Desde 2011, el Congreso de la Unión de México ha mantenido en la congeladora más de 50 iniciativas que buscan tipificar el reclutamiento forzado de adolescentes por parte del crimen organizado, garantizando así una alarmante impunidad en este delito. A pesar de las constantes recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para legislar sobre el tema, nada ha avanzado. Este escaso interés presidencial y legislativo se ha mantenido a través de varias administraciones, desde Felipe Calderón hasta Claudia Sheinbaum, mostrando una omisión flagrante y sistemática por parte del gobierno.

Organizaciones como Tejiendo Redes Infancia, REDIM y Reinserta estiman que entre 30,000 y 35,000 menores son reclutados anualmente por grupos criminales, una cifra que refleja la gravedad de la situación. Sin embargo, la falta de un estudio oficial sobre el alcance de este delito resalta la indiferencia gubernamental y las complicidades criminales de alto nivel. Este tipo de reclutamiento es considerado un crimen de lesa humanidad en el derecho internacional, pero en México no ha sido tratado como tal por las legislaturas mexicanas.

En la última década, diversas propuestas han sido presentadas para castigar a quienes incurran en este delito, con penas que varían entre 20 y 140 años de prisión. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido dictaminada. Expertos y activistas advierten que la falta de legislación permite que se siga perpetuando una práctica que no solo destruye vidas, sino que también desestabiliza a comunidades enteras. Esta omisión no solo refleja una irresponsabilidad política, sino prioridad a intereses económicos de la guerra y protección a criminales que anulan en la práctica los discursos de protección de los derechos de la infancia en México.

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