Buenas tardes a todos.
Me parecen magníficos y loables todos los esfuerzos e iniciativas dirigidas a que las personas con autismo en todas las etapas de la vida puedan ser, estar y hacer conforme a sus características desde niños hasta la edad adulta.
Sólo hay dos preguntas.
¿Por qué no hay iniciativa pública respecto a logística y gestión para hacer esto mismo?
¿Por qué esta exclusividad (financiada con fondos públicos, que conste, y que no cubre el coste total de estas iniciativas y servicios) es ejercida por parte de los entes del sector, privados en su práctica totalidad?
No los he elegido como padre y representante de una persona con TEA
No puedo participar en ellos salvo en el formato que ellos escojan y decidan, y previa decisión de ellos (afirmativa o negativa)
No puedo objetar (o bendecir con aplausos) lo que hacen y cómo lo hacen. Incluso a sus tarifas...
Y eso que una parte del IRPF detraído cada mes y que se revisa cada campaña tanto en nómina como en certificado de ingresos y retenciones va a estos entes.
Eso nos lleva a la tercera pregunta:
¿Son abiertos, transparentes y democráticos los entes del sector (financiados con dinero público, vuelvo a constatar)?
E insisto: hacen una gran labor social. Pero se necesita de una red pública a modo de alternativa de servicios y logística que permita a la ciudadanía con autismo (y sus familias) escoger, decidir y recibir una prestación sin una factura cada final de mes que pueda comerse un sueldo, ayuda o pensión de forma íntegra.
O, en caso de ausencia de amparo y respuesta de estos entes, no tengan que acudir a tómbolas y otros eventos benéficos para poder sufragar apoyos y asistencias que deberían proporcionarse desde el sector público (y que no existen).
Tristemente, bastantes ejemplos tenemos al respecto (alguno, incluso, de ayer mismo en Dos Hermanas)