Las personas con discapacidad que trabajan y aportan al sistema previsional en Argentina enfrentan retos diarios que no solo ponen a prueba su resistencia, sino que además incrementan el desgaste psicofísico con el pasar del tiempo. Por esta razón, la ley asegura un retiro digno y anticipado, un derecho que refleja respeto hacia aquellos que han contribuido al bienestar social, pero que actualmente resulta inalcanzable debido a la burocracia y a las interpretaciones erróneas prevalentes en las cajas previsionales.

A las autoridades nacionales, provinciales y municipales debemos exigirles que estas buenas intenciones legislativas no queden solo en papel. Las barreras administrativas no pueden seguir siendo el obstáculo para que las personas con discapacidad alcancen una jubilación anticipada acorde a sus necesidades específicas y que refleje sus años de contribución al sistema.

Estudios informan que la tasa de empleo de personas con discapacidad es significativamente más baja en comparación con el promedio nacional, hecho que refleja las dificultades intrínsecas de la inclusión laboral. Es inaceptable que, al superar estas barreras, aún enfrenten trabas al intentar acceder a una jubilación justa y merecida. Estos trabajadores han demostrado una fuerza y dedicación que merece reconocimiento tangible.

Propongo que se realicen auditorías de los procesos administrativos en las cajas previsionales para asegurar alineación y cumplimiento de las leyes existentes. Además, se debe garantizar una capacitación adecuada para los encargados de interpretar y aplicar estas normativas, asegurando que más personas puedan beneficiarse de sus derechos.

Este problema no solo afecta a una minoría; es un reflejo del compromiso que queremos tener como sociedad con aquellos que han dado tanto. La lucha por una jubilación anticipada no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que envía un mensaje claro sobre los valores de inclusión y justicia que queremos para nuestro país.

Por favor, unámonos en esta causa y firmemos esta petición para exigir el cumplimiento efectivo de estas leyes. Juntos podemos marcar la diferencia y asegurar que cada individuo reciba lo que legítimamente merece.Nos unimos para exigir el cumplimiento efectivo de las leyes de jubilación ordinaria especial por discapacidad, vigentes tanto a nivel nacional (Ley N° 20.475 y Ley N° 22.431) como en la Provincia de Corrientes (Artículo 20 de la Ley N° 4478). Estas normas otorgan el derecho al retiro con 20 años de aportes y 45 años de edad (en relación de dependencia) o 50 años (autónomos).

Al trabar estos expedientes, los organismos obligan a los trabajadores a seguir en sus puestos a costa de su salud, o a aceptar pensiones por invalidez menores. Esto viola abiertamente el Artículo 75 Inciso 23 de la Constitución Nacional. ¡Las fallas administrativas del Estado no pueden pasar por encima de los derechos humanos!

Convocamos a las familias y profesionales del ICAL Corrientes, a los partidos políticos, ONGs y centros de rehabilitación de todo el país a sumarse a esta causa.

Solicitamos:

• Que el Ministerio de Capital Humano, el Congreso de la Nación y la ANSES garanticen el acceso universal y transparente a la Ley N° 20.475.

• Que el IPS Corrientes, la Municipalidad y el COPRODIS adecúen sus criterios internos y aprueben de forma inmediata las jubilaciones del Art. 20 de la Ley 4478 sin trabas infundadas.

¡Aportamos toda la vida, las leyes existen y exigimos que se cumplan! Firmá y compartí.