From: Public housing tenants, activists, sympathetic organizations, and individuals

(Español abajo)

This is a letter decrying one of the crimes of the 21st century; the nationwide project by Congress, HUD, big banks, and developers to privatize public housing. For decades Congress has cut funding to public housing developments across the country. This is part of a long history of neglect of public housing, which has led to deteriorating and dangerous conditions for tenants. Mold, asbestos, lead paint, water damage, broken windows, rodent infestations, lack of heat, and other unlivable conditions are all a daily reality for tenants in public housing projects across the country. In addition to this lack of respect or concern for peoples’ health, tenants are regularly subjected to rude, derogatory, and discriminatory treatment for raising these concerns to managers and local housing authorities.

Now after all these years of letting the projects rot and forcing people to live in deplorable conditions, HUD is giving away all the projects to wealthy developers and the big banks. These predatory interests aim to make billions off of this transfer of wealth and land, all at the expense of the millions of people currently living in public housing. Instead of using funding for much needed repairs of public housing, HUD’s budget is now being used to subsidize these privatization projects, which almost always include the construction of new luxury units and the displacement of the vast majority of current project residents.

For example, under an earlier HUD privatization program known as HOPE VI, on average only 27.6% of households that were officially relocated were able to return after their buildings were taken over by private developers, according to HUD. However, HUD’s statistics do not take into account residents who were pushed out through eviction and other tactics before official ‘relocation” phases began, meaning the actual portion of residents permanently displaced by HOPE IV is likely larger. It is clear that current schemes are no different in their aims to displace public housing tenants and gentrify whole neighborhoods and communities out of existence.

As a result of funding cuts, there is now an over $70 billion backlog of repairs needed for public housing. This seems like a lot, but it is a small figure next to what the federal government spends on nuclear weapons, wasted wars around the world, and now regular bailouts for the big banks.

Therefore, we demand that:

1) HUD immediately halt all ongoing sales and privatizations of existing public housing projects

2) HUD reject all future applications from Public Housing Authorities to dispose of projects through Section 18 of the Housing Act, or by any other means.

3) Congress immediately pass an emergency spending bill to address the over $70 billion backlog of repairs in public housing now.

4) Congress adequately fund the public housing program from now on, so that no new backlogs of repairs occur.

Para: El Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)

De: inquilinos de viviendas públicas, activistas, organizaciones simpatizantes e individuos

Esta es una carta denunciando uno de los grandes crímenes del siglo XXI; el proyecto nacional del Congreso, HUD, los grandes bancos y las inmobiliarias para privatizar la vivienda pública. Durante décadas, el Congreso ha recortado los fondos para desarrollos de viviendas públicas en todo el país. Esto es parte de una larga historia de abandono de la vivienda pública, que ha provocado su deterioro y condiciones peligrosas para los inquilinos. El moho, el asbesto, la pintura con plomo, los daños causados ​​por goteras de agua, las ventanas rotas, las plagas de roedores, la falta de calefacción y otras condiciones no habitables son una realidad diaria para muchos inquilinos de los proyectos de vivienda pública en todo el país. Además de esta falta de respeto y de preocupación por la salud de las personas, los inquilinos son sometidos regularmente a un trato grosero, despectivo y discriminatorio por plantear estas preocupaciones a los administradores y las autoridades locales de vivienda.

Ahora, después de todos estos años de dejar que los proyectos se pudran y de obligar a la gente a vivir en condiciones deplorables, HUD está regalando todos los proyectos a desarrolladores adinerados y a los grandes bancos. Estos intereses depredadores apuntan a ganar miles de millones con esta transferencia de riqueza y tierra, todo a expensas de los millones de personas que actualmente viven en viviendas públicas. En lugar de utilizar fondos para reparaciones muy necesarias de viviendas públicas, el presupuesto de HUD se está utilizando ahora para subsidiar estos proyectos de privatización, que casi siempre incluyen la construcción de nuevas unidades de lujo y el desplazamiento de la gran mayoría de los residentes actuales del proyecto.

Por ejemplo, según el HUD, bajo el programa de privatización anterior conocido como HOPE VI, sólo el 27,6% de los hogares que fueron reubicados oficialmente pudieron regresar. Sin embargo, las estadísticas del HUD no toman en cuenta a los residentes que fueron expulsados mediante desalojo y otras tácticas antes de que comenzaran las fases oficiales de "reubicación", lo que significa que la porción real de residentes desplazados permanentemente por HOPE IV es probablemente mayor. Está claro que los planes actuales no son diferentes en su objetivo de desplazar a los inquilinos de viviendas públicas y transformar sus comunidades en pare beneficio de los ricos.

Como resultado de los recortes en la financiación, ahora hay un retraso de más de 70 mil millones de dólares en las reparaciones necesarias para las viviendas públicas. Esto parece ser mucho, pero es una cifra pequeña al lado de lo que el gobierno gasta en bombas nucleares, guerras innecesarias por todo el mundo, y rescates a los grandes bancos.

Por estas razones, exigimos:

1) Que HUD detenga inmediatamente todas las ventas y privatizaciones en curso de proyectos de vivienda pública existentes

2) Que HUD rechace todas las solicitudes futuras de las Autoridades de Vivienda Pública para disponer de proyectos a través de la Sección 18 de la Ley de Vivienda, o por cualquier otro medio

3) Que el Congreso apruebe inmediatamente un proyecto de ley de gastos de emergencia para hacer frente a los más de 70 mil millones de dólares de retraso en la reparación de viviendas públicas.

4) Que el Congreso financie adecuadamente el programa de vivienda pública a partir de ahora, para que no se produzcan nuevos retrasos en las reparaciones.