Exigimos a la registraduría y al consejo nacional electoral a implementar un software de escrutinio que sea propiedad, desarrollo y control del Estado como en efecto lo exhortó  la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación del 29 de agosto de 2018 (expediente 11001-03-28-000-2018-00106-00),y que se cancelen las elecciones hasta que no se implemente.

En toda democracia los partidos deben poder auditar los algoritmos del software de cómputo de las elecciones para saber si es transparente o no. En Colombia jamás se ha podido ejercer ese derecho electoral", porque no se ha permitido una auditoría rigurosa, limitando una verificación completa del sistema, en particular en relación con la trazabilidad y auditabilidad del software utilizado durante el escrutinio con los elementos técnicos disponibles para realizarlo.

El artículo 3 de la ley 1712 establece que toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la ley.

La operación técnica de este sistema se realiza mediante contratación con empresas privadas como Indra y Thomas Greg & Sons las cuales no generan confianza por su reiterada negativa a ser auditadas, hecho que genera sospecha y desconfianza ya que pueden incurrir en violencia o sabotaje contra los sistemas de votación, información trasmisión y consolidación de los resultados de las elecciones la cual está consagrada en el artículo 275, numeral 2º de la Ley 1437 de 2011. 

La concentración del proceso electoral en contratistas que no dan acceso y claridad sobre sus procesos internos no brinda garantías electorales, ni transparencia a la democracia colombiana.

¡¡¡Exigimos garantías, transparencia y debido proceso, en las elecciones este 21 de Junio 2026 en cumplimiento de la constitución y la ley colombiana!!!