Resumen

Según una encuesta reciente la gran mayoría de la población queremos grandes acuerdos ante la crisis económica generada por la pandemia. De la crisis financiera de 2008 “salimos” con recortes a servicios públicos esenciales como la sanidad, rescate a bancos en vez de a familias y PYMEs, reforma exprés y sin consulta ciudadana de la Constitución en 2011, y especulación inmobiliaria, que nos han llevado a ser uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad, a la par que hemos seguido deteriorando nuestras costas y medio natural. Aprendamos la lección de 2008.

Ahora, ante la mayor crisis global en 100 años, seamos valientes y abramos un proceso amplio de participación ciudadana para repensarnos, fijar nuevas prioridades como país, y alcanzar un nuevo pacto social, una nueva Constitución, que blinde los derechos humanos y sociales esenciales (vivienda, sanidad, educación, igualdad, medio ambiente), con los mecanismos y medios económicos necesarios; dotándonos además de nuevos indicadores de progreso que nos permitan evaluar el bienestar mejor que el PIB, completamente unidimensional.    

Pedimos por tanto al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España que inicien un proceso de participación ciudadana abierto, inclusivo, horizontal y vinculante para la elaboración de una nueva Constitución que refleje el proyecto de país que decidamos entre todos.

 

Crisis financiera de 2008, decisiones y resultados

Tras la crisis financiera de 2008 aceptamos la vía de los recortes de servicios públicos básicos (sanidad, educación, dependencia...), el rescate multimillonario a bancos en vez de a personas que a su vez benefició a los grandes agentes económicos y endeudó aún más a familias y pequeñas empresas, el freno a las energías renovables, la vuelta a la especulación inmobiliaria con el monocultivo del ladrillo y el turismo masivo, etc.

Incluso se llegó a reformar la Constitución por la vía exprés y sin consulta en 2011 (el famoso artículo 135), a petición de los mercados que no de la ciudadanía, para priorizar la devolución de la deuda pública a los acreedores (grandes agentes económicos de nuevo) frente a las inversiones sociales.

El resultado es bien conocido: España ha sido el país de la OECDE donde más ha crecido la desigualdad económica (y se ha enquistado), se ha continuado devastando la costa, los habitats naturales y la biodiversidad, incrementado la pobreza infantil y juvenil, expulsado a miles de residentes por la burbuja inmobiliaria, o alejado de la imprescindible transición ecológica.

 

Coronavirus sobre un sistema fallido: situación sin precedentes en 100 años

Debido a la crisis sanitaria y socio-económica desencadenada por el Coronavirus (ligada a su vez a la destrucción de ecosistemas) estamos tocando fondo: se puede llegar a un 20% de paro este año, y peor aún en relación a la precariedad, pobreza y exclusión social, ya elevadas antes. La pandemia está desnudando y magnificando unas desigualdades e injusticias sistémicas preexistentes.

La crisis global actual es la peor en los últimos 100 años (incluso para la industria petrolera, pero he ahí la oportunidad de transformación...), a la que se suma la extinción masiva de especies y la emergencia climática declarada por 11.000 científicos de todo el mundo el año pasado (estando nuestro país seriamente afectado por la desertificación, olas de calor, lluvias torrenciales...), colocándonos en un momento crítico en la historia.

 

Cambio profundo necesario

Las soluciones deben de estar a la altura y atajar los problemas de raíz que tienen que ver con un modelo socio-económico donde se prima la globalización y el crecimiento económico frente a las comunidades locales, el bienestar social y la salud planetaria. Varios estudios científicos (CSIC​, European Environmental Bureau) prueban como el crecimiento económico ilimitado es incompatible con la conservación de la biodiversidad o de un clima estable y seguro.

El COVID-19 nos ha mostrado como no se puede depender de la economía globalizada para lo básico: material sanitario, alimentos, energía y otros bienes de primera necesidad que debemos producir localmente para ser menos vulnerables a estos “shocks” globales que pueden venir, y de hecho con más intensidad y frecuencia, si no cambiamos drásticamente como advierte la ciencia, por la pérdida abrupta de biodiversidad que reduce nuestras protecciones naturales frente a enfermedades, catástrofes, disrupciones del clima o colapsos de los ecosistemas, causados por el ser humano en origen.

Por otro lado, se ha visto como economías poco diversificadas, muy dependientes de pocos sectores, e incluso de sectores muy ligados a la globalización como el turismo en nuestro caso (se podrían perder hasta 140.000 empleos sólo en Andalucía), hacen que la caída sea más pronunciada y la recuperación más difícil y lenta.

En definitiva, para construir auto-suficiencia y soberanía alimentaria, energética y sanitaria, así como resiliencia frente a “shocks” externos, lo más inteligente es relocalizar y diversificar nuestra economía. Favorecer lo cercano y pequeño (ágil y comprensible) frente a lo grande y lejano (rígido y complejo); del mismo modo que la cooperación y solidaridad entre pueblos y territorios por el bien común.

