En febrero de 2020, la gobernadora interina Wanda Vázquez Garced designó al abogado Rafael A. Machargo Maldonado como Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), tras la renuncia de Tania Vázquez Rivera en medio de una investigación federal sobre irregularidades en el otorgamiento de contratos. Lo poco que se conocía sobre Machargo era que había fungido como subsecretario del DRNA durante la administración de Pedro Rosselló González, lo cual no auguraba un cambio positivo en la gestión gubernamental a favor del ambiente.

Dos años después conocemos bien quién es: un cómplice de criminales ambientales. Repetidamente ha demostrado su incapacidad para cumplir con los deberes más básicos de su puesto. A menudo ha alegado no tener conocimiento sobre delitos relacionados a las playas, la calidad del agua, el karso, los bosques, los animales exóticos y otros, aun cuando han sido objeto de múltiples querellas y denuncias públicas. Sólo cuando se le ha hecho imposible continuar ignorando los problemas es que ha hablado de tomar acciones que aún están por verse. También ha arrastrado los pies para defender un presupuesto apropiado para el DRNA, el cual se encuentra mayormente inoperante bajo su dirección por falta de recursos, personal e infraestructura apropiada. Además, ha optado por no comparecer a vistas públicas citadas por la Asamblea Legislativa, enviando en su lugar a funcionarios que no tienen conocimiento sobre los temas o capacidad para tomar decisiones.

La nefasta labor de Machargo parece ser más por voluntad que por incompetencia. Mientras se hace de la vista larga, intereses privados especulan con nuestros atractivos naturales a la vez que dañan lo mismo que pretender explotar. La lista de denuncias de comunidades, organizaciones e individuos que defienden el ambiente es larguísima. Ya no podemos esperar a que Machargo decida hacer su trabajo, sobre todo cuando se acentúan las consecuencias del cambio climático y la protección de los recursos se hace más indispensable para la supervivencia.

Considerando lo anterior, le exigimos al gobernador Pedro Pierluisi que: (1) destituya a Marchago ya; (2) comience un amplio proceso de consulta al público para la elección de un Secretario o una Secretaria del DRNA, que cuente con el aval en consenso de comunidades y organizaciones ambientales; (3) asigne los recursos necesarios para atender con urgencia las denuncias sobre delitos ambientales.