Dirigida a:

• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
• Fiscalía General de la República (FGR)
• Congreso de la Unión
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
• Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
• Artículo 19
• Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
• Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
• Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
• Reporteros Sin Fronteras (RSF)
• Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) 

Descripción:

Las revelaciones de los #TelevisaLeaks han puesto al descubierto una maquinaria de manipulación informativa, censura encubierta y tráfico de influencias entre medios de comunicación, gobiernos y sectores empresariales.

En particular, exhiben cómo una empresa como Televisa —la más poderosa del país en términos mediáticos— ha operado durante años como un actor político opaco, aliándose con gobiernos en turno para moldear la agenda pública, desinformar, encubrir casos de corrupción y perseguir voces críticas.

Frente a esta evidencia, el silencio ha sido ensordecedor. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha emitido una sola declaración oficial que reconozca la gravedad de lo expuesto ni mucho menos anuncie acciones para investigar o sancionar a los responsables.

Pero el silencio más preocupante es el de los propios protagonistas: ni Bernardo Gómez Martínez ni Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa desde 2017, han dado la cara ante la opinión pública para explicar o desmentir lo revelado. Tampoco han respondido a medios independientes ni a organismos defensores de la libertad de expresión que han solicitado explicaciones formales.

Este pacto de silencio entre poder político, mediático y económico no puede continuar. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se ha manipulado su derecho a la información, quiénes se beneficiaron y qué consecuencias tendrá este modelo de comunicación para la democracia en México.

Exigimos acciones concretas, no comunicados vacíos ni evasivas institucionales.

Ante esto, hacemos un llamado urgente y exigimos:

 
1. Investigación independiente y exhaustiva de los casos expuestos en los #TelevisaLeaks

📌 ¿Qué pedimos?

La conformación de una comisión investigadora independiente (con participación de organismos de derechos humanos y libertad de expresión) que documente, analice y esclarezca los hechos denunciados en los #TelevisaLeaks.

 Peticiones concretas:

• Revisión y análisis público de los contratos, correos y convenios revelados.
• Citación legal de todas las partes involucradas.
  Resultados publicados en un informe accesible a toda la ciudadanía.

2. Comparecencia pública de los directivos involucrados ante el Congreso y el INAI

📌 ¿Qué pedimos?

Que ejecutivos de Televisa y otras empresas señaladas comparezcan públicamente ante el Congreso y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) para responder por los hechos revelados.

Peticiones concretas:

• Convocatoria inmediata a mesas de trabajo públicas.
• Intervención de comisiones legislativas en transparencia, medios y derechos humanos.
• Exigencia de declaraciones bajo protesta de decir verdad.

 
3. Regulación estricta y transparente de la publicidad oficial en medios

📌 ¿Qué pedimos?

Un marco legal que impida el uso de la publicidad oficial como herramienta de censura o premio político.

Peticiones concretas:

• Publicación obligatoria y en tiempo real de todos los convenios entre gobiernos y medios.
• Sanciones a quienes usen la pauta oficial para distorsionar la información.

4. Auditoría independiente del uso de recursos públicos en publicidad oficial desde el año 2000 a la fecha

📌 ¿Qué pedimos?

Saber cuánto, cómo y con qué propósito se ha gastado dinero público en medios, desde el año 2000 hasta hoy.

Peticiones concretas:

• Acceso público a contratos, montos y objetivos de campañas gubernamentales.
• Responsabilidad administrativa y penal para quienes hayan incurrido en desvíos.

 
5. Protección efectiva a periodistas y denunciantes, especialmente frente a vigilancia y hostigamiento digital

📌 ¿Qué pedimos?

Garantías reales para que periodistas, denunciantes y defensores/as de derechos humanos puedan trabajar libres de amenazas, espionaje o violencia.

Organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) han alertado que no existe un marco jurídico suficiente en México para proteger a quienes exponen hechos de interés público. Una ley de protección a personas alertadoras debe contemplar al menos dos medidas urgentes:

Peticiones concretas:

• Crear canales seguros y anónimos para presentar información ante autoridades y medios de comunicación.
• Sancionar legalmente a quienes, desde el ámbito público o privado, despidan, difamen o amenacen a personas alertadoras.
• Investigación penal sobre el uso de spyware como Pegasus y su vinculación con actores estatales.
• Fortalecimiento inmediato del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
• Prohibición expresa del uso de tecnologías de vigilancia sin orden judicial.
• Publicación de todos los contratos públicos relacionados con software espía.

✍️ Firma si exiges justicia ante los #TelevisaLeaks: investigación independiente, rendición de cuentas pública, auditoría al gasto en publicidad oficial y protección real a periodistas. ¡Basta de pactos de silencio!