Así, por ejemplo, en defensa de la producción campesina, más de 150 organizaciones de todo el estado han exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la toma de medidas para apostar por la producción agroalimentaria de pequeña escala y de ámbito agroecológico, de forma que los mercados de proximidad puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis y después.

Otro caso paradigmático corresponde a la contaminación del aire, y cómo por el confinamiento ha disminuido a la mitad en las 80 ciudades más pobladas de España. Y sin embargo en China, tras un gran descenso, el levantamiento progresivo de las restricciones está generando una clara recuperación de los niveles de NO2, ya comparables a los de 2019. En nuestro país, factores asociados a la contaminación atmosférica provocan cada año alrededor de 10.000 muertes prematuras. En el mundo, unas 8,8 millones de muertes estima la OMS; con un 92% de la población viviendo en áreas con niveles de contaminación superiores a los límites recomendados. Debemos tratar la pandemia de la contaminación del aire como la del Coronavirus. Tenemos derecho a respirar aire limpio, es posible como estamos viendo, pero requiere medidas estructurales como indican los especialistas.

 

Por un nuevo pacto social: abramos un proceso re-Constituyente

El pacto social vigente, la Constitución Española de 1978 se muestra ya insuficiente para afrontar esta situación nueva, desde una sociedad distinta y con unos retos diferentes.

La reciente encuesta del CIS realizada durante el período de máximo confinamiento (30 marzo - 7 abril) refleja el deseo de cambios estructurales profundos: “El 91,4% de los ciudadanos coincide en que, cuando termine la crisis sanitaria, los partidos deberían hacer un esfuerzo para intentar llegar a grandes acuerdos ante la crisis económica y laboral.”

Pero de grandes desafíos, grandes oportunidades. Abramos con valentía un proceso re-Constituyente. Reformemos la carta magna mediante participación ciudadana abierta, inclusiva, horizontal y vinculante. En aras de evitar los errores del pasado y caminar hacia la equidad y la justicia social, necesitamos más y mejor democracia, empecemos por redefinir las reglas del juego entre todos.

 

Democracia directa

Asambleas ciudadanas de este tipo ya han funcionado en otros países como Suecia, Francia, Reino Unido e Irlanda, para temas que van desde el clima al aborto; o incluso un “Gran Debate” (aunque solo consultivo) sobre las prioridades nacionales en Francia recientemente a raíz de las demandas de los "chalecos amarillos". Sirva también de ejemplo el caso de Islandia que tomó este camino tras la crisis de 2008, desarrollando precisamente una constitución colaborativa, con sus aspectos de mejora y aprendizajes desde luego, pero como interesante precedente histórico.

En el proceso en sí reside la clave, fundamentada en unos principios sencillos: respeto, igualdad, accesibilidad, empatía, solidaridad y corresponsabilidad; y con unas herramientas adecuadas como la información y formación por parte de asesores especializados, facilitación grupal, y la tecnología cuando aporte. Con eso, y el tiempo necesario para ajustar todos los parámetros, podemos hacerlo y bien.

Porque ya no basta con enmarcar los derechos humanos y socio-ambientales en un papel. Estos precisan de mecanismos y medios económicos que garanticen su cumplimiento en la práctica y para todo el mundo, como pueden ser (ejemplos): renta básica universal, regulación de mercados de necesidades básicas, límites al crecimiento sin mesura, eliminación de ayudas e impulsos a los combustibles fósiles y la globalización, compra pública local, ética y verde, incentivos a la economía social y local, nueva relación con Europa y el mundo ... junto con nuevos indicadores de progreso que nos den mucha más información que el PIB sobre la equidad y el buen vivir de la ciudadanía y los ecosistemas. De nuevo, válidos ejemplos muestran que las alternativas ya existen: Nueva Zelanda​, Islandia​, Escocia​, Amsterdam, u Oia, un municipio de Galicia.

Estos mecanismos económicos deben ser parte de la ecuación y para asegurarnos que así sea, tienen que reflejarse en la nueva Constitución, como hicieron los mercados en 2011, hagámoslo ahora las personas y con todos los artículos, partiendo de un nuevo y adaptado canvas.

 

Es el momento, somos todos

La Tierra tiene límites, nuestra imaginación no. Podemos hacer lo que queramos, lo que decidamos conjuntamente, mediante una democracia más directa que aprenderemos haciéndola y viviéndola.

El proyecto puede inspirar a otros en otros lugares, e incluso a nivel supranacional en Europa (una Constitución Europea verdaderamente por y para la gente), y el ámbito internacional (una Constitución de la Tierra como reclama el filósofo italiano Luigi Ferrajoli).

Hemos tocado fondo. Resurjamos mejor. Juntos. Ahora.