La Administración de Jenniffer González Puerto Rico enfrenta una ofensiva política y económica que amenaza el derecho de su gente a permanecer, decidir y vivir dignamente en su propio país. Bajo la administración de Jennifer González, se han impulsado y respaldado medidas legislativas y políticas públicas que benefician intereses privados mientras aumentan el desplazamiento, la desigualdad, la precarización y la pérdida de derechos fundamentales.

 

La aprobación del PC 310 representa uno de los ejemplos más alarmantes. Esta medida limita el acceso a la justicia y dificulta que las comunidades puedan cuestionar decisiones y proyectos que afectan directamente su calidad de vida, sus territorios y su futuro. En un país donde las comunidades ya enfrentan enormes desigualdades frente a intereses económicos poderosos, restringir la capacidad del pueblo para defenderse constituye un grave retroceso democrático.

 

A esto se suma el PS 63 y otros intentos legislativos dirigidos a alterar marcos regulatorios, procesos democráticos y mecanismos de fiscalización pública para acelerar agendas políticas y económicas sin una participación ciudadana real. En lugar de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, estas medidas buscan cambiar las reglas del juego para concentrar más poder y reducir la capacidad del pueblo de exigir justicia.

 

También hemos visto:

• El aumento descontrolado en la renta empeorando la crisis de vivienda y desplazamiento.
• Un gobierno rodeado constantemente de conflictos de interés y figuras cuestionadas.
• La privatización de tierras públicas y recursos esenciales  
• Incentivos y beneficios para el extranjero mientras miles de puertorriqueños se ven obligados a irse del país.
• La expansión descontrolada de proyectos de lujo y modelos económicos excluyentes.
• El debilitamiento de la democracia y procesos participativos.
• La falta de transparencia en decisiones que afectan directamente a las comunidades.
• Promesas de campaña rotas. 
• El deterioro de servicios esenciales mientras se favorecen intereses privados.

En vez de defender a las comunidades vulnerables frente al discrimen, el miedo y la persecución, ha prevalecido el silencio político y la complacencia con agendas externas que criminalizan y deshumanizan a familias trabajadoras. Vemos una gobernadora que responde con propaganda, excusas y contradicciones mientras el país enfrenta una crisis profunda. Una gobernadora que ha perdido credibilidad ante amplios sectores del pueblo porque las palabras ya no coinciden con la realidad que vive la gente día a día.

 

Además, esta administración ha fallado en proteger la dignidad y los derechos humanos de comunidades migrantes, incluyendo personas indocumentadas y nuestros hermanos y hermanas dominicanas que forman parte del tejido social, cultural y económico de Puerto Rico.

 

Cada vez queda más claro que este gobierno responde más a intereses externos, corporativos y partidistas que a las necesidades reales del pueblo puertorriqueño. Esto no se trata de colores ni de partidos. Se trata del derecho de un pueblo a vivir con dignidad en su propia tierra. Se trata de proteger nuestras comunidades, nuestra democracia, nuestra economía, nuestros derechos y nuestro futuro.

 

Mientras se habla de “desarrollo”, muchas familias enfrentan rentas imposibles, inseguridad, apagones, falta de acceso a servicios básicos y pérdida de oportunidades para permanecer en Puerto Rico.

Puerto Rico no puede construirse expulsando a su propia gente. Jenniffer González es dañina para el país.

 

Por eso exigimos la renuncia de Jennifer González y reclamamos un gobierno que responda al pueblo, no a intereses corporativos y especulativos. No vamos a dejar que se les cumpla el sueño de un Puerto Rico sin puertorriqueños.