Hoy 15 de mayo, cuando se celebra el 163 aniversario de la fundación del Archivo General de la Nación, los abajo firmantes, sus ex Jefes Institucionales y profesores universitarios, expresamos nuestro más enérgico rechazo al traslado de la documentación republicana y notarial, de su actual ubicación en el Palacio de Justicia, a un Almacén en el Callao, donde pretende llevarla la gestión del señor Ricardo Moreau y de la Ministra de Cultura, señora Leslie Urteaga.

La Opinión Pública debe conocer que dicho traslado no es una solución técnica y, más bien, resulta inédita en la historia de nuestro país, y en la historia de la conservación documental de América Latina y el Mundo.

Si bien es cierto, hay un proceso judicial que se perdió en última instancia, no se entiende el apresuramiento por trasladar miles de metros lineales de documentos a una ubicación temporal para luego tener que trasladarlos nuevamente a su ubicación definitiva cuando se termine de construir el local que, según el señor Moreau, ya se inició.

Lo razonable es realizar un solo traslado, y que el Ministerio de Cultura logre un acuerdo con el Poder Judicial, para que la mudanza se realice cuando ya tengamos el nuevo local que el señor Moreau calcula será en tres años. Es responsabilidad directa de la Ministra de Cultura y del Poder Ejecutivo en general, interceder sus buenos oficios para que el Poder Judicial conceda este plazo adicional. Dudamos ciertamente que algún Presidente de un Poder del Estado tan importante como el Judicial, quiera pasar a la historia como el que se negó a llegar a este buen arreglo que beneficiaría a la ciudadanía y a la memoria de la Nación.

Exhortamos a la Contraloría de la República, al Órgano de Control Interno del Ministerio de Cultura y al Órgano de Control Interno del Archivo General de la Nación a actuar de oficio, y revisar escrupulosamente las bases de ese concurso público, así como los riesgos asociados de realizar este traslado. Los documentos son irremplazables si se llegaran a perder. Además, las instancias de control deben tener una clara respuesta si con ese traslado se están usando correctamente los recursos del Estado. ¿No sería más eficiente invertirlos en mejorar las condiciones actuales en el Palacio de Justicia que en un alquiler pagado a privados? La ciudadania debe conocer que estamos hablando de más de 12 millones de soles y del Patrimonio Documental de la Nación. La Contraloría no puede guardar silencio. Tendrá responsabilidad si no actúa.

Resulta incomprensible que el Estado Peruano trate de esta manera a la institución que alberga principalmente su memoria. El bicentenario que celebramos es el de la República, y es precisamente esa documentación y la notarial, la que se quiere poner en un riesgo aún mayor con el traslado, y al depositarla en un almacén en una zona industrial, contiguo a una fábrica de insumos químicos. 

¡No al traslado al almacén industrial del Callao!

¡Sí a un arreglo consensuado con el Poder Judicial para que nuestro acervo documental permanezca allí 3 años más!

¡Sí a la construcción del nuevo local del Archivo General de la Nación, listo antes de 3 años!

César Gutiérrez Muñoz, Jefe del Archivo General de la Nación (1986-1988)

Miriam Salas, Jefe del Archivo General de la Nación (1988-1989)

Joseph Dager Alva, Jefe del Archivo General de la Nación (2010-2012)

Luisa María Vetter Parodi,  Jefe del Archivo General de la Nación (2017-2019)

Jorge Ortiz Sotelo, Jefe del Archivo General de la Nación (2020-2022) 

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