El artículo 47 de la Constitución nos dice lo siguiente:

 "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación."

Es evidente que este precepto no se está cumpliendo - lleva sin hacerlo desde la entrada en vigor del propio texto constitucional.

El principal motivo por el que se hace caso omiso del único artículo dedicado a la vivienda es el lugar en el que este se encuentra redactado: el Capítulo III del título primero. Este hecho impide que los españoles y españolas puedan reclamar la protección de su derecho a una vivienda digna, así como denunciar el abuso especulativo de fondos de inversión dentro del sector inmobiliario, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. (Esto solamente se puede hacer en defensa de los derechos y libertades reconocidos como fundamentales dentro del título primero, Capítulo II, sección primera.)

Mientras el derecho a la vivienda no se incluya como un derecho fundamental más, toda medida que se adopte en defensa del mismo será meramente pasajera y sin impacto significativo en aras del interés general.

La continua, abusiva e inconstitucional especulación con la vivienda nos está llevando a un punto límite como sociedad. La urgencia que supone esta situación requiere una reforma de la Constitución, y es imperativo ejecutarla antes de que el futuro incierto (y próximo) se apodere de lo que la democracia no quiso solucionar.