de la administración de León Cortés en defensa de sus intereses y los de sus gobiernos aliados: Alemania Nazi e Italia Fascista.