Al parecer, diversos políticos de las Illes Balears perciben un plus de vivienda y transporte de 22.000 euros (al margen de su sueldo de más de 56.000 euros anuales), sin justificar. 

Por otro lado, los funcionarios de la Administración General del Estado (policías, guardias civiles, militares, médicos, funcionarios de prisiones, técnicos etc...) perciben escasos 70 euros al mes. 

Solicitamos una revisión del concepto de indemnización por residencia de los funcionarios de la Administración General del Estado y que se actualice al año 2020 y que los políticos que reciben esa cantidad económica lo justifiquen.

Del mismo modo queremos reprobar las declaraciones de la consellera de Agricultura y líder de Podemos Baleares, al afirmar que con 82.000 euros si le quitaran el plus de vivienda no llegaría a fin de mes. Por ese motivo solicitamos su cese.