A partir de un reclamo generalizado de las personas varadas en otras provincias para volver a sus residencias habituales, el gobierno nacional emitió  una resolución (RC 2/2020), para permitir su regreso. Dentro de los varados hay muchos de nuestros ciudadanos que han pedido regresar a San Luis para cumplir con el aislamiento en sus hogares. Algunos incluso padecen problemas de salud y deben incurrir en gastos extraordinarios para costear su alojamiento lejos de su hogar.

Sin embargo, el gobierno de la provincia de San Luis, fundando su accionar en impedir la propagación del coronavirus, emitió un comunicado anunciando que hará caso omiso a la normativa de orden nacional. Teniendo en cuenta los márgenes de tiempo de la resolución nacional que habilita el viaje y regreso de estas personas, el gobierno provincial sigue exigiendo una autorización que por sus tiempos administrativos tornaría imposible para nuestros ciudadanos regresar. 

Esto se debe a que en San Luis se ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el gobierno nacional y se ha restringido el ingreso y egreso a la provincia, vulnerando derechos constitucionales. Las medidas del gobierno provincial son excesivas y colisionan con los artículos 8 y 9 de la Constitución Nacional, estableciendo virtualmente un cuasi-estado de sitio. No tendríamos que recordarle al Gobernador que la Constitución es superior a cualquier disposición de orden provincial.

Sin intención de poner en tela de juicio la importancia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio como estrategia sanitaria, cabe recordar que esta medida, dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través del DNU 297/2020, fue intempestiva y encontró a muchas personas varadas dentro de nuestro país lejos de sus residencias habituales. Por esa misma razón es que el gobierno nacional accedió a su retorno a través de la RC 2/2020 de los Ministerios del Interior y Transporte fundada en motivos humanitarios.

Por ello le pedimos al Gobernador revea su decisión y permita el regreso de nuestros ciudadanos en el marco de la normativa nacional.