Francisco Rey Alamillo
Un artículo de denuncia sobre la trata y la prostitución en España.
“Me sentía como si estuviera muerta”
Sofía no se llama Sofía. Es joven, latina, y lleva pocas semanas fuera de la red de trata que la captó y la obligó a prostituirse durante años en la provincia de Cádiz. Habla despacio. Evita pronunciar ciertas palabras. Pero lo que dice es devastador en su sencillez: “Me sentía como si no tuviera vida propia, como si estuviera muerta.”
No solamente le hicieron daño físicamente, explica. El sistema de explotación la fue cambiando por dentro, deformando la percepción de la realidad: “Con el tiempo, tu cuerpo y tu mente se acostumbran a estar en eso.” Las barreras para salir eran múltiples y brutales. La económica: los ingresos son inmediatos y hay familias que dependen de ese dinero. El miedo: sus captores le decían que si denunciaba se harían heridas ellos mismos y la acusarían a ella. Las amenazas a su familia, aunque estuviera en otro continente. “Hay otras muchas que no pueden salir”, lamenta. “La mayoría quiere salir, pero no puede por las amenazas y por el miedo.”
Sofía está ahora en un piso de acogida gestionado por Aperfosa (Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social), en un punto indeterminado de la provincia de Cádiz. Quiere estudiar Magisterio Infantil. Quiere reconstruirse. Ha pasado de la oscuridad a la luz, dice. Ha nacido de nuevo.
Su historia no es excepcional. Es la norma.
Una industria de esclavitud a escala nacional
España no es un país neutral en esta historia. Es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, solo superado por Puerto Rico y Tailandia, según datos manejados por Aperfosa y ampliamente contrastados. Esa demanda no se sostiene sobre el aire: se sostiene sobre mujeres reales, con nombres reales, con vidas destruidas.
El macroestudio encargado por el Ministerio de Igualdad —Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa— cifra en más de 114.000 las mujeres en situación de prostitución en España, de las cuales unas 92.000 podrían estar en riesgo de trata.
En 2024, el último año del que se tienen datos completos, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a 1.794 víctimas de redes de trata y explotación —entre ellas 32 menores—, e identificaron a 7.697 personas en situación de riesgo. El 98% eran mujeres. El 79% procedían de América Latina: Colombia, Venezuela, Paraguay, Brasil. Mujeres que llegaron engañadas con promesas de trabajo en peluquerías o en el servicio doméstico, o que sabían vagamente a qué venían pero no podían imaginar lo que les esperaba.
Josefina Benítez, coordinadora de Aperfosa en Cádiz, lo resume con precisión quirúrgica: “Una mujer sin documentación es carne de cañón, va a trabajar en lo que le ofrezcan. Si soy mujer, migrante, negra, pobre y tengo tres hijos a mi cargo, las opciones se multiplican.”
Detrás de estas mujeres no solo hay proxenetas y mafias. Hay propietarios de locales y clubes. Hay arrendadores de pisos y habitaciones. Hay proveedores de servicios. Toda una cadena económica que genera lobbies con capacidad real de influencia política. La misma que explica, en parte, que la propuesta de Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos sigue durmiendo en un cajón y pendiente de su aprobación.
El “Pelicot catalán”: cuando la prostitución destruye infancias
El horror tiene nombre y apellidos. Teófilo Lapeña, 46 años, electricista, vecino del Raval de Barcelona, ha aceptado una pena de 83 años de prisión como cabecilla de la mayor red de explotación sexual infantil jamás desmantelada en Cataluña. Su apodo, el “Pelicot catalán”, no es casual: como el francés Dominique Pelicot, también él drogó y organizó violaciones en grupo. Solo que sus víctimas eran niñas y adolescentes bajo tutela de la Generalitat.
El primer contacto con su víctima principal —una niña de 12 años— lo hizo a través de la aplicación de citas Badoo. Conociendo todos sus datos personales, familiares y administrativos, la citó en su piso, la agredió sexualmente y la grabó. Después organizó encuentros entre la menor y otros hombres adultos. En el registro de su domicilio se hallaron más de 1.300 vídeos y 9.000 fotografías de menores siendo agredidos. En los chats incautados se leían mensajes como este: “Tiene 13 años, vale 600 euros y más.”
La sentencia —la primera de tres causas abiertas— es la primera condena en Cataluña por explotación sexual infantil a esta escala. Pero Lapeña aún afronta otros dos procedimientos por hechos similares.
Este caso no es un accidente. Es la expresión más brutal de un continuum que va desde la pornografía digital normalizada hasta la trata de personas adultas, pasando por el grooming y la explotación de menores en situación de vulnerabilidad. No son fenómenos separados. Son el mismo sistema.
Lo que dice la sociedad española: la encuesta que retrata la conciencia
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y en colaboración con el CIS, publicó en febrero de 2026 una encuesta elaborada a partir de 10.019 entrevistas sobre las percepciones sociales de la prostitución y la pornografía. Los resultados son contundentes.
• El 69% de la ciudadanía considera la prostitución una forma de violencia contra las mujeres. Entre mujeres, la cifra sube al 75,1%.
• El 79,1% afirma que la prostitución pone en riesgo la dignidad de quienes la ejercen.
• Más del 75% opina que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.
• Más de tres cuartas partes rechaza la idea de que la prostitución sea “un trabajo como otro cualquiera”.
• El 79,8% niega que sea “una forma de ejercer la libertad sexual”.
• El 85,6% cree que castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas.
• El 71,6% afirma que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres.
• El 93,3% considera necesario limitar el acceso de los menores a contenidos pornográficos.
La sociedad española, cuando se le pregunta con claridad, da una respuesta abolicionista. La brecha no está en la calle. Está en los despachos.
La pornografía digital no es diferente: la misma explotación con nueva interfaz
Uno de los mitos más difundidos es que la prostitución “convencional” en clubes y la prostitución digital —plataformas como OnlyFans o JustForFans— son fenómenos distintos. No lo son.
El 70% de la ciudadanía española considera que pagar por visualizar actos sexuales en plataformas online es, en sí mismo, una forma de prostitución. Seis de cada diez personas conocen la existencia de estas plataformas; el conocimiento es mayor entre hombres y entre menores de 34 años. Y la razón principal por la que las mujeres crean contenido en ellas, según los propios encuestados, es la necesidad económica. No el empoderamiento. No la libertad. La necesidad.
La investigadora Mónica Alario ha descrito la pornografía como el “brazo armado del patriarcado”: no solo normaliza la dominación masculina, sino que actúa como la pedagogía que hace posible la prostitución.
Josefina Benítez, desde su experiencia directa con víctimas en Cádiz, alerta de que la captación de mujeres hacia redes de explotación sexual se realiza hoy crecientemente a través de plataformas digitales que normalizan la sexualización del cuerpo de la mujer.
La frontera entre la “sugar baby” captada por internet, la mujer en un club de carretera y la niña tutelada contactada por Badoo no es una frontera de naturaleza. Es una frontera de intensidad. El mismo mecanismo, distintos escalones.
El feminismo tiene nombre: abolicionismo
En el I Encuentro Abolicionista, celebrado en el Ateneo de Madrid el 10 de abril de 2026, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, pronunció palabras que deberían resonar en todos los parlamentos: ”¿Os acordáis cuando decían que hay un feminismo regulacionista? El feminismo no es regulacionista, eso es una salvajada. El feminismo es abolicionista, no puede ser otra cosa que abolicionista.”
Calvo situó la prostitución, los vientres de alquiler y la violencia contra las mujeres en el centro de una alianza entre patriarcado y mercado: “No hay nada que combine mejor que patriarcado y mercado”, describió como “tormenta perfecta”. Y advirtió: “Sin ley no se va a ningún sitio.”
Las feministas navarras de Garenak lo expresan en términos estructurales: la prostitución no puede entenderse como decisión individual porque se inscribe en un entramado de desigualdades de género, clase y origen. Cuando la “libre elección” se invoca desde la pobreza, la migración forzada o la ausencia de alternativas, no es libertad. Es coerción con otro nombre.
La filósofa Celia Amorós aportó el argumento colectivo: la violencia ejercida sobre algunas mujeres repercute en todas. La prostitución refuerza la idea de que los cuerpos femeninos están disponibles para el consumo masculino. No es un problema privado de quienes se ven atrapadas en ella. Es un problema político que afecta a todas.
La ley que no llega: una vergüenza política de ocho años
El historial es bochornoso. En diciembre de 2018, el PSOE registró en el Congreso una proposición para erradicar la prostitución. En 2022, presentó una propuesta de ley orgánica. En mayo de 2024, la propia coalición de gobierno la rechazó —Sumar votó en contra—. En septiembre de 2025, la ministra Ana Redondo prometió el texto para otoño y para antes de fin de año en el Congreso. En abril de 2026, el Ministerio de Igualdad vuelve a posponer el anteproyecto sine die.
La razón oficial es que tienen “otras urgencias”. La razón real, reconocida extraoficialmente desde ambas orillas de la coalición gobernante, es que en esta legislatura no habrá ley. El PSOE no tiene el apoyo de Sumar. El debate se ha convertido en un campo de minas político mientras, cada día, miles de mujeres siguen siendo explotadas.
Josefina Benítez lo llama por su nombre: “Se han movido los lobbies. Y mientras tanto, nadie llama a las cosas por su nombre: esto es explotación, es violencia de género, va contra el cuerpo de la mujer y va contra los derechos humanos.”
La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos que prohíbe comerciar con órganos humanos debería, según Benítez, bastar para zanjar el debate. No estamos hablando de moral. Estamos hablando de derechos humanos fundamentales. La prostitución es una forma de violencia estructural contra las mujeres.
Lo que piden las mujeres que saben: una ley, formación, futuro
El modelo abolicionista que defienden las organizaciones que trabajan directamente con víctimas tiene tres ejes claros, los mismos que plantea la propuesta de Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP) que ha sido bloqueada y necesita un debate político y su aprobación en las Cortes.
Primero, la reparación integral de las mujeres: alternativas reales de vivienda, formación, trabajo y acompañamiento psicológico. Sin esto, liberarlas del sistema es abandonarlas en otro tipo de indefensión. Como pregunta Benítez: “Si no les das formación, trabajo y vivienda, si no les das la caña para pescar, ¿de qué sirve?”
Segundo, la desactivación de la industria: perseguir el proxenetismo en todas sus formas —incluyendo la tercería locativa, los que alquilan pisos y los que gestionan plataformas digitales—.
Tercero, la responsabilización de la demanda: sancionar a quienes pagan. Sin compradores, no hay mercado. Sin mercado, no hay trata.
Ninguna de estas medidas criminaliza a las mujeres prostituidas. Todas ellas van dirigidas a quienes sostienen el sistema.
La Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), surgida de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), que defiende que no es posible combatir la trata sin afrontar de raíz el sistema prostitucional que la sostiene. La LOASP propone un enfoque abolicionista integral, en el que la protección de las víctimas, la garantía de derechos y la persecución de los explotadores se sitúan en el centro de la acción política y legislativa.
En este sentido, resulta clave observar cómo otros países europeos han avanzado en este terreno, especialmente Francia y Suecia, cuyas legislaciones abolicionistas han servido de referencia internacional al vincular de manera directa la lucha contra la trata con la abolición de la prostitución
Conclusión: el silencio también es complicidad
Sofía quiere ser maestra. La niña tutelada del Raval tenía 12 años cuando Teófilo Lapeña la encontró en Badoo. Las mujeres colombianas, venezolanas y paraguayas que llegan con promesas de trabajo de peluquería y acaban en un club de carretera tenían sueños antes de llegar. El sistema de explotación sexual no distingue entre ilusiones: las destruye todas, metódicamente, con amenazas y con miedo.
La sociedad española ya sabe lo que es esto. El 69% lo llama violencia. El 85% sabe que perseguir a los proxenetas reduciría la trata. Y aún así, la ley lleva ocho años prometida y sin llegar.
El silencio no es neutralidad. Es una forma de financiar el sistema.
La campaña de Aperfosa tiene un lema que merece ser un grito colectivo: “No es libertad, no es trabajo, es explotación.” Eso es lo que pide Sofía que entendamos, desde el piso donde aprende a ser libre. Eso es lo que merecen todas las mujeres atrapadas en una industria que las trata como mercancía y un sistema político que las trata como inconveniencia.
Ya es hora de que la ley les dé la razón.
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change.org/aboliciónProstitución
Fuentes:
La Voz del Sur (Aperfosa/Sofía), El Debate, Ministerio de Igualdad/CIS (encuesta 10.019 entrevistas, feb. 2026), Crónica Global/Mossos d’Esquadra (caso Pelicot catalán), Noticias de Navarra/Garenak, The Objective/Europapress (Carmen Calvo, I Encuentro Abolicionista, Ateneo de Madrid, 10 abril 2026).