No al alza de la Gasolina. Mejor, cancelar el financiamiento a los partidos y abolir la dictadura de facto de los partidos políticos en México

Exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que revierta el aumento al precio de las gasolinas y que en su lugar suspenda el financiamiento a todos los partidos políticos a partir del 1º de enero de 2017. Esto obedece a que el gasto público canalizado a la clase política es excesivo, aún en tiempos de dificultad económica global y a pesar de las enormes necesidades que tiene el pueblo mexicano que no se logran satisfacer - ni siquiera aquellas relacionadas con su seguridad, su salud, educación o poder adquisitivo-.

Los partidos políticos recibieron tan sólo en el 2016 más de 3 mil 953 millones 658 mil 399 pesos del erario federal, bajo la justificación de que en México existe un sistema de partidos, mientras que el Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto superior a los 15 mil 500 millones de pesos. Por ello pedimos que:

(i) el financiamiento a cada uno de los nueve partidos políticos nacionales registrados ante el Instituto Nacional Electoral, a partir de la fecha antes señalada, sea de $1.00 peso y que, en febrero del 2017, se efectúe una reforma exhaustiva al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para anular y abolir la dictadura de facto que ejercen los nueve partidos políticos nacionales;

(ii) al Instituto Nacional Electoral se le reduzca en dos terceras partes el presupuesto, es decir, en cuando menos 10 mil millones de pesos y, de ser necesario cuando los recursos no sean suficientes, que los propios ciudadanos de manera independiente organicen sus procesos electorales organizados por distrito, pudiéndose hacer gradual la transición social hasta que dicha institución sea verdaderamente autónoma y ciudadana;

(iii) así mismo demandamos que en la iniciativa que hemos propuesto, se reformen los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de curules en la Cámara de Diputados de 500 a 100 escaños (o cuando menos a los 300 que se tuvo al final de la década de los ochenta), en la Cámara de Senadores de 128 a 64, y que en las 32 entidades federativas se reduzca la composición de sus legislaturas en cuando menos una tercera parte, en la inteligencia de que los legisladores votan en bloque o grupo parlamentario y no mediante voto personal. También se pide que desaparezca la figura de los legisladores plurinominales;

(iv) se reduzca en cuando menos el 50% el monto de los ingresos totales de los legisladores por concepto de sueldos y bonos, así como desaparecer las subvenciones o asignaciones financieras a las fracciones o grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso Federal que superan los 2 mil 500 millones de pesos, y hacer lo propio en las legislaturas locales;

(v) se convoque a ciudadanos independientes, ajenos a cualquier tipo de relación económica con el gobierno, sea por vía personal o institucional, a que formulen un Programa Nacional de Austeridad con obligatoriedad para los tres niveles de gobierno, en virtud de que el Estado Mexicano debe ser más eficiente en su gasto para garantizar justicia social al pueblo de México, y en función de que las instancias competentes del sector público han fracasado en su obligatoriedad de llevar bienestar social a los mexicanos y en concretar una política económica adecuada. Entre otros puntos, el Programa Nacional de Austeridad debe cancelar toda erogación o canalización de fondos públicos al concepto de comunicación social, que únicamente sirve para promover la imagen personal de los políticos, de la clase política o de alguno de los nueve partidos políticos que conforman al régimen fascista de partidos. Para ello y con la finalidad de modificar la equivocada proporción del gasto corriente frente al gasto de inversión, ese grupo de ciudadanos independientes debe realizar una reingeniería financiera del presupuesto público, mirando ante todo en la necesidad de evitar los déficits presupuestales y los incrementos recurrentes del gasto corriente;

(vi) se traslade la función relacionada con la contraloría y auditoría del uso y ejecución del gasto público ejercido por las unidades administrativas dependientes de los tres Poderes de la Unión, así como por los poderes y representaciones de los Estados y municipios, hacia ciudadanos independientes que sean ajenos a cualquier tipo de relación económica con el gobierno por vía personal o institucional, para dar paso a las Contralorías Ciudadanas que se integren en una misma Contraloría Superior de la Nación que absorba a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación;

(vii) sea eliminado el régimen fiscal confiscatorio impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Petróleos Mexicanos (PEMEX), precisamente para evitar que los aumentos  a los combustibles e hidrocarburos en general, sean desviados al presupuesto de sostenimiento de la burocracia funcional y de la clase política depredadora, pero también con el propósito de darle autonomía presupuestal, técnica y de gestión a esa empresa paraestatal;

(viii) se convoque a ciudadanos independientes a elaborar un plan maestro de reingeniería política para México, de tal forma que se modifique la relación existente entre gobernantes y gobernados, hasta lograr que se constituya el Cuarto Poder de la Unión: el Poder Ciudadano materializado en una Prefectura Ciudadana;

(ix) se convoque a ciudadanos independientes a formular un plan maestro para el desarrollo sostenible, que facilite la migración de nuestro sistema económico actual hacia una economía verde basada en el fortalecimiento y expansión del sector privado básico y de la promoción de las inversiones de nacionales en los mercados domésticos cualquiera que sea su naturaleza o industria; y

(x) el pueblo mexicano quede exhortado a mantenerse alerta del progreso de estas demandas, de lo contrario, a que busque vías alternativas en contra del régimen fascista de los nueve partidos políticos nacionales, con el objetivo de defender el patrimonio de los mexicanos y de sus familias, y en última instancia, para defender a la Patria.

Lo descrito en los puntos anteriores obedece a que el aumento al precio de la gasolina NO es un hecho aislado pese a que ello generará una espiral inflacionaria real exponencial que podría sacar de control a la economía nacional, sino un hecho impuesto por la clase política emanada de la dictadura de los nueve partidos políticos prevalecientes en México, que afecta y daña el nivel de subsistencia de los mexicanos, así como sus derechos humanos y su futuro en forma constante y que se han mostrado de diversa manera: desde fraudes cuantiosos en obra pública como los casos de la construcción de segundos pisos o de la Línea 12 del Metro; pasando por actos de corrupción como los denominados “moches” que han enriquecido a políticos de todos los partidos políticos que se jactan de combatir la corrupción; y hasta la imposición de una constitución leonina a los habitantes de la Ciudad de México que entre otros aspectos busca socializar la plusvalía de los bienes inmuebles, destacando también la aplicación serial y sistemática del daño patrimonial y de los mayores costos de vida a los habitantes de todo el territorio nacional.

Y no siendo suficiente, la persecución, desaparición y asesinato de jóvenes perpetrado por los partidos políticos de la falsa izquierda en Guerrero, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México; así como las corruptelas invariables de los gobernadores de todos los partidos políticos, que saquean las haciendas públicas de las entidades federativas, para vivir como jeques árabes junto con sus familiares y generaciones varias.

Los mexicanos no somos materia manipulable y explotable de los políticos, los mexicanos no aprobamos el sentimiento antipatriota que la clase política expresa a través de sus actos día a día, siendo que nos referimos a los dirigentes y políticos de todos los partidos políticos y sin excepción.

Los mexicanos no estamos dispuestos a permitir más que se mantenga la dictadura de partidos actual en México, ni que su régimen fascista atente en contra de la vida del pueblo mexicano.

Hoy apelamos a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Hoy hacemos valer el espíritu de la Soberanía Nacional y la Soberanía Popular al exigir que inicie la transición democrática hacia los ciudadanos desvinculados con los partidos políticos todos; y hoy exigimos un alto a la explotación de los ciudadanos mexicanos por la clase política actual.