Ya hemos alcanzado casi las 700 firmas, pero nuestro objetivo es llegar a las 1.000. Una vez cumplido el reto, solicitaremos formalmente el amparo del Defensor del Pueblo para que medie ante la Administración. Nuestra meta es clara: lograr la inclusión del Personal Laboral de Correos en el EBEP. Ante el abandono sindical, directivo y administrativo, la vía del Defensor del Pueblo es nuestra herramienta para exigir justicia.  ¡Es hora de actuar! Comparte.

Basamos nuestra pretensión en los siguientes puntos:

Naturaleza del Acceso al Empleo: A diferencia de una empresa privada, accedemos a nuestras plazas mediante convocatoria pública publicada en el BOE, bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, idénticos a los exigidos para el resto de la función pública.                                         

Protección Constitucional y Servicio Público: Nuestra labor emana del artículo 18.3 de la Constitución, que protege el secreto de las comunicaciones, configurando el servicio postal como un derecho fundamental de reserva de ley y un servicio público de interés general (SIEG).

Funciones de Autoridad y Administración: Correos ejerce prerrogativas de administración pública. Recientemente, se ha reforzado esta condición con la asignación de certificados electrónicos exclusivos para administraciones públicas y nuestra catalogación como sector estratégico y operador logístico fundamental en estados de emergencia.

Capital y Dependencia Estatal: Pertenecemos al 100% a la SEPI, cuyo fin es el interés público. Además, nuestras retribuciones no dependen de una negociación colectiva autónoma, sino que están sujetas a los incrementos salariales que el Gobierno fija anualmente para los empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado.

Agravio Comparativo: El personal funcionario de Correos ya goza de movilidad interministerial. Al realizar el personal laboral las mismas funciones y haber accedido bajo principios análogos, la exclusión de esta movilidad supone una quiebra del principio de igualdad.

Entendemos que no es jurídicamente sostenible que se nos exijan deberes de empleado público según la conveniencia de la Administración, pero se nos priven de los derechos y mecanismos de protección (como la movilidad) ante una eventual reestructuración o ERE.