En un Estado de derecho, toda persona que se encuentre en el territorio nacional —sin distinción de origen— está obligada a respetar las leyes, las instituciones y la dignidad de la sociedad que la recibe. Las conductas que incitan al odio, la violencia o el menosprecio hacia la población deben ser atendidas con seriedad por las autoridades.
Por ello, solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen los hechos denunciados y, de acreditarse infracciones a la normativa vigente, apliquen las sanciones correspondientes conforme al debido proceso.
La convivencia social exige responsabilidad, respeto mutuo y la aplicación imparcial de la ley, como base fundamental para la cohesión y la paz pública.