Estar todos conectados a Internet es un derecho que las autoridades no cumplen

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Santa Ana Jilotzingo es un municipio de 19 mil habitantes (2015) en el Estado de México a sólo 29 kilómetros de la Ciudad de México. En la comunidad del mismo nombre de apenas mil habitantes y cerca de 300 viviendas dispersas, sólo existe comunicación móvil 2G y 3G... a veces. La torre de telecomunicaciones más cercana se encuentra a 4 kilómetros, en el poblado de San Miguel Tecpan; otra más se ubica en Tlazala, también Estado de México, a 8 kilómetros de distancia. Quienes habitan en Santa Ana Jilotzingo tienen que orientarse y caminar hacia la carretera a Tlazala para recibir señal, hacer o recibir llamadas y/o enviar SMS o mensajes instantáneos por WhatsApp. Cargar otras aplicaciones como Twitter o Facebook o enviar correos electrónicos es lento... o imposible. Con frecuencia se observa a las personas caminar a la orilla de la carretera con el celular en el oído tratando de encontrar señal. Como se aprecia en el mapa de Open Signal, la señal en la localidad de Santa Ana Jilotzingo es "débil" y con un único operador. La red 4G LTE aún no ha llegado al poblado.

Los pobladores de Santa Ana Jilotzingo deben desplazarse a las comunidades cercanas o "bajar" a la Ciudad de México para realizar sus actividades cotidianas. Los servicios de telecomunicaciones móviles podrían detonar el desarrollo de la localidad y brindarles oportunidades de empleo a sus pobladores, sobre todo porque la accidentada geografía de la localidad y la dispersión de los hogares y de la población dificultan la instalación de redes fijas de telefonía y banda ancha, donde sólo un operador tiene presencia en los pocos hogares o negocios que contratan la línea fija con Internet de baja velocidad.

Como Santana Ana Jilotzingo se encuentran muchas otras localidades rurales y semi urbanas de México. El acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), incluida la banda ancha, es un derecho fundamental consagrado en el artículo sexto constitucional. Pedimos que tanto las políticas públicas del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal), así como las políticas regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se coordinen y hagan esfuerzos adicionales para ampliar a todos los mexicanos (sin discriminación por edad, sexo, raza, ingreso, discapacidad física o región) la cobertura de los servicios de telecomunicaciones por parte de los operadores, según su tamaño.

La Sociedad de la Información y el Conocimiento demanda una población conectada y las TIC y los servicios de telecomunicaciones son habilitadores de otros derechos fundamentales como educación, salud, seguridad, acceso a la cultura, derecho a la información, entre otros.

Pedimos políticas públicas y regulatorias que garanticen el derecho de acceso a las TIC y servicios públicos de telecomunicaciones prestados en condiciones de cobertura universal, como ordena el artículo sexto de la Constitución.



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