El Código Penal es el límite que, según la Constitución de 1978, tiene que respetar un partido político para permanecer dentro de la ley y no ser considerado como una asociación ilegal, con las consecuencias que de ello se pueden puedan derivar. Una asociación o un partido puede ser considerado ilícito si tiene por objeto cometer algún delito o, si después de constituido, promueve su comisión.

El PP está siendo investigado por la judicatura por la posible comisión de un delito –la destrucción del ordenador del extesorero Luis Bárcenas donde este guardaba supuestamente la contabilidad paralela del partido–; y la juez cree que el PP puede haber promovido ese delito en tanto que asociación.

Además de este caso investigado en Madrid, en los últimos años han aparecido tramas, indicios y pruebas de actividad delictiva que implican a varias docenas de dirigentes locales, autonómicos y nacionales del Partido Popular, en muchos casos asociados a grandes y medianas empresas interesadas en promover o conseguir contratos públicos de todo tipo y en todos los sectores económicos imaginables.

Algunos de estos dirigentes populares ya han sido condenados en firme y otros (hasta 176) se encuentran procesados o investigados, casi siempre por posibles delitos relacionados con corrupción y malversación.

A la vista de todos estos hechos, la Fiscalía General del Estado debe abrir una investigación sobre la financiación ilegal y la evasión fiscal del Partido Popular, delitos contemplados en el Código Penal y que de haber sido promovidos por la propia asociación podrían llevar a declararla ilícita.

Proponemos recuperar la política como un campo beligerante de ideas, y no como un campo de batalla de los negocios. Defendemos el fin de la impunidad para los corruptos y los corruptores.