Arturo Campos, es un líder indígena Na Savi originario de la comunidad de San Felipe, de Ayutla de los Libres, Guerrero, Coordinador Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC), quien se encuentra injustamente recluido desde hace 3 años acusado de delitos que no cometió y que representan una clara criminalización hacía la CRAC-PC .

Arturo Campos, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa y respeto de los derechos humanos en la región de la Montaña, primero con la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) en donde denunció los abusos del Ejército mexicano en contra de la población indígena como fue el caso de las ejecuciones arbitrarias de once campesinos en el Charco, así como la tortura sexual de las mujeres indígenas Me'phaa Inés Férnandez y Valentina Rosendo. 

Posteriormente, su firme convicción de apoyar a los pueblos indígenas lo llevó a organizarlos ante el clima de inseguridad de la región, creándose el  22 de diciembre del 2012, la Casa de Justicia del Paraíso, de la CRAC-PC, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

En 2013, las campañas de criminalización y los hostigamientos en contra de la Policía Comunitaria incrementaron, el Gobierno Estatal tomó una postura en su contra y por medio de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero se comenzó una persecución en contra de quienes participaban en las distintas expresiones de la justicia comunitaria, fue así que en agosto de ese año elementos del Ejército mexicano detuvieron y privaron de la libertad a 13 integrantes de la CRAC-PC, entre los cuáles se encontraba Nestora Salgado.

Debido a esas detenciones ilegales y arbitrarias se lanzaron una serie de campañas para lograr la liberación de las y los integrantes de la CRAC-PC, en donde participó activamente Arturo Campos. El 1 de diciembre de 2013, en marco de la campaña “12 días por la defensa de nuestra vida y libertad” Arturo Campos, fue detenido al ser identificado en el evento público.

Desde ese día se le giraron diversas órdenes de aprehensión en su contra, todas ellas, como manera de represión a las actividades que realizaba como parte de la CRAC-PC; situación que expresa claramente la criminalización del sistema normativo y la violación al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

Los procesos penales con los que se le ha vinculado a Arturo Campos se han visto plagado de irregularidades, como el hecho que fuera recluido por más de año y medio en el Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad del Altiplano; cuestión que además de expresar un encuadre arbitrario y desproporcionado de las conductas que se le atribuyen, fungió como estrategia para mantenerlo incomunicado de su defensa y familiares.

Actualmente Arturo Campos se encuentra vinculado a dos procesos penales, del cual uno de ellos está por emitirse una resolución de amparo en el juicio 746/2016, conocido por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero y otro que se encuentra en etapa de instrucción.

En este año varios de los integrantes de la CRAC-PC obtuvieron su libertad después de una ardúa lucha legal, como fue el caso de Nestora Salgado en marzo y otros seís integrantes, en mayo. Existen sentencias y pronunciamientos en los procesos de los demás integrantes de la CRAC-PC en los que se reconoce su sistema normativo y se señala puntualmente que no puede ser considerada una organización criminal.

 Es por ello, que a 3 años de su injusta detención y encarcelamiento, exigimos: 

1. La inmediata liberación del luchador social Arturo Campos Herrera,
2. La agilización de los procesos penales que hoy enfrenta Arturo Campos Herrera e imparcialidad del Poder Judicial del Estado a la hora de resolver,

3. Que los jueces que llevan su proceso se apeguen a los principios y tratados internacionales de Derechos Humanos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a tener sus propias formas de organización social y política, así como al autogobierno.

4. Respeto al sistema de justicia comunitario de a CRAC-PC y a la ley 701.

5. El cese a la criminalización de los luchadores sociales y el respeto pleno al Sistema de Justicia Comunitaria por parte del Gobierno del Estado.