Hay algo profundamente injusto en el sistema actual de becas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Y cada vez más familias empiezan a decirlo sin miedo: no se está ayudando a quien más lo necesita, sino a quien mejor encaja en un sistema profundamente desigual.
Porque mientras algunos hogares viven de una nómina transparente, fiscalizada hasta el último céntimo y sin posibilidad alguna de “maquillar” ingresos, otras familias —sin que ello signifique en absoluto que todos los autónomos actúen igual ni mucho menos— pueden beneficiarse de un sistema donde determinados ingresos o realidades económicas son más difíciles de valorar con exactitud únicamente a través de los umbrales de renta. Y eso genera una sensación de agravio enorme entre muchas familias trabajadoras que cumplen las normas y, aun así, quedan fuera.
Resulta difícil explicar que un menor con un 33% de discapacidad pueda obtener ayudas porque su situación económica encaja dentro de determinados límites administrativos, mientras otro niño o niña con más de un 69% de discapacidad, necesidades muchísimo más intensas y modalidad D quede excluido porque sus padres son asalariados y superan mínimamente los límites económicos.
¿De verdad alguien cree que eso es justicia social?
La discapacidad no debería medirse por el tipo de contrato laboral de los padres. Ni las oportunidades terapéuticas de un menor deberían depender de si en casa entra una nómina transparente o de sistemas económicos cuya realidad resulta más compleja de reflejar administrativamente.
Pero el problema va aún más allá.
El modelo actual de becas NEAE ha terminado convirtiéndose, en muchos casos, en una forma indirecta de sostener un sistema privado de gabinetes y terapias que jamás debería depender de ayudas parciales, arbitrarias e insuficientes. Las familias reciben cantidades que apenas cubren una parte del coste real mientras continúan pagando logopedas, psicólogos, terapeutas ocupacionales o apoyos educativos a precios absolutamente inasumibles para una familia media.
Y mientras tanto, el sistema público sigue sin ofrecer una red universal, suficiente y verdaderamente accesible de atención terapéutica infantil.
Ahí está la gran trampa de todo esto: en lugar de construir un modelo público sólido que garantice atención real según las necesidades y el grado de discapacidad de cada niño, se mantiene un sistema de becas que deriva dinero público hacia recursos privados, perpetuando desigualdades enormes entre familias.
Porque al final ocurre lo de siempre: quien puede complementar la beca con dinero propio sale adelante; quien no puede, se queda atrás.
Y eso no es inclusión. Eso es selección económica encubierta.
La atención temprana, la logopedia, la terapia ocupacional o los apoyos especializados no deberían depender de sorteos burocráticos ni de umbrales de renta diseñados de forma arbitraria. Deberían formar parte de un verdadero sistema público de atención integral a la infancia y a la discapacidad.
Un sistema donde cada niño reciba lo que necesita según su situación clínica, funcional y educativa. No según la ingeniería fiscal de sus padres.
Porque mientras se siga manteniendo este modelo profundamente desigual, las becas NEAE seguirán siendo para muchas familias un símbolo doloroso de injusticia más que una verdadera ayuda